Organizaciones ecologistas y ciudadanas se concentraron en un acto sobre minería para exigir la paralización de vertidos al río Guadalquivir

Decenas de personas se concentraron ayer en el acto de protesta organizado por Salvemos el Guadalquivir, Ecologistas en Acción y Greenpeace frente al evento Minería y Vida, que se celebraba en la Casa de la Ciencia de Sevilla. En esta concentración, las organizaciones recordaron que los vertidos que prevén realizar la Mina Los Frailes (Aznalcóllar) y Cobre Las Cruces (Gerena) al río Guadalquivir tras su reapertura pueden ser letales para los ecosistemas del estuario y para las actividades económicas que dependen de ellos, como la pesca y la agricultura. La Mina Los Frailes prevé realizar un vertido de más de 85 mil millones de litros de agua con metales pesados al Guadalquivir durante 18 años en un punto de vertido a instalar frente al estadio de La Cartuja de Sevilla. Por su parte, la empresa Cobre las Cruces quiere realizar un nuevo vertido de más de 32 mil millones de litros durante 14 años, en su punto de vertido en La Algaba.

Las organizaciones ecologistas advierten de que el estuario del Guadalquivir ya está contaminado por metales pesados debido a los vertidos mineros producidos por la mina de Las Cruces desde 2009, tal y como ha constatado el estudio realizado por científicos de las Universidades de Sevilla, Cádiz y Granada. En este estudio se ha comprobado la presencia de plomo por encima de lo permitido por la Unión Europea (UE) en albures, un pescado que tradicionalmente se consume en los pueblos ribereños. Igualmente, se ha constatado la presencia de arsénico en el límite de lo permitido en la UE en galeras, un crustáceo de muchísimo consumo en la zona de la desembocadura. La suma de estos dos nuevos vertidos podría multiplicar por diez la contaminación de metales pesados en los sedimentos del río.

A pesar de que las empresas y la Junta de Andalucía dicen respetar la cantidad de metales pesados en disolución que van a verter al río, las organizaciones advierten de que la ciencia ha demostrado que los metales pesados no salen por la desembocadura, sino que se acumulan en los sedimentos del estuario, debido al alto contenido de material en suspensión que tiene el río desde la presa de Alcalá del Río hasta la costa gaditana.

Esta cantidad de material en suspensión hace que los metales pesados se adhieran y decanten (se depositen al fondo). Esto, unido a la dinámica mareal del estuario del Guadalquivir, impide que los metales pesados salgan rápidamente por la desembocadura. Por un lado, porque la presa de Alcalá del Río se comporta como un “fondo de saco”, frenando las mareas y favoreciendo la sedimentación, y por otro lado, porque en la desembocadura del río se produce lo que se conoce como “tapón salino”, que frena la salida de las aguas interiores hacia el mar. Todo ello hace que la presencia de metales pesados termine afectando a los ecosistemas, pasando a la red trófica, afectando a los usos pesqueros, ganaderos, agrícolas y de ocio sostenible, y poniendo en peligro los potenciales usos del agua del Guadalquivir para consumo humano en caso de sequía prolongada. Además, las operaciones de dragado del estuario depositan esos sedimentos contaminados en el Golfo de Cádiz.

Las organizaciones exigen la paralización de las autorizaciones y prospecciones mineras mediante una moratoria y la constitución de un grupo técnico-científico de expertos independientes que evalúe en profundidad sus efectos en el medio ambiente y sus afecciones a la salud y la seguridad alimentaria.