El PCE desmiente que exista el archivo sin firma del 23-F atribuido al partido; Enrique Santiago cuestiona su autenticidad y apunta una «operación de blanqueo» del Borbón
- Enrique Santiago sostiene que la supuesta nota no tiene respaldo documental interno, cuestiona su autenticidad y denuncia una «clarísima operación de blanqueo» de Juan Carlos de Borbón.
- El PP aprovecha la propaganda casi unánime de medios públicos y privados para pedir que vuelva el ex–monarca a España, aunque nadie le negó nunca su regreso.
- La documentación parcial bien seleccionada del 23F es utilizada por PSOE y PP, y sus medios de comunicación afines, para exculpar al emérito de la intentona golpista a la par que acusan a quienes sostienen la implicación de Juan Carlos de Borbón de «conspiranoicos».
El Partido Comunista de España (PCE) ha desmentido oficialmente la existencia del documento sobre el golpe de Estado del 23-F que algunos papeles desclasificados atribuyen a su Comité Central. El secretario general de la formación, Enrique Santiago, ha asegurado que dicho archivo no se encuentra en los fondos históricos del partido y ha cuestionado su autenticidad.
En un mensaje publicado en su cuenta oficial, Santiago fue tajante al afirmar que “ese supuesto documento no existe en los archivos del PCE”, subrayando que el partido ha revisado su documentación histórica sin encontrar rastro alguno del texto atribuido. Además, denunció que la desclasificación parcial responde a una estrategia interesada y señaló que la información se está publicando “a la carta”, lo que a su juicio apunta a una “operación de blanqueo del Rey”.
El dirigente comunista insistió en que la aparición de ese documento, fechado en mayo de 1981 y supuestamente registrado por la Policía, no coincide con los registros internos del partido. Según explicó, la inexistencia de ese archivo en los fondos del PCE pone en cuestión su origen y obliga a analizar con cautela el conjunto de los documentos desclasificados.
El documento fechado el 11 de mayo de 1981, supuestamente registrado por la Dirección General de la Policía, alertaba desde la dirección del partido, del peligro que supondría incidir en el frustrado golpe.
El partido cuestiona la autenticidad del documento
La reciente desclasificación de archivos sobre el intento de golpe del 23 de febrero de 1981 incluyó referencias a una nota atribuida a la dirección comunista de la época. Ese texto, según los informes policiales, advertía del riesgo de vincular a la monarquía con el golpe y alertaba sobre maniobras de la extrema derecha.
Sin embargo, Santiago sostiene que el documento no forma parte del archivo histórico del partido. La formación considera que esta circunstancia es especialmente relevante, ya que el PCE conserva una amplia documentación de su actividad política durante la Transición y los años posteriores al golpe.
La información del 23F desclasificada "a la carta" apunta a una operacion de blanqueo del Rey.
— Enrique Santiago (@EnriqueSantiago) February 26, 2026
Grave que, ya aprobada la Constitución, un partido democrático como @elpce fuera infiltrado por el Estado.
No consta en nuestros archivos la supuesta nota esgrimida para el blanqueo. pic.twitter.com/3WqkKZgOTa
Críticas a la desclasificación parcial de documentos
El secretario general del PCE también ha criticado el proceso de desclasificación, que considera incompleto y selectivo. En su opinión, publicar documentos de forma fragmentaria contribuye a generar interpretaciones sesgadas y no permite esclarecer completamente los hechos.
Desde el partido se insiste en la necesidad de una desclasificación completa y transparente de todos los archivos relacionados con el 23-F, con el objetivo de esclarecer definitivamente el papel de las distintas instituciones y actores políticos en aquel episodio clave de la historia reciente de España.
Sospechas sobre la fiabilidad de parte de los documentos desclasificados
El dirigente comunista ha expresado además su preocupación por el contexto en el que se elaboraron algunos informes, recordando que el PCE estaba infiltrado por las fuerzas de seguridad incluso durante el periodo democrático posterior a la Constitución de 1978.
Esta situación, según el propio Santiago, obliga a analizar con cautela la documentación ahora publicada y refuerza la necesidad de revisar de forma crítica los archivos históricos sobre el intento de golpe de Estado.
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