El derecho internacional da un paso decisivo por el clima y las generaciones futuras

La opinión consultiva publicada el 23 de julio por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) marca un avance significativo en el reconocimiento jurídico de la emergencia climática. El más alto tribunal de Naciones Unidas ha confirmado que los Estados tienen obligaciones claras y exigibles para proteger el sistema climático frente a las emisiones de gases de efecto invernadero, incluyendo un deber reforzado de diligencia, cooperación y acción basada en la mejor ciencia disponible. La opinión consultiva emitida por la CIJ marca un antes y un después en la historia del derecho internacional climático. No solo porque se trata de un “hito jurídico sin precedentes” que responde a una movilización global impulsada desde el Sur global –con el Estado isleño de Vanuatu al frente–, sino porque refuerza el papel central del derecho y el activismo jurídico como herramienta de justicia climática.

Ecologistas en Acción celebra este dictamen como parte de una cadena de victorias legales recientes (como las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso de las KlimaSeniorinnen, la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la opinión del Tribunal Internacional del Derecho del Mar) que coinciden en una dirección clara: los Estados tienen obligaciones jurídicas exigibles para proteger el clima y garantizar los derechos humanos, ahora y para las generaciones futuras.

Esta opinión de la CIJ confirma sin ambigüedades:

• Que las emisiones de gases de efecto invernadero que dañan el sistema climático constituyen actos internacionalmente ilícitos si violan los deberes de prevención y diligencia debida.

• Que los Estados tienen la obligación de actuar con la máxima ambición posible, de cooperar entre ellos y de tomar medidas conforme al mejor conocimiento científico disponible.

• Que existe un deber claro hacia las generaciones futuras: proteger su derecho a vivir en condiciones que permitan el ejercicio efectivo de sus derechos humanos.

• Que los combustibles fósiles están en el centro del daño climático y su explotación continuada supone una violación del derecho internacional.

La CIJ no determina responsabilidades concretas en esta fase consultiva, pero deja claro que los Estados que no adopten políticas climáticas alineadas con el Acuerdo de París y las obligaciones consuetudinarias están violando el derecho internacional. “Esta no es solo una llamada de atención, es un mandato. Y como sociedad civil, vamos a utilizarlo”, ha manifestado Irene Rubiera, activista del Área Jurídica de Ecologistas en Acción.

Uno de los muchos efectos colaterales que podrá tener esta decisión es el impacto sobre litigios abiertos en la actualidad. “El Tribunal Constitucional tiene ahora en sus manos el Juicio por el Clima y es vital que lo interpreten de acuerdo con este precedente histórico, para estar a la altura de la emergencia que vivimos”, ha declarado Jaime Doreste, coordinador del Área Jurídica de la organización ecologista.

El proceso que llevó a esta opinión también importa, destaca Ecologistas en Acción: ha sido impulsado por una coalición global de jóvenes, movimientos del Sur global y pequeños Estados insulares que reclaman el derecho a existir. “Es una demostración de que el derecho puede –y debe– ponerse al servicio de la vida”, ha añadido Rubiera.

“Ecologistas en Acción”, concluye la abogada y activista, “seguiremos trabajando para que estas obligaciones se traduzcan en políticas concretas y en un nuevo impulso para la litigación climática estratégica en España y a nivel internacional. Este dictamen es más que una opinión: es una hoja de ruta legal para exigir justicia climática”.