España aprueba un Real Decreto-ley que refuerza el embargo de armas a Israel en medio de críticas por su alcance limitado

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley que prohíbe la compraventa de armamento y combustibles de uso militar con Israel y veta la importación de productos de asentamientos ilegales en territorios palestinos ocupados. Organizaciones sociales y analistas lo consideran un paso insuficiente, con excepciones y vacíos legales que podrían mantener la complicidad española en el genocidio en Gaza.

El Gobierno español anunció este martes la aprobación de un Real Decreto-ley que refuerza jurídicamente el embargo de armas a Israel, una medida que, según el Ejecutivo, sitúa a España como el primer país en consolidar legalmente la prohibición de exportar e importar material militar con el Estado israelí. La norma incluye también la prohibición del tránsito por puertos y espacio aéreo españoles de combustibles susceptibles de uso militar y veta la importación y publicidad de productos procedentes de los asentamientos ilegales israelíes en los territorios palestinos ocupados.

El texto, presentado tras el Consejo de Ministros, busca “no contribuir y rechazar el genocidio perpetrado por el Gobierno de Israel en Gaza”, compatible, según la comunicación oficial, con la condena al atentado del 7 de octubre de 2023 cometido por la organización terrorista Hamás contra Israel.

Un contexto de presión social e internacional

Las medidas llegan tras casi dos años de ofensiva israelí en Gaza, que según cifras oficiales difundidas por el propio Gobierno ha dejado más de 63.000 muertos, 159.000 heridos y el desplazamiento forzado de casi dos millones de personas. Durante este tiempo, España había mantenido relaciones comerciales y armamentísticas con Israel, pese a las demandas de organizaciones civiles, de la ONU y de la Corte Internacional de Justicia para detener toda complicidad con la ocupación.

La periodista Olga Rodríguez subraya en eldiario.es que las decisiones de este martes son “necesarias, pero llegan tarde” y no abarcan todas las exigencias planteadas por la sociedad civil y por instancias internacionales. Además, recuerda que entre 2023 y 2025 España adjudicó al menos 40 contratos de compra de material militar a empresas israelíes o sus filiales, algunos de ellos en plena escalada de muertes en Gaza.

Críticas: “No es un embargo real”

La recepción de la medida ha sido dispar. Mientras el Ejecutivo la presenta como un avance histórico, colectivos como el Movimiento BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones) la consideran un “texto simbólico que deja fuera aspectos clave”. En un comunicado, BDS denuncia que el Real Decreto-ley “no constituye un embargo de armas”, ya que mantiene excepciones por interés general, permite el tránsito de material militar por puertos, aeropuertos y bases estadounidenses en España, y no afecta a los contratos ya adjudicados a la industria armamentística israelí.

“Un embargo integral significa prohibir cualquier exportación, importación, transferencia o contratación con empresas israelíes, con mecanismos de transparencia y verificación. Lo aprobado hoy es un colador incapaz de frenar la complicidad con el genocidio”, señala la organización.

Lagunas y excepciones

Entre los vacíos más señalados, destacan:

• La falta de mecanismos de inspección para impedir el tránsito de armamento por puertos como Algeciras o por bases como Rota y Morón, utilizadas por EE.UU. para enviar material a Israel.

• La no suspensión de relaciones comerciales generales con Israel, pese a que múltiples empresas contribuyen directamente a la ocupación.

• La ausencia de sanciones a compañías españolas que mantienen negocios con asentamientos ilegales.

• El silencio sobre maniobras militares conjuntas con el Ejército israelí, que continuaron en 2025.

Asimismo, la norma permite al Consejo de Ministros levantar parcial o totalmente las restricciones si lo considera de “interés general nacional”, lo que para colectivos sociales abre la puerta a que el embargo sea reversible.

La presión social como motor

El Ejecutivo recuerda que España ha liderado en la UE los llamamientos a un alto el fuego permanente, la liberación de rehenes y el fin del bloqueo humanitario. Sin embargo, la presión social y las encuestas de opinión han sido determinantes. Miles de personas y más de 500 organizaciones agrupadas en campañas contra el comercio de armas con Israel llevan meses exigiendo un embargo integral, retroactivo y transparente.

“La movilización de la sociedad civil es más necesaria que nunca”, insiste el comunicado de BDS, que convoca nuevas protestas para forzar al Gobierno a adoptar medidas más contundentes.

Un primer paso, pero insuficiente

Con este Real Decreto-ley, el Gobierno español se convierte en el primero en la UE en aprobar una prohibición legal explícita al comercio de armas con Israel, pero deja abiertas múltiples incógnitas. Como apunta Rodríguez, “lo mínimo es exigir todas las acciones de presión necesarias que no se han adoptado aún”.

La pregunta que flota es si España podrá sostener este equilibrio entre simbolismo y efectividad, o si, como alertan las organizaciones civiles, el texto aprobado acabará siendo recordado como una oportunidad perdida para cortar la complicidad con el genocidio en Gaza.