Organizaciones ecologistas y sociales exigen que el Plan Nacional de Restauración ponga a los humedales en el centro y señala las causas de su destrucción

Cada 2 de febrero se conmemora el Día Mundial de los Humedales, en recuerdo de la firma del Convenio de Ramsar en 1971. Más de medio siglo después, lejos de celebrar avances, la situación de las zonas húmedas es crítica. Los humedales son hoy los ecosistemas más degradados del planeta y uno de los símbolos más claros del expolio de la naturaleza por parte de un modelo económico que prioriza el beneficio de unos pocos frente a la vida.

Según datos del propio Convenio de Ramsar, desde el año 1700 se ha perdido cerca del 90% de los humedales del mundo, una destrucción que se aceleró de forma dramática a lo largo del siglo XX y que continúa en la actualidad. España no ha sido ajena a este proceso. Según informes del MITECO, para la segunda mitad del siglo pasado había desaparecido ya entre el 60 y el 70% del patrimonio húmedo original, fundamentalmente por su drenaje y transformación para usos agrarios e infraestructuras asociadas al desarrollo económico.

Hoy, lejos de revertirse, la degradación continúa. La sobreexplotación de acuíferos, la expansión de la agroindustria intensiva, la contaminación difusa y la especulación urbanística siguen secando, degradando y privatizando los humedales. Esta situación no es fruto del azar ni de errores técnicos: responde a intereses económicos concretos, respaldados por decisiones políticas, que han puesto sistemáticamente el beneficio privado por delante del interés general. Esta degradación no sólo tiene consecuencias ambientales, sino también sociales y laborales. El deterioro de los humedales afecta directamente a las condiciones de vida y de trabajo en los territorios, debilitando economías locales, destruyendo empleo ligado al medio rural, a la gestión del agua y a actividades sostenibles, y aumentando la precariedad y la despoblación. 

Ejemplos de esta degradación estructural se repiten a lo largo de todo el territorio, con responsables directos perfectamente identificables y con administraciones públicas que han mirado hacia otro lado durante décadas. Un caso paradigmático es el de Doñana, donde organismos como la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la Junta de Andalucía descuidaron durante años el control de las extracciones ilegales de agua para riego y, aún hoy, siguen permitiendo la expansión de la agricultura intensiva. La combinación de ambas actuaciones ha conducido a este emblemático humedal al borde del colapso ecológico, mientras grandes propietarios, como la familia Campos Peña, la Casa de Alba o el torero ‘El Litri’, están siendo investigados y condenados por el expolio y el robo de agua del acuífero.

En 2023 el Gobierno aprobó el Plan Estratégico de Humedales a 2030, sin embargo, su desarrollo ha sido claramente insuficiente. Compromisos que debían haberse cumplido como la actualización del Inventario Nacional de Zonas Húmedas, la delimitación y deslinde de los humedales que forman parte del dominio público, la identificación de prioridades de restauración o la eliminación de la posibilidad legal de desecar humedales, siguen sin materializarse. Cuando se ha actuado, además, en demasiadas ocasiones se ha hecho de forma superficial, sin abordar las causas estructurales de la degradación. Grandes inversiones públicas se han destinado a proyectos que no frenan el expolio del agua, no eliminan las presiones de la agroindustria intensiva ni recuperan la funcionalidad ecológica de los humedales. Un ejemplo especialmente significativo es, una vez más, Doñana. Actuaciones clave para garantizar el futuro de la marisma, como la renaturalización y la restauración hídrica del Caño Guadiamar y del Brazo de la Torre, continúan bloqueadas. La falta de ambición política y la negativa del Gobierno a afrontar la expropiación de los terrenos de la antigua marisma desecada, en manos de grandes terratenientes, mantienen estas intervenciones en un limbo administrativo, poniendo en riesgo la recuperación real de uno de los humedales más valiosos de Europa.

El Plan Nacional de Restauración: una oportunidad que no puede desaprovechar

En el contexto actual de elaboración del Plan Nacional de Restauración, impulsado tras la aprobación del Reglamento Europeo de Restauración de la Naturaleza, organizaciones ambientales y sociales entre las que se encuentran AEMS–Ríos con vida, Amigas de la Tierra, la Asociación Española de Educación Ambiental, Ecologistas en Acción, Juventud por el Clima–Fridays For Future, la Fundación Global Nature, la Fundación Internacional para la Restauración de Ecosistemas y la UGT reclaman un cambio profundo de rumbo. La restauración de humedales debe ocupar un lugar central y no puede limitarse a actuaciones cosméticas ni convertirse en una herramienta de greenwashing institucional. Es imprescindible contar de manera urgente con un listado nacional de humedales susceptibles de recuperación que permita priorizar actuaciones ambiciosas y coherentes, completar el Inventario Nacional de Zonas Húmedas tras más de dos décadas de retrasos, garantizar la protección y gestión efectiva del dominio público hidráulico y eliminar cualquier resquicio legal que permita la desecación de estos ecosistemas. Al mismo tiempo, resulta inaplazable reducir de forma drástica los impactos de la agricultura y la ganadería intensivas en las zonas de influencia de los humedales, responsables de buena parte de su degradación.

Sí se puede: devolver el agua, recuperar el futuro

Frente a la falta de voluntad institucional en favor del interés económico de unos pocos terratenientes, las orGanizaciones afirman con claridad que sí se puede. Cuando se eliminan las presiones, se devuelve el agua a los ecosistemas y se prioriza el interés general, los humedales responden y la vida vuelve.En los últimos años existen ejemplos de restauración que demuestran que otro camino es posible. Es el caso de la Pletera (Girona), un antiguo complejo de humedales litorales degradado por proyectos urbanísticos que, tras la eliminación de infraestructuras y la recuperación de la dinámica hídrica natural, ha recuperado su funcionalidad ecológica, o el de Campo de Lamas (Galiza), donde la reversión de la desecación histórica ha permitido la regeneración del humedal. Estos procesos muestran que restaurar humedales no solo mejora la biodiversidad y la calidad del agua, sino que recupera memoria colectiva, refuerza la resiliencia frente a las crisis ecológica y climática y abre horizontes de futuro.

Abordar su restauración exige, por tanto, una transición ecológica justa, que ponga en el centro el interés general, garantice empleo digno y con derechos para no dejar a nadie atrás, refuerce los servicios públicos y corrija un modelo productivo que ha socializado los costes ambientales y sociales mientras concentraba los beneficios en manos de unos pocos.

Devolver el agua a los humedales es una cuestión de justicia ambiental y social. Significa poner límites a quienes los secaron para enriquecerse y apostar por un modelo de relación con el territorio que cuide la vida. Restaurar los humedales es restaurar el futuro. Y esa es una decisión política que no puede seguir esperando.