La organización Ecoloxistes n’Aición d’Asturies solicita acceder al expediente por las obras en el río La Marea (Piloña)

La solicitud tiene por objeto conocer las actuaciones previas, inspecciones, informes técnicos y resoluciones realizadas o adoptadas por la CHC en relación con estas obras, en ejercicio tanto del interés legítimo colectivo en la defensa del dominio público hidráulico como del derecho de acceso a la información ambiental reconocido en la legislación vigente.

Las declaraciones del alcalde no se ajustan a la realidad técnica puesto que no fue una “renovación del muro”, sino una modificación sustancial del cauce.

Esta solicitud se presenta en un contexto en el que las manifestaciones públicas del alcalde de Piloña no se corresponden con la realidad técnica de la actuación ejecutada ni con los términos de la autorización concedida por la CHC, tal y como demuestran las mediciones recogidas en la denuncia presentada y avaladas por un experto de referencia en restauración fluvial, Alfredo Ollero Ojeda.

La autorización otorgada por la CHC no era un permiso ilimitado, sino una autorización condicionada. Sin embargo, la obra ejecutada incumple al menos tres de esas condiciones:

·         La escollera presentauna pendiente once veces superior a la detallada en la autorización, lo que supone ocupación indebida del cauce.

·         Se ha producidodestrucción de vegetación de ribera, en contra de la condición B.7ª de la autorización.

·         Se ha modificado la topografía de la margen mediante la impermeabilización de casi 1.800 m², frente a los aproximadamente 500 m² de asfalto previo, junto con una elevación de la rasante, lo que incrementa el riesgo de inundación, algo expresamente prohibido.

Renovar un muro implicamantener trazado, altura y pendiente. En este caso:

·         se ha modificado la geometría,

·         se ha invadido el dominio público hidráulico,

·         se ha alterado la sección útil del río,

·         y se ha incrementado la peligrosidad en episodios de crecida.

Asimismo, la entidad subraya que los permisos no se pueden usar para justificar un incumplimiento y que la protección del dominio público hidráulico y la seguridad frente a inundaciones no son cuestiones opinables, sino obligaciones legales basadas en criterios técnicos y ambientales.