Nueva maniobra de la Junta de Extremadura para evitar el derribo de la urbanización ilegal de Marina de Valdecañas

Ecologistas en Acción ha denunciado una nueva maniobra de la Junta de Extremadura para evitar cumplir la sentencia que obliga a la demolición de la urbanización ilegal Marina de Valdecañas. Esta vez, la Junta lo ha hecho a través del Proyecto de Decreto por el que se modificanlos límites de las Zonas de Especial protección para las Aves (ZEPA), y su ajuste a las cotas de máximo llenado, que cambia los límites de 11 zonas protegidas y, entre ellas, la isla donde se sitúa la urbanización de lujo. Argumentan que no es zona inundable y ha perdido su valor ecológico.

Sin embargo, según advierte la organización ecologista, esta interpretación jurídica y ecológica incumple la Directiva Aves (2009/147/CE) y lo que ya señaló el Tribunal de Justicia de la UE relacionado con la imposibilidad de desproteger territorio por razones políticas, económicas y urbanísticas.

“La Junta de Extremadura quiere salvar la Marina Isla de Valdecañas reconociendo en su propuesta que no lo hace por razones científicas. La funcionalidad ecológica de una ZEPA no se limita a la superficie inundada. Tanto la directiva Aves (2009/147/CE) como el Manual de designación de ZEPA de la Comisión Europea reconocen como hábitat de interés zonas no inundables si sirven de refugio, nidificación, alimentación o descanso. Si se aceptase la argumentación de este decreto extremeño, entonces habría que desclasificar cientos de islas, playas, cortados o zonas ribereñas de cientos de embalses de España y Europa”, afirman en Ecologistas en Acción.

Por otro lado, la organización ecologista incide en que el Proyecto de Decreto no se basa en razonamientos sobre valores naturales, porque no aporta ningún estudio con datos de seguimiento del estado de conservación actual. En cambio, el estudio realizado por el CSIC a instancias de la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura concluyó que los valores naturales de la Isla merecían protección y que su antropización había afectado a un tercio de las aves terrestres reproductoras, un quinto de las invernantes, y había modificado la conducta de las especies acuáticas: había una alta afectación por la urbanización que seguiría existiendo a futuro.

Así pues, la desclasificación no se basa en una evolución natural del ecosistema que haga que sea necesaria su desprotección sino que obedece al nuevo intento de incumplir las sentencias que obligan a su derribo. Por lo tanto, se vuelve a cometer una nueva infracción, no respetando el principio de no regresión que se contempló en la sentencia STS 882/2023 de la Sala III del Tribunal Supremo.

Por todo ello, Ecologistas en Acción exige que el Proyecto de Decreto presentado por la Junta de Extremadura se retire definitivamente.