FACUA Madrid considera inaceptables los nuevos ataques del Gobierno de Ayuso a las universidades públicas

FACUA Madrid muestra su rechazo a los ataques privatizadores del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y apoya a las plataformas en defensa de la universidad pública que están en contra de la implantación de la nueva Ley del Sistema Universitario de la Comunidad de Madrid (Lesuc).

La asociación denuncia la connivencia del Gobierno madrileño con el sector privado al tiempo que desprecia la educación pública. Así, lamenta que en los últimos años el Ejecutivo no ha parado de tramitar la creación e implantación de universidades privadas, alguna de ellas a pesar de tener informes desfavorables o tener su campus en un edificio de oficinas.

Es el caso de la nueva Ley del Sistema Universitario de la Comunidad de Madrid que las plataformas señalan de inconstitucional, ya que ataca a la autonomía universitaria, la autonomía económica y financiera permitiendo el control externo de la gestión, pone a disposición de los centros privados recursos públicos sin límite, daña la investigación y establece un distrito único de prácticas académicas, además de establecer un régimen de supervisión represivo y vulnera derechos del personal y del estudiantado, entre otras razones.

Hasta ahora, la oposición a la norma ha conseguido que el Gobierno de Ayuso no la sacara adelante el pasado mes de diciembre, pero temen que se esté trabajando estos próximos días para impulsar de nuevo su aprobación, lo que llevaría al estrangulamiento económico y de recursos, aún más, de la universidad pública. Por ello, los seis rectores de las universidades públicas madrileñas han expresado que no se encuentran de acuerdo con este nuevo texto normativo y que se preparan para acudir al Tribunal Constitucional en el caso de que se aprobara la norma.

Nuevo ataque a un sistema público

Este nuevo ataque del Gobierno madrileño del Partido Popular no es más que otra privatización más de un servicio público como es el sistema educativo. Una privatización por la puerta de atrás y el desmembramiento del sistema universitario público en favor del interés económico de la empresa privada, con la búsqueda por encima de todo de la «rentabilidad económica». Obvia, así, que la universidad pública no debe regirse por lógicas mercantilistas.

En este sentido, la asociación considera inaceptables las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha criticado a aquellas universidades que «han seguido incrementando el gasto en contratación de personal de servicio o profesores» pese a que «han perdido alumnos a raudales», a la vez que elogiaba a las rectores que se han «comprometido con el gasto» aplicando severos recortes debido a la infrafinanciación que sufren sus universidades.

Por ello, FACUA Madrid defiende la educación pública como un modelo que permite democratizar la sociedad a través del esfuerzo del alumno, y del logro de unos objetivos académicos con la demostración de la adquisición de unos conocimientos y unas competencias, independientemente del nivel de renta que tenga cada uno.

Los opositores a la norma critican, entre otras cosas, que esta prevea la creación de un distrito único de prácticas universitarias, en la que estas van a ser decididas por representantes de enseñanzas no universitarias, por empresarios y por cargos políticos que pueden ser o no universitarios, y por un estudiante.

De esta manera, se equiparan además ambos modelos de universidad, la pública y la privada, poniendo a disposición de los negocios privados las estructuras de gestión y recursos públicos.

Censura en el campus

FACUA Madrid recuerda otra de las cuestiones que ha puesto en pie de guerra a la comunidad universitaria y es que el anteproyecto de la Lesuc institucionaliza la censura y la reprensión estudiantil. Así, las plataformas denuncian que, aunque se han rebajado las sanciones respecto a la primera versión del texto, aún mantiene multas de hasta 100.000 euros por realizar escraches, por ejemplo, y deja en manos del Consejero de Educación la imposición de las sanciones calificadas como graves.

La asociación critica lo delicado del asunto ya que las infracciones graves están definidas de formas tan ambiguas como «impedir que se cumpla la Constitución» y teme que esta normativa se termine instrumentalizando para criminalizar aquellas protestas que no se encuentren en la línea ideológica o política de la Comunidad de Madrid.

FACUA Madrid denuncia que este es otro intento de amordazar la protesta legítima legítima de los estudiantes en un espacio que debe caracterizarse por la pluralidad y la confrontación de ideas y donde las manifestaciones son otra expresión democrática más que no puede ni debe ser censurada en un estado de derecho.