Redacción •  Actualidad •  29/09/2025

El Comité de Solidaridad con la Causa Árabe exige sanciones a las empresas españolas incluidas en la Base de Datos de la ONU

El Comité de Solidaridad con la Causa Árabe exige sanciones a las empresas españolas incluidas en la Base de Datos de la ONU

El organismo denuncia la implicación de ACS, CAF, INECO y SEMI en proyectos que sostienen la colonización israelí y reclama al Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos medidas inmediatas para excluirlas de concursos públicos y exigir responsabilidades a sus consejos de administración.

La actualización de la Base de Datos de Naciones Unidas sobre empresas que participan en la colonización y explotación económica de los Territorios Palestinos Ocupados ha vuelto a poner el foco sobre la responsabilidad de actores privados en el sostenimiento de la ocupación. Entre las compañías señaladas figuran cuatro de origen español: ACS, Actividades de Construcción y Servicios SA; Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF); la pública INECO; y la Sociedad Española de Montajes Industriales (SEMI), propiedad del grupo francés Vinci.

El Comité de Solidaridad con la Causa Árabe (CSCA) ha emitido un comunicado en el que reclama una reacción clara y contundente por parte del Estado español, las autoridades locales y el sector privado, subrayando que “no se trata solo de un listado, sino de una herramienta para sancionar a las empresas que priorizan el beneficio sobre la legalidad internacional”.

Llamamiento a la acción institucional

El CSCA recuerda que las resoluciones de Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia y las Convenciones de Ginebra establecen que los Estados y actores privados deben abstenerse de fomentar la ocupación. En este sentido, pide que las empresas señaladas en la Base de Datos sean excluidas de los concursos públicos, siguiendo el precedente del Ayuntamiento de Barcelona, que ya incorporó cláusulas para impedir la participación de compañías vinculadas a la colonización israelí.

Además, exige a las comunidades autónomas y corporaciones locales aplicar mecanismos similares en sus contratos y recuerda la contradicción flagrante del Gobierno español, que mantiene un discurso de defensa del derecho internacional mientras una empresa pública como INECO participa en proyectos de colonización.

Responsabilidad empresarial y accionarial

El comunicado del Comité subraya que los consejos de administración de estas compañías “deben revocar contratos que vulneren la legalidad internacional” y que los accionistas están obligados a revisar las políticas de sus consejeros y sus sistemas de remuneración. Asimismo, plantea la necesidad de que se estudien “fórmulas de reparación al pueblo palestino” por los daños ocasionados.

Empresas señaladas: de los tranvías a las infraestructuras ferroviarias

El caso más llamativo, según el CSCA, es el de CAF, que pese a las advertencias de su propio comité de empresa, de la Autoridad Palestina y del propio Gobierno español, participó en la construcción de líneas de tranvía que conectan Jerusalén con colonias israelíes ilegales. Estas infraestructuras, recuerda el comunicado, facilitan el crecimiento de asentamientos levantados sobre tierras previamente expropiadas a familias palestinas.

Por su parte, INECO colaboró en la ingeniería y construcción de túneles para esas mismas líneas de tranvía. Según el Comité, durante el Gobierno de Mariano Rajoy se llegó a negar en sede parlamentaria que la compañía estuviera implicada en obras de colonización, algo que hoy queda desmentido por la inclusión de la empresa en la Base de Datos.

La empresa SEMI, filial del grupo Vinci, aparece en el listado por su participación en la red ferroviaria que conecta Tel Aviv con Jerusalén atravesando Territorio Ocupado Palestino, lo que implicó expropiaciones forzosas. Finalmente, el gigante ACS es acusado de anteponer el lucro económico a las obligaciones derivadas del derecho internacional.

Una lista que se amplía

El Comité recuerda que esta Base de Datos fue publicada por primera vez en febrero de 2020 y se actualiza ahora con nuevas compañías. Además de las cuatro españolas mencionadas, existen otras firmas del país con historial de colaboración en proyectos de ocupación, como GMV, TYPSA, OSSA, entre otras.

En cuanto a la compañía Edreams, incluida en la primera edición, se subraya que solo en vísperas de su última junta de accionistas comunicó su intención de retirarse del negocio de hospedaje en colonias de territorios ocupados, tras las presiones de organizaciones como el CSCA y BDS Madrid. Sin embargo, “nunca ha planteado un proceso de reparación por sus actividades pasadas”, denuncian.

Exigencia de coherencia política y ética

El Comité de Solidaridad con la Causa Árabe concluye que la publicación de la Base de Datos de la ONU debe ser el punto de partida para pasar de la denuncia a la acción concreta. Reclama coherencia a las instituciones españolas y europeas, recordando que mientras se condena en foros internacionales la ocupación israelí, empresas públicas y privadas siguen beneficiándose económicamente de ella.

“Hoy no basta con condenar. Es imprescindible sancionar, excluir y exigir responsabilidades. Lo contrario es ser cómplice de la colonización y del sufrimiento del pueblo palestino”, sentencia el comunicado.


boicot a Israel /