CCOO y UGT consiguen un paso más para la implantación de la jornada de 35 horas en la Administración General del Estado

El Área Pública de CCOO y UGT Servicios Públicos se han reunido con el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública en la comisión de seguimiento del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, para culminar las materias pendientes de ese documento, como la implantación de la jornada semanal de 35 horas en la Administración General del Estado, el teletrabajo, la clasificación profesional y la recuperación de la jubilación parcial del personal laboral.

Función Pública ha garantizado que sigue intacto el compromiso de implantar la jornada de 35 horas y que en breve se convocarán las mesas de negociación correspondientes con el fin de modificar la resolución que regula la instrucción de jornada y horarios. También ha aseverado que se cumplirán los plazos acordados.

Ambas organizaciones se congratulan de volver a lo pactado inicialmente. En cualquier caso, hemos insistido en que la implantación debe hacerse en toda la Administración General del Estado, incluido el personal de Instituciones Penitenciarias.

Respecto a la reunión de la semana anterior, Función Pública, que ha dicho compartir la necesidad de recuperar la jubilación anticipada parcial del personal laboral, ha accedido a buscar el instrumento normativo adecuado que así lo garantice.

No obstante, desde UGT y CCOO exigimos la recuperación inmediata y haremos un llamamiento al Gobierno de España, así como a los grupos parlamentarios, para que actúen con responsabilidad y zanjen definitivamente un problema que está afectando a miles de empleadas y empleados públicos, a quienes se les está negando un derecho, tanto en el terrero laboral, como en el funcionarial y estatutario. 

Asimismo, para ambas organizaciones, una vez firmado el pasado día 26 el acuerdo para poner en marcha el anteproyecto de ley de Estatuto Marco Sanitario, es urgente concluir, también en el ámbito de la función pública, los compromisos de clasificación profesional de personal técnico superior y medio, un asunto recogido también en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, algo que comparte Función Pública.