Denuncian la aplicación de la Ley Mordaza en la concentración contra la agresión policial a una familia colombiana

El viernes 23 de mayo mientras tenía lugar la concentración convocada por diversas organizaciones y movimientos sociales para denunciar la agresión que sufrió una familia afrodescendiente colombiana el sábado pasado en València, se produjo la identificación y sanción de uno de los asistentes por “supuestamente haber insultado a un agente de la Policía Local mediante la expresión “madero s de mierda”, explica en un comunicado la Federación local de CGT en València, de la que es afiliado el denunciado quien “en ningún momento se había dirigido a ningún agente, sino que se encontró en una conversación privada con su pareja”.

La actuación policial se ampara en el artículo 37.4 de la conocida Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, que castiga con sanciones administrativas expresiones verbales contra la autoridad. Desde la CGT denuncian “rotundamente” la sanción, la cual consideran “un acto represivo, desproporcionado y claramente político”.

CGT València afirma que “no es un hecho aislado”, recordamos que la organización anarcosindicalista viene denunciando la reiteración de estas actuaciones policiales, la última con la identificación y propuesta de sanción a otro afiliado, quien denunció también una agresión policial, en la concentración que tuvo lugar el pasado viernes 11 de abril convocada por las asociaciones de víctimas de la DANA y los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción ante la declaración de Salomé Pradas y Emilio Argüeso en la Ciudad de la Justicia.

La organización anarcosindicalista señala “el carácter racista de esta actuación” al producirse en el contexto de “la denuncia de la violencia estructural contra las personas racializadas”. La CGT exige la retirada inmediata de la multa, el fin del uso represivo de la Ley Mordaza y responsabilidades políticas por lo ocurrido tanto en la concentración como en la “agresión” a la familia colombiana. Además instantáneo a la ciudadanía a “movilizarse y denunciar públicamente estos abusos”.