IU reclama un modelo de financiación que garantice un suelo de servicios y derechos en Castilla y León

Izquierda Unida ha reclamado un nuevo modelo de financiación autonómica que garantice un “suelo mínimo” de servicios públicos y derechos, con especial atención a territorios como Castilla y León, marcados por la dispersión poblacional, el envejecimiento y el elevado coste de prestación de los servicios públicos.

“Consideramos imprescindible que la reforma del sistema de financiación se base en el principio de financiar servicios y personas, y no territorios, de manera que se asegure la igualdad real en el acceso a la sanidad, la educación, los servicios sociales y la atención a la dependencia, con independencia del lugar de residencia”, ha declarado Juan Gascón, candidato de IU a la presidencia de la Junta.

Izquierda Unida ha recordado en un comunicado que Castilla y León presenta una de las tasas de envejecimiento más altas del territorio nacional y una población ampliamente dispersa en el medio rural. Estos factores incrementarían de forma notable el coste de los servicios públicos y, según la organización, deben ser reconocidos de forma explícita en el diseño del nuevo modelo. IU insiste en la necesidad de una financiación singular para la comunidad, que permita “sostener un nivel adecuado de servicios públicos y evitar el deterioro de la cohesión territorial”.

Desde la organización subrayan que el actual sistema de financiación autonómica se encuentra caducado y ha generado desequilibrios que afectan especialmente a comunidades con menor densidad de población. Defienden un modelo que garantice ingresos suficientes a las comunidades autónomas y que incorpore un Fondo de Compensación Interterritorial reforzado, capaz de corregir desigualdades y asegurar la igualdad de derechos entre la ciudadanía.

“Cualquier reforma que no contemple estos criterios supondría perpetuar las brechas territoriales y sociales existentes, penalizando a regiones como Castilla y León” ha añadido Juan Gascón. La organización ha reiterado su compromiso de seguir defendiendo, tanto en las instituciones como en el debate público, un sistema de financiación basado en la justicia social, la equidad y la garantía efectiva de un suelo de servicios y derechos para todas las personas.