Redacción •  Actualidad •  27/01/2026

El consejo de ministros aprueba una regularización extraordinaria que ampliará trabajo legal, derechos y deberes para alrededor de medio millón de personas migrantes

  • El Movimiento Regularización Ya celebra la regularización como “un paso histórico”, pero pide que no deje a nadie fuera.
  • Experiencias anteriores, como la regularización de 2005 confirman que no se provocó un efecto llamada: no facilitaba la llegada, sino que regularizaba a personas que ya vivían y trabajaban en España. Exigía requisitos concretos (tiempo de estancia y contrato laboral) y se presentó como una medida excepcional. Para regularizarse había que demostrar que ya se estaba viviendo y trabajando en el país antes de una fecha concreta y contar con un contrato laboral. La regularización no “creó” nuevos migrantes, sino que sacó a la luz a personas que ya estaban en España, trabajando sin derechos ni protección.
El consejo de ministros aprueba una regularización extraordinaria que ampliará trabajo legal, derechos y deberes para alrededor de medio millón de personas migrantes

El Consejo de Ministros aprobará este martes 27 de enero una regularización extraordinaria de personas migrantes mediante real decreto, tras el acuerdo alcanzado entre PSOE y Podemos. La medida pretende dar una respuesta inmediata a una realidad social ya existente y se presenta como una herramienta clave para reforzar la economía, combatir la economía sumergida y avanzar en cohesión social.

Según el Ejecutivo, la decisión llega en un momento marcado por una amplia demanda social y política. La regularización recoge el espíritu de la Iniciativa Legislativa Popular respaldada por más de 700.000 firmas y por una mayoría parlamentaria muy amplia, y se articula por la vía reglamentaria para garantizar rapidez, seguridad jurídica y plena adecuación al marco legal español y europeo.

Desde el punto de vista económico, el Gobierno subraya que la medida permitirá aflorar empleo que ya existe. Miles de personas que trabajan en sectores esenciales —como la agricultura, los cuidados, la hostelería o la construcción— podrán regularizar su situación, cotizar a la Seguridad Social y contribuir plenamente al sistema fiscal. A cierre de 2025, España alcanzó un récord de más de 3,1 millones de personas extranjeras afiliadas, que ya representan el 14,1 % del total de cotizantes, con un papel especialmente relevante en el trabajo autónomo, donde ocho de cada diez nuevas altas corresponden a personas de origen extranjero.

La autorización de residencia que se concederá habilitará automáticamente para trabajar en todo el territorio y en cualquier sector, eliminando trabas administrativas tanto para trabajadores como para empleadores. Esta flexibilidad, destacan fuentes gubernamentales, responde directamente a las necesidades reales del mercado laboral y contribuye a mejorar la estabilidad y la productividad.

En el plano social, el Ejecutivo defiende que la regularización es una cuestión de derechos y convivencia. Garantizar el acceso legal al empleo, la sanidad o la educación reduce la vulnerabilidad, refuerza la integración y mejora la cohesión en barrios y municipios donde estas personas ya forman parte del tejido social. El proceso será excepcional y con plazos definidos: podrán solicitarla quienes acrediten haber residido de forma continuada en España al menos cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025 y carezcan de antecedentes penales, y el plazo de solicitudes se extenderá hasta junio de 2026.

El Gobierno rechaza que la medida pueda generar un “efecto llamada” o favorecer a las mafias. Al contrario, sostiene que la irregularidad es el principal caldo de cultivo para la explotación laboral y que regularizar es una forma directa de cortar ese negocio. La experiencia previa respalda esta tesis: la regularización de 2005 mejoró la integración laboral, aumentó la recaudación fiscal y redujo la informalidad sin provocar un aumento de llegadas irregulares.

España cuenta, además, con precedentes consolidados. Desde finales de los años ochenta se han aprobado varias regularizaciones extraordinarias bajo gobiernos de distinto signo político, una práctica también habitual en otros países de la Unión Europea. En este caso, el Ejecutivo estima que el proceso podría beneficiar a alrededor de 500.000 personas.

Con esta medida, el Gobierno defiende un modelo de migración ordenada, legal y útil para el conjunto del país, combinando realismo económico, garantías jurídicas y un enfoque de integración que, según el Ejecutivo, refuerza tanto el crecimiento como la cohesión social.

Movimiento Regularización Ya: “Es un paso histórico, pero vigilaremos que sea realmente inclusivo”

Las organizaciones sociales que impulsaron la Iniciativa Legislativa Popular han acogido la medida como un avance largamente esperado, aunque recuerdan que llega tras años de movilización y presión social. El Movimiento Regularización Ya, uno de los principales promotores de la ILP, ha valorado el anuncio como “un paso histórico”, pero subraya que debe aplicarse con criterios amplios y sin exclusiones injustificadas.

“Esta regularización es fruto de la lucha de las personas migrantes organizadas y del apoyo de la sociedad civil. Reconoce una realidad que llevamos años denunciando: sin derechos no hay integración posible”, señalan desde el colectivo.

No obstante, el movimiento advierte de que el éxito del proceso dependerá de su aplicación práctica.
“Estaremos vigilantes para que nadie se quede fuera por trabas administrativas o interpretaciones restrictivas. La regularización debe ser accesible, ágil y realmente inclusiva”, añaden.

En una línea similar se han expresado organizaciones como CEAR, Cáritas o Red Acoge, que destacan el impacto positivo de la medida en términos de cohesión social y lucha contra la exclusión.
“La irregularidad condena a miles de personas a la precariedad y a la explotación. Darles papeles es una medida de justicia social y también de eficiencia económica”, apuntan desde el tercer sector.

Desde estas entidades se insiste además en que la regularización contribuirá a reducir la economía sumergida y a mejorar las condiciones laborales en sectores especialmente precarizados.
“Cuando las personas migrantes acceden a derechos y a empleo regular, gana toda la sociedad: se fortalecen los servicios públicos y se mejora la convivencia”, subrayan fuentes de Red Acoge.

Algunas organizaciones, sin embargo, han reclamado que esta regularización extraordinaria vaya acompañada de cambios estructurales para evitar que se reproduzcan situaciones de irregularidad en el futuro.
“No puede ser una solución puntual. Necesitamos vías legales y estables, procedimientos más rápidos y una política migratoria centrada en derechos humanos”, señalan desde CEAR.

En conjunto, el movimiento asociativo coincide en valorar la medida como un avance histórico, fruto de la presión social y del consenso ciudadano, pero recuerda que el reto ahora es garantizar una aplicación efectiva que convierta la regularización en una verdadera herramienta de integración y no en una oportunidad perdida.

Reacciones desde la política institucional

En el plano político, la iniciativa ha generado reacciones diversas en el Congreso. Desde el PSOE, fuentes de la dirección subrayaron que se trata de una decisión “necesaria y responsable”.
“Estamos dando una respuesta realista a una realidad que ya existe. Regularizar no es un gesto ideológico, es una política pública útil para la economía, el empleo y la cohesión social”, señalan desde el grupo socialista.

Podemos ha defendido la medida como un avance en derechos y dignidad.
“España no puede sostener su economía sobre la irregularidad y la explotación. Esta regularización reconoce derechos, fortalece el sistema de protección social y hace un país más justo y más fuerte”, afirman fuentes de la formación.

Sumar también ha mostrado su respaldo al real decreto, destacando su impacto social.
“Es una política que ordena, integra y protege. Regularizar significa más derechos, más seguridad jurídica y más cohesión social para todos”, apuntan desde el grupo parlamentario.

Gracias a todas las organizaciones que llevan años defendiendo la regularización de las personas migrantes. Frente al odio heredero del trumpismo: derechos. 🎙 @yolandadiaz.bsky.social

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— Sumar (@movimientosumar.es) 27 de enero de 2026, 10:25

Desde el Partido Popular, aunque se han mostrado críticos con la vía elegida, han reconocido la necesidad de abordar la realidad migratoria.
“España necesita una política migratoria seria, ordenada y eficaz. El problema no es reconocer una realidad social, sino hacerlo sin consenso ni planificación suficiente”, señalan fuentes populares.

Vox, por su parte, ha expresado su rechazo frontal a la medida calificándola con su habitual tono racista como una «invasión». “Esta regularización es un efecto llamada y un mensaje de debilidad del Estado”, sostienen desde la formación, reiterando su oposición a cualquier proceso extraordinario de regularización. «Toda España está impactada […] Pretenden conceder papeles a todos aquellos que lleven 5 minutos en España […] El comunismo, el socialismo brutal reconocen que odian al pueblo español, odian a los españoles, y por eso están en un intento desesperado para reemplazar la sociología«. 

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