Denuncian la expulsión de un menor de un centro de acogida de Oviedo
- La Plataforma de Apoyo a las personas migrantes de Extremadura denuncia la expulsión del joven de un centro de acogida al no reconocer su documentación acreditativa de su minoría de edad.

La Plataforma de Apoyo a las personas migrantes de Extremadura ha denunciado la decisión del centro de menores de Loriana de expulsar a M.B.T., nacido el 29 de diciembre de 2008, a pesar de contar con toda su documentación acreditativa de ser menor de edad.
A pesar de que el joven se encuentra en un centro de Asturias, su periplo comenzó en el centro de personas migrantes de Mérida en enero de 2024, tras llegar en septiembre de 2023 a la isla de El Hierro. Apenas tres meses después, habría sido expulsado del recurso, quedando en situación de calle.
Trasladándose a Cataluña, en mayo de 2024 fue identificado por la policía y trasladado a un centro de protección, pero en febrero de 2025 fue nuevamente expulsado, trasladándose al centro de menores de Loriana en septiembre.
«A día de hoy, tras más de dos años en España, el menor ha visto vulnerados de forma continuada sus derechos como menor no acompañado. Pese a haber aportado un pasaporte biométrico no impugnado, en el que consta claramente su fecha de nacimiento, no se le ha tramitado la autorización de residencia y trabajo que establece la normativa vigente, y se pretende ahora expulsarlo del centro de protección, dejándolo en la calle», apuntan desde el colectivo extremeño.
La Plataforma insiste en que la actuación de los recursos públicos de ayuda incurre en una vulneración grave de la jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo; las resoluciones del Defensor del Pueblo; el Reglamento de Extranjería; la normativa europea, así como la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas.
«Los colectivos y personas defensora de derechos humanos que han sido conocedoras de ello exigen la paralización inmediata de cualquier expulsión, el reconocimiento efectivo de la minoría de edad de M. B.T, y la tramitación urgente de su autorización de residencia y trabajo, garantizando así su derecho a la protección, a la estabilidad y a un proyecto de vida digno», han apuntado.
