Ryanair lidera el ranking de las 15 multas más altas impuestas en la historia por las autoridades de consumo

Los 108 millones impuestos el pasado noviembre por el Ministerio de Consumo a Ryanair lidera el ranking de las 15 multas más altas aplicadas en la historia por las autoridades de consumo a empresas por la comisión de fraudes masivos. Las recoge el episodio que reproducimos a continuación del libro de Rubén Sánchez ¿POR QUÉ DEJAS QUE TE ROBEN? Edición 2.5. Editado por FACUA, desde este lunes está disponible en sus ediciones digital e impresa a través de la web FACUA.org/porquedejas25.

En FACUA llevamos décadas reclamando cambios en la legislación para que se desarrolle el derecho de los consumidores a recibir indemnizaciones cuando sean víctimas de determinadas irregularidades, de manera que en ciertos casos, se establezca como compensación el abono de una cantidad fija o proporcional al dinero que nos hayan cobrado ilícitamente o al importe del servicio que se hayan negado a prestarnos pese a que estaba cubierto por el contrato. Lamentablemente, de momento solo podemos exigir que esos contratos se cumplan y que nos devuelvan las cantidades facturadas de más, por servicios no solicitados, no recibidos o prestados de forma incompleta o incorrecta. Así que de momento, salvo algún caso aislado, las compensaciones o indemnizaciones solo podremos lograrlas cuantificando económicamente los daños en los tribunales de justicia o llegando previamente a un acuerdo con las empresas tras la amenaza de acudir a esa vía.

Eso sí, cuando sufrimos un fraude, además de reclamar que se cumplan nuestros derechos, en muchos casos también podemos solicitar a las administraciones que multen a la empresa. Es otra manera de lograr un resarcimiento por los perjuicios causados, aunque el dinero de la sanción no vaya para nosotros.

Cuando los fraudes son masivos, las autoridades deben evaluar su gravedad y cuantificar el beneficio ilícito obtenido por las empresas para determinar las sanciones que deben aplicarles. Tristemente, en España se ponen muy pocas multas y su cuantía suele ser bastante ridícula, muy especialmente cuando las que las imponen son las autoridades autonómicas de protección de los consumidores. Durante cuatro décadas, desde que en 1984 se promulgó la primera versión de la ley general para la defensa de los consumidores, las competencias sancionadoras por su vulneración —y las de las respectivas leyes autonómicas— han estado exclusivamente en manos de las comunidades autónomas. A partir de 2022, el ministerio competente en la protección de los consumidores asumió la potestad para aplicar multas a las empresas que cometan determinados tipos de fraudes masivos, una reivindicación que históricamente veníamos planteando desde FACUA.

Ninguna de las mayores multas impuestas en la historia por las autoridades de consumo ha alcanzado los 10 000 millones de euros, pese a que hay firmas que han cometido fraudes masivos por los que han ganado cantidades muy superiores, como el caso de la cláusula suelo hipotecaria. Ni siquiera se han alcanzado los 1 000 millones en el ranking de multas. Ni tampoco los 100 hasta que el Ministerio de Consumo asumió competencias sancionadoras. De hecho, hasta 2024, ninguna de las multas a las empresas que han incurrido en las irregularidades de mayor envergadura ha alcanzado la mitad de la mitad de la mitad de la mitad de esa cifra.

El ranking de multas por fraudes masivos, actualizado en junio de 2025, pone de manifiesto que de las quince más elevadas que han trascendido públicamente como consecuencia de expedientes abiertos por las autoridades de consumo, ocho fueron impuestas por la Junta de Andalucía, cinco por el Ministerio de Consumo y dos por la Comunidad de Madrid. En todos los casos están relacionados con denuncias interpuestas por FACUA.

1. Ryanair, 107,78 millones. Es una de las cinco multas contra compañías aéreas que firmó en 2024 el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, por el cobro ilegal de un recargo por viajar con equipaje de mano y otras irregularidades.

2. Vueling, 39,26 millones. Es la segunda multa de mayor cuantía que impuso el ministro de Consumo en 2024 por el fraude del recargo del equipaje de mano.

3. EasyJet, 29,09 millones. La tercera multa de mayor envergadura del Ministerio de Consumo por el recargo del equipaje en cabina.

4. Unicaja, 3,15 millones. Es una de las multas que impuso en 2017 Andalucía a varios bancos por sus cláusulas suelo. Todas ellas tienen su origen en las denuncias que presentamos contra una veintena de entidades financieras. El expediente sancionador solo valoró el dinero defraudado a poco más de 500 usuarios que presentaron reclamaciones ante la autoridad autonómica de consumo y no a las decenas de miles de andaluces que firmaron hipotecas trampa con la entidad.

5. Movistar, 2,9 millones. Impuesta por la Comunidad de Madrid en 2007 por el redondeo al alza en la facturación de las llamadas, otro fraude denunciado por FACUA que cada año reportaba a las compañías de móvil más de mil millones de euros al facturar completo el primer minuto de cada conversación. El importe equivalía a lo que recaudaba la empresa en un par de días con esas prácticas. También se sancionó a Vodafone y Orange, con cantidades aún más bajas.

6. CaixaBank, 2,4 millones. Otra microsanción de 2017 de la Junta de Andalucía por la cláusula suelo. Del importe total, 1 997 182 euros representaban el comiso de las cantidades defraudadas, pero solo a los 352 usuarios que habían presentado denuncias ante la autoridad de consumo andaluza.

7. Vodafone, 1,86 millones. Siete fraudes masivos cometidos por Vodafone, varios de ellos denunciados por FACUA, fueron considerados por la Junta de Andalucía como infracciones muy graves pero se saldaron en 2016 con esta reducida multa. Entre los abusos se incluían desde prácticas de publicidad engañosa hasta irregularidades en la tramitación de las bajas de los usuarios, pasando por el cobro de cantidades por la liberación de los móviles que vendía a los clientes para que pudiesen usarlos con otros operadores, la exigencia de fianzas al solicitar portabilidades que se quedaba si los usuarios se arrepentían o el incumplimiento de la garantía legal de un año al vender móviles usados. «En todas las infracciones se produce el agravante de que Vodafone España ya había sido sancionada en ocasiones anteriores», subrayó el Ejecutivo autonómico en un comunicado, lo que pone de manifiesto que la empresa se reía de las multas dada su reducida cuantía y continuaba cometiendo los mismos fraudes.

8. Endesa, 1,79 millones. Multa impuesta en Andalucía en 2016 por haber aplicado a unos 350 000 usuarios tarifas ilegales por el alquiler de sus contadores de luz. Tras sustituir los contadores por sus nuevos equipos de medida digitales, la compañía pasó a cobrar unas tarifas que la normativa del sector solo permitía cuando ya tenían activada la telegestión, pese a que cientos de miles de equipos no ofrecían estas prestaciones. El fraude, por el que se cobraban 33 céntimos de más cada mes, lo cometieron todas las distribuidoras eléctricas en España, pero solo una administración autonómica decidió sancionar. Según la Junta, el importe de la multa incluía el comiso de las cantidades defraudadas en la comunidad, que cifró en 1,39 millones. El problema es que ese beneficio ilícito correspondía sólo a 2014, por lo que perdonó a Endesa el de los años siguientes. El Gobierno andaluz anunció inicialmente que la eléctrica devolvería a todos los usuarios el dinero cobrado de más, pero semanas después se desdijo.

9. Norwegian, 1,61 millones. Es la cuarta aerolínea multada en 2024 por el Ministerio de Consumo por el recargo ilegal del equipaje de mano.

10. Banco Mare Nostrum (BMN), 1,58 millones. Otra de las pequeñas multas impuestas desde la Junta de Andalucía por la cláusula suelo. 886 000 euros fue el beneficio ilícito calculado.

11. Movistar, 1,53 millones. La Junta de Andalucía la sancionó en 2016 con 6,23 millones de euros por la subida de tarifas de Movistar Fusión tras la denuncia interpuesta por FACUA el año anterior al incumplir la promesa publicitaria de que las mantendría «para siempre». La cifra se alejó mucho de los más de 70 millones obtenidos por la compañía hasta entonces como beneficio ilícito en esa comunidad autónoma por el incremento tarifario, al que siguieron muchos más. Pero tres años después, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) estimó parcialmente el recurso interpuesto por Movistar. Por un lado, obligó a reducir a 750 000 los 870 000 euros de multa impuesta por la infracción. Por otro, estableció que la cuantía accesoria de 5 360 485 euros que la Junta decidió decomisar a la empresa por su beneficio ilícito se había calculado de manera incorrecta y acabó fijándose en unos aún más ridículos 782 479 euros. En la sentencia se minimizó el número de clientes afectados y, con ello, la cuantía cobrada ilícitamente, al concluirse que la compañía solo utilizó el reclamo «para siempre» durante cinco meses, hasta febrero de 2013. En FACUA teníamos un acta notarial que certificaba el contenido de su página web, demostrando que en realidad usó esa expresión para ofertar sus tarifas a lo largo de dos años y medio, pero como de costumbre, en la autoridad de consumo de la Junta iban tan de sobrados que consideraron innecesario pedir la colaboración de la organización que denunció el fraude.

12. Movistar, 1,53 millones. En 2018, Andalucía multó a la operadora por imponer a los clientes la modalidad de facturación electrónica en las condiciones de sus contratos, sin haber obtenido el consentimiento expreso, y cobrar 30,25 euros por la rehabilitación de los servicios suspendidos en casos de incumplimientos de obligaciones de pago, práctica denunciada por FACUA cinco años atrás.

13. Vodafone, 1,4 millones. La segunda multa de la Comunidad de Madrid en 2006 por el redondeo al alza. Para que no te quedes con la incógnita, a Orange le regalaron una de 960 000 euros.

14. Volotea, 1,19  millones. Fue la multa de menor cuantía de las cinco impuestas en 2024 por el Ministerio de Consumo a las aerolíneas.

15. Caja Rural de Granada, 1,17 millones. De nuevo una multa de Andalucía por la cláusula suelo. El beneficio ilícito que incluía la sanción era de solo 570 026 euros, ya que su criterio en todas las que impuso por este fraude fue tener en cuenta solo las cantidades cobradas a los pocos usuarios que presentaron denuncias en la autoridad autonómica de consumo.

La lista de abusos con los que las empresas se saltan la ley es interminable y se multiplican como gremlins en una piscina, algo a lo que contribuye la pasividad, lentitud y escasísima dureza de la inmensa mayoría de autoridades que tienen que velar por nuestros derechos como consumidores. Cuando estamos a punto de poner fin a uno de ellos, sus departamentos de innovación en fraudes ya tienen listos cinco más. Como escribió Terry Pratchett, «por muy rápido que vaya la luz, siempre se encuentra con que la oscuridad ha llegado antes y la está esperando». Pero eso no debe llevarnos a quitar valor a las pequeñas y grandes victorias que podemos lograr por el camino. Todas y cada una de ellas son semillas que plantamos para lograr cambios que mejoren nuestras vidas. A base de luchas, los consumidores logramos acabar con la cláusula suelo de las hipotecas, con el redondeo al alza en las llamadas telefónicas por el que siempre nos cobraban completo el primer minuto de cada conversación o con multitud de teléfonos de atención al cliente a los que llamar resultaba más caro que el importe que estábamos reclamando.

Para evitar frustraciones, es importante asimilar que no siempre se gana y que nunca se gana para siempre, porque los fraudes se repiten una y otra vez. Pero si nunca luchas, siempre pierdes.