Los votos de PP, UPN, Vox y Junts tumban el decreto ómnibus que incluía la revalorización de las pensiones y otras medidas de protección a familias vulnerables

El rechazo supone la primera gran derrota parlamentaria del Ejecutivo en el nuevo año y deja sin efecto un conjunto de disposiciones que habían entrado en vigor de forma provisional, a la espera de la convalidación por la Cámara Baja. Al tratarse de un real decreto-ley, su no convalidación implica que todas las medidas incluidas decaen, salvo aquellas que el Gobierno pueda aprobar de nuevo por otra vía normativa.

La subida de las pensiones, en el centro del debate

Entre las medidas más relevantes del decreto figuraba la revalorización de las pensiones para 2026. El texto recogía un aumento del 2,7 % para las pensiones contributivas, en línea con la evolución media del IPC, así como incrementos superiores para las pensiones mínimas, no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital.

Aunque la subida ya se aplicó en la nómina de enero —al estar el decreto en vigor hasta su votación parlamentaria—, el rechazo del Congreso deja la revalorización sin cobertura legal a partir del mes de febrero. El Gobierno ha reiterado su intención de garantizar el mantenimiento de la subida mediante una nueva norma, aunque de momento no ha concretado el calendario ni el formato legislativo.

Desde la oposición, los grupos que votaron en contra subrayaron que no se oponen a la actualización de las pensiones, pero criticaron que esta se incluyera en un texto que agrupaba medidas de naturaleza muy diversa, obligando a una votación en bloque.

Un decreto con medidas sociales, fiscales y laborales

Más allá de las pensiones, el decreto ómnibus contenía un amplio abanico de disposiciones que ahora quedan sin efecto. En el ámbito social, el texto prorrogaba la suspensión de los desahucios para hogares vulnerables sin alternativa habitacional y mantenía la prohibición de los cortes de suministros básicos —electricidad, gas y agua— a consumidores en situación de vulnerabilidad.

También incluía la extensión del bono social eléctrico y otras medidas destinadas a reforzar el denominado “escudo social” aprobado durante la pandemia y prorrogado en los últimos años.

En materia económica y fiscal, el decreto contemplaba la prórroga de diversas deducciones y beneficios fiscales. Entre ellos, las deducciones en el IVA para obras de rehabilitación y mejora de la eficiencia energética en viviendas, así como incentivos fiscales para la compra de vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recarga.

El texto también recogía exenciones y beneficios en el IRPF para las indemnizaciones percibidas por daños derivados de catástrofes naturales, como incendios forestales o episodios de lluvias torrenciales, y medidas de apoyo fiscal para los territorios afectados por estos fenómenos.

En el ámbito laboral y de la Seguridad Social, el decreto incluía, entre otras disposiciones, la congelación de determinadas cotizaciones para los trabajadores autónomos y la prórroga de la compatibilidad entre la pensión de jubilación y el ejercicio profesional para médicos de atención primaria, una medida orientada a paliar la falta de personal sanitario.

Las razones del rechazo

Los grupos que votaron en contra justificaron su posición en la naturaleza heterogénea del decreto. Desde el PP y Junts se criticó el uso de un texto único para agrupar medidas sin relación directa entre sí, calificándolo de “decreto cajón” y defendiendo que cuestiones como la vivienda, la fiscalidad o las pensiones deberían debatirse y aprobarse por separado, repitiendo en su alegato la construcción propagandística «inquiokupa«, referido a familias vulnerables sin alternativa habitacional.

Gobiernos autonómicos del PP como el de Ayuso han aprobado -sin embargo- decretos «ómnibus» que incluyeron un cajón desastre de más de 50 medidas, muchas de ellas no relacionadas entre sí.

Vox, por su parte, rechazó el decreto por razones más ideológicas y de fondo. El partido criticó lo que considera una extensión injustificada del llamado “escudo social”, en referencia a la prórroga de la suspensión de desahucios y a la prohibición de los cortes de suministros, medidas que, según su argumentación, perjudican a propietarios y empresas y generan inseguridad jurídica. La extrema derecha sostuvo que el sistema de pensiones no es sostenible, y que la revalorización automática de las pensiones conforme al IPC, sin reformas estructurales de calado, agrava —a su juicio— el desequilibrio financiero del sistema.

El Gobierno, por su parte, defendió la necesidad de un paquete integral para dar respuesta inmediata a distintas situaciones sociales y económicas, y acusó a la oposición de bloquear medidas que afectan a colectivos vulnerables, entre ellos los pensionistas.

Qué medidas sí siguen en vigor

La caída del decreto ómnibus no afecta a otras normas aprobadas en votaciones separadas. En la misma sesión parlamentaria, el Congreso sí convalidó el decreto relativo a las bonificaciones al transporte público y a la creación de un abono estatal, que continuará vigente.

Mientras tanto, el Ejecutivo trabaja en la posibilidad de rescatar parte de las medidas rechazadas mediante nuevos decretos o proyectos de ley, previsiblemente de forma fragmentada, para facilitar su tramitación parlamentaria y evitar un nuevo bloqueo.