Ecologistas en Acción presenta un estudio sobre la política climática europea en 2025

Ecologistas en Acción presenta un informe sobre el giro de la política climática europea, que examina la evolución del marco normativo durante 2025 y sus implicaciones para el cumplimiento de los objetivos climáticos. El documento analiza la peligrosa desconexión entre la urgencia científica y el acuerdo final en la revisión de la estrategia a largo plazo de la Unión Europea. Este aborda los avances en el Pacto Verde Europeo del mandato 2019-2024, examinando la Legislación Europea sobre el Clima, el paquete ‘Fit for 55’, el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (ETS y ETS2), el Fondo Social para el Clima, el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono, el Reglamento de Reparto del Esfuerzo, y las Directivas de Energías Renovables y Eficiencia Energética.

El estudio los compara con el actual ciclo legislativo 2024-2029, marcado por el informe Draghi sobre el futuro de la competitividad europea, que «representa una continuidad con la ortodoxia económica de corte neoliberal» y «prioriza la reducción institucional y la desregulación de mercados, planteando riesgos significativos para la sostenibilidad ambiental». Este giro fue formalizado en marzo de 2025 mediante la Declaración de Budapest, que prioriza la desregulación bajo el concepto de «simplificación».

Resultado de ello, el informe documenta la aprobación durante 2025 de diez leyes ómnibus que modifican la normativa climática y ambiental. Estas leyes interrumpen durante dos años la obligación de presentar informes de sostenibilidad, paralizan el reglamento de Debida Diligencia, reducen controles en la Política Agraria Común, posponen obligaciones ambientales relacionadas con baterías, destinan ochocientos mil millones de euros a defensa y simplifican requisitos sobre sustancias tóxicas.

El estudio también analiza las recomendaciones del Comité Asesor Científico Europeo para el Cambio Climático, que proponían una reducción del noventa al noventa y cinco por ciento basada en la gestión de la demanda. Analiza cómo este informe ha sido diluido por sucesivas propuestas de la Comisión Europea terminado con la adopción política de un objetivo del noventa por ciento «lastrado por agujeros legislativos y mecanismos de flexibilidad». Un riesgo cierto que podría empeorar en la revisión de los paquetes normativos anteriores, donde la Comisión Europea parece priorizar la simplificación normativa y los temas de competencia sobre el cumplimiento de los objetivos climáticos, planteando interrogantes sobre si el calendario permitirá «ajustarse precisamente a la actualización de todos los paquetes climáticos de la UE y los países miembros en 2029».

Para el Estado español, esta revisión de los objetivos debe de modificar las normativas climáticas, particularmente los instrumentos recogidos en la ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética, asi como, de nuestro Plan Nacional Integrado de Clima y Energía. En ese camino el informe señala la posibilidad del gobierno de limitar la transposición de las medidas más lesivas, anteponiendo la integridad ambiental. Además podría incrementar sus objetivos tanto en reducción de emisiones, como de energía neta, en ese sentido, el informe recuerda que los criterios de justicia climática indican que, «como país del norte global con responsabilidad histórica, debería alcanzar la descarbonización de su economía en el año 2040, alcanzando en torno al noventa al noventa y cinco por ciento de reducción de las emisiones respecto al año base de 1990».

El informe concluye que «sin una estrategia integral que anteponga la justicia social y la protección ambiental al interés empresarial y la lógica neoliberal, Estado español reproducirá el mismo sistema que nos ha llevado a la crisis climática actual, imposibilitando el cumplimiento real de sus compromisos y perpetuando impactos sociales y ambientales inasumibles». Para avanzar en la lucha climática y responder a la urgencia es imperativo volver a las recomendaciones del Comité Asesor Científico en su integridad, priorizar la gestión de la demanda sobre soluciones tecnológicas de alto riesgo, eliminar el uso de créditos de carbono, garantizar la integridad climática estableciendo salvaguardas sobre los ecosistemas y las personas, y apostar por una transformación real, lejos de las lógicas que nos han traído a las crisis actuales.