El Gobierno desclasifica parte de la documentación sobre el intento de golpe de Estado del 23-F

El Consejo de Ministros ha aprobado la desclasificación de documentación relativa al intento de golpe de Estado que tuvo lugar en España el 23 de febrero de 1981.

La decisión se ha tramitado de conformidad a lo establecido en la Ley sobre Secretos Oficiales y, tal y como ha detallado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, «permitirá que se desclasifique toda la información que se ha encontrado hasta el momento», cuando se cumplen 45 años de la fecha.

La portavoz del Ejecutivo ha explicado que se trata de «153 unidades documentales» que durante décadas han permanecido clasificadas como secretas y que a partir de ahora podrán «ser consultadas por historiadores, por investigadores y por la propia ciudadanía a través de los canales oficiales». Los documentos estarán a disposición pública, a partir de hoy 25 de febrero, en la página web oficial de La Moncloa.

«Como dijo el presidente Sánchez, la memoria no puede estar bajo llave y, como escribió Javier Cercas en Anatomía de un instante, el pasado no es el pasado, es una dimensión del presente. Y una democracia plena debe tener acceso a esa dimensión», ha señalado Saiz.

Elma Saiz también ha destacado que con esta medida se acaba con «una situación atípica en las democracias modernas sobre la desclasificación de información de Estado» y que espera ahora «que el proyecto de la Ley de Información Clasificada pueda salir adelante en el Congreso para que las decisiones como esta dejen de ser una excepción y se conviertan en la norma».

Estrategia contra la soledad y el aislamiento social

El Gobierno ha aprobado el primer Marco Estratégico Estatal de Soledades (2026-2030). El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha afirmado que el objetivo es abordar desde lo público las causas y las condiciones que generan, cronifican o agravan la experiencia de la soledad y el aislamiento social.

El ministro ha indicado que muy pocos países cuentan con estrategias para afrontar la soledad, «un amplio espectro de situaciones» que afectan a una parte creciente de la ciudadanía. Bustinduy ha resaltado que la soledad no es en sí misma algo negativo, pero se convierte en un problema cuando las personas no pueden decidir sobre ella. «La soledad, especialmente cuando es no deseada, produce una serie de efectos acumulativos sobre la salud, el bienestar físico y emocional y la participación social, económica, política y comunitaria», ha apuntado el titular de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Según un barómetro del año 2024, una de cada cinco personas en España siente soledad. Esta situación, que tiende a cronificarse, afecta en mayor proporción a los jóvenes, los mayores de 75 años, las mujeres y las familias más vulnerables. Los modelos urbanísticos, la falta de espacios públicos, los modelos de transporte y de cuidados, la prestación de servicios públicos y la organización del trabajo son otros factores que influyen en la soledad, según ha explicado el ministro.

Además de esta estrategia, el Gobierno ha creado una Mesa Interinstitucional de Soledades, con representación de todas las administraciones públicas, el tercer sector, la sociedad civil y los expertos, para trabajar en una serie de ámbitos prioritarios. La Mesa desarrollará estrategias para prevenir los fenómenos de aislamiento social y soledad derivados, por ejemplo, del teletrabajo y propondrá intervenciones desde campos como el de la atención primaria, el urbanismo, la gobernanza del entorno digital y los servicios públicos de proximidad.

Con estas iniciativas y, en general, con la concepción de cómo debe funcionar la protección social, el Ejecutivo busca cumplir el mandato constitucional de que los poderes públicos garanticen la igualdad y el bienestar de toda la ciudadanía, ha expuesto Bustinduy. «Aquí no se va a abandonar a nadie, no se va a dejar solo a nadie», ha asegurado.

Avances en la autonomía y la inclusión de las personas con discapacidad

El Ejecutivo ha presentado un informe sobre las actuaciones emprendidas desde el cambio del artículo 49 de la Constitución, cuando se cumple dos años desde su aprobación. Una reforma que, en palabras de Pablo Bustinduy, «puso a España en la vanguardia a nivel internacional en el cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad». El ministro ha subrayado que el balance demuestra que no se trataba de una cuestión terminológica, sino de un mandato a todos los poderes públicos para garantizar cuatro principios: la inclusión social de las personas con discapacidad, la autonomía personal, la accesibilidad universal de todos los espacios públicos y la protección reforzada de mujeres y niñas con discapacidad.

Entre las actuaciones realizadas por el Gobierno, Bustinduy ha citado la prohibición del despido automático por incapacidad laboral permanente, el marco estratégico para el cambio del modelo de cuidados con el fin de promover la autonomía de las personas con discapacidad y en situación de dependencia, la ampliación del programa de becas formativas Reina Letizia y la creación de un programa específico para el alumnado con trastorno del espectro autista. El Ejecutivo también ha adoptado el primer plan estatal contra la discriminación de mujeres y niñas con discapacidad, ha destinado fondos europeos a garantizar la accesibilidad de edificios y espacios públicos y ha creado un protocolo inclusivo para emergencias, entre otras medidas.

El ministro ha destacado, además, que el Consejo de Ministros ha aprobado hoy la modificación del Reglamento de Espectáculos Taurinos para prohibir expresamente las situaciones denigratorias de personas con discapacidad.

«Hay muy pocos lugares en el mundo donde se esté dando una serie de intervenciones tan decididas para garantizar la plena ciudadanía, la inclusión y el bienestar de más de cuatro millones de compatriotas en este país», ha manifestado Bustinduy. El titular de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha añadido que este despliegue debe culminar con la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, cuya aprobación definitiva confía que se produzca antes del verano.

Futura ley de Publicidad del Sector Público

El Consejo de Ministros ha abordado el anteproyecto de Ley de Publicidad del Sector Público. La futura norma responde a la necesidad de adaptar la legislación española al reglamento europeo en la materia y sustituirá a la actual ley de Publicidad Institucional vigente desde 2005.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha explicado que los cambios en el mercado publicitario tras la aparición de las plataformas digitales que compiten en el mercado con los medios de comunicación tradicionales justifican la actualización de la ley.

Óscar López ha argumentado que «la publicidad del sector público cumple un papel esencial de información a los ciudadanos, pero no se puede convertir nunca en un medio de compra de medios». Por lo tanto, ha añadido, la norma tiene dos objetivos: garantizar la transparencia de las administraciones públicas para que los ciudadanos sepan a qué se destina el dinero que pagan con sus impuestos, a qué campañas y medios de comunicación, y garantizar la independencia real económica de los medios.

Principales novedades

La futura ley regula la publicidad del sector público tanto en los medios tradicionales como en las plataformas en línea, que tendrán que inscribirse en un registro público de medios si quieren recibir publicidad institucional.

El texto establece que un mismo medio o plataforma no puede superar el 35% de publicidad pública de su cifra anual de negocio o de la del grupo al que pertenezca. Óscar López ha aclarado: «Si un medio recibe publicidad del ayuntamiento, de la comunidad autónoma y del Gobierno, la suma de todas las inversiones en publicidad del sector público no puede superar el 35%».

El ministro ha resaltado que este límite no se aplicará a los medios o plataformas que facturen menos de dos millones de euros y cuya audiencia se concentre en, al menos, en un 70% en el ámbito de hasta tres comunidades autónomas limítrofes: «Hemos establecido una cláusula para salvaguardar a los medios locales porque España tiene un ecosistema de medios locales muy fuerte comparado con otros países de nuestro entorno».

La nueva regulación establece un sistema transparente de medición de audiencias, en línea con lo establecido en el reglamento europeo. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) hará el seguimiento de la asignación del gasto en publicidad. «Tiene que haber transparencia en las tarifas publicitarias que aplican los medios de comunicación», ha remarcado el ministro.

López también ha subrayado que el Gobierno tendrá la obligación de publicar una vez al año el destino de su inversión publicitaria, al igual que el resto de las administraciones, y presentará a las Cortes un informe anual de publicidad.

Hoja de ruta para acelerar la soberanía digital

El Gobierno ha presentado su hoja de ruta para acelerar la soberanía digital, un documento que reordena y proyecta la siguiente fase de la revolución digital en España.

Óscar López ha remarcado que en los últimos cuatro años se han creado en España más de medio millón de empleos vinculados a las nuevas tecnologías y que es el primer país de Europa y el séptimo del mundo en desarrollo de la inteligencia artificial. El Gobierno, ha añadido, ha destinado una parte muy importante de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a reforzar su soberanía digital y lo seguirá haciendo a través del fondo España Crece, presentado por el presidente del Gobierno.

El titular de Transformación Digital ha trasladado que en la elaboración del documento se han considerado dos prioridades. La primera es que España refuerce todas las infraestructuras críticas para reforzar esa soberanía digital (la nube, los datos, la inteligencia artificial, las infraestructuras físicas). La segunda, reforzar todas aquellas tecnologías en las que España ya es líder y tiene industrias punteras, como por ejemplo la biotecnología, la neurotecnología, las energías limpias, la identidad digital o la ciberseguridad, sectores en los que ya somos muy fuertes.

El documento contiene diez propuestas de acción, entre las que el ministro ha destacado el refuerzo de la infraestructura pública digital, del sector espacial y de las tecnologías cuánticas, la inversión en chips y semiconductores, la utilización de software libre o de OpenDesk en las administraciones públicas, el impulso del sistema europeo de pagos transfronterizo y el posicionamiento de gigafactorias de inteligencia artificial.

Apoyo al pueblo ucraniano

Cuando se cumplen cuatro años del inicio de la invasión de Rusia a Ucrania, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha hecho balance de las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno de España para atender la crisis humanitaria generada por el conflicto.

«Desde entonces, hemos concedido protección temporal a más de 264.000 personas desplazadas desde este país», ha indicado Saiz, por lo que España se sitúa como el cuarto país de la Unión Europea en concesiones de este tipo de permisos. Además, en el último año han aumentado un 26,4% los afiliados a la Seguridad Social procedentes de Ucrania.

«Estos son los ejemplos que nos convierten en un faro mundial en política migratoria», ha señalado Saiz, que ha recordado que la protección ofrecida a los ciudadanos ucranianos se prorroga hasta el 4 de marzo de 2027, y que el Gobierno seguirá «acompañando a la comunidad ucraniana y, sobre todo, exigiendo una paz justa y duradera de una vez por todas».

Últimos casos de violencia machista y vicaria

La portavoz del Gobierno ha comenzado su intervención tras el Consejo de Ministros condenando los últimos casos de violencia machista y vicaria que han ocurrido en España y mostrando su solidaridad con las familias de las víctimas.

«2026 está siendo un año insoportable en cuanto a la violencia machista», ha indicado Saiz, que también ha recordado a los ciudadanos la existencia del teléfono de asistencia 016 y ha hecho un llamamiento a la unidad: «Necesitamos encontrarnos en el Pacto de Estado contra la violencia de género apelando a la unidad de todas las instituciones, de todas las administraciones, y de la sociedad en su conjunto».