La anulación judicial de la tasa de basuras en Madrid confirma la manera improvisada y chapucera de su gestación, algo que siempre ha denunciado la FRAVM

Sucedió con la ordenanza de terrazas y ahora ocurre con la ordenanza que regula la tasa de residuos. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), en una sentencia con fecha de hoy, acaba de tumbar la ordenanza de la tasa de basuras del año pasado por graves errores en el procedimiento administrativo, al omitir durante la fase de información pública informes esenciales para el cálculo de la tasa, con la consecuente indefensión en la ciudadanía. ¿Cómo podíamos alegar adecuadamente si desconocíamos la forma en la que el Ayuntamiento había calculado la cuantía de cada barrio? Estamos ante una nueva chapuza del equipo de Gobierno de José Luis Martínez-Almeida, un error gravísimo que, de nuevo, genera incertidumbre y desconfianza en la vecindad, por no hablar de lo que puede costar al erario público.

En estos momentos, nuestros servicios jurídicos analizan la sentencia del TSJM (que responde a una denuncia de la Fundación Educativa Santo Domingo) con el fin de decidir los pasos a seguir, siendo conscientes de que el fallo no es firme y que el Ayuntamiento tiene la posibilidad de interponer un recurso.

La sentencia no entra a valorar el fondo de la tasa, pero la anula por graves errores en el procedimiento de su aprobación, precisamente en la fase en la que la ciudadanía puede intervenir, el periodo de información pública. Esto denota algo que la Federación Vecinal lleva tiempo criticando: la poca importancia que el equipo de José Luis Martínez-Almeida da a esta fase y en general a la participación de la ciudadanía.

En sus alegaciones a la ordenanza que el TSJM acaba de tumbar, y que el Ayuntamiento ignoró en su mayor parte, la FRAVM criticó ya en noviembre de 2024 su carácter chapucero e improvisado, algo difícil de entender pues el Consistorio había tenido tres años para prepararla. Lo hizo con una urgencia recaudatoria que ha atropellado principios básicos de la democracia administrativa.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid es muy tajante en su fallo. Entiende que se ha cometido una nulidad de pleno derecho al ocultar, durante el trámite de información pública, los anexos del informe técnico económico que deberían acompañar a la ordenanza fiscal, documentos que son esenciales para entender el coste real del servicio y cómo se reparte la carga del coste entre los barrios y las distintas actividades económicas. Y al ocultar esta información, el Ayuntamiento no sólo ha cometido un error de procedimiento administrativo, sino que ha generado una verdadera indefensión real y una vulneración de los derechos a la participación ciudadana. Y es que no se puede exigir un esfuerzo económico a las vecinas y los vecinos mientras se ocultan las cuentas que lo justifican. Por eso, la FRAVM exige la paralización inmediata de la tasa y que se asuman responsabilidades políticas por el caos jurídico que se ha generado con esta chapuza administrativa.

Más allá de su carácter improvisado, la FRAVM siempre ha criticado la tasa por estar mal diseñada, ser injusta y poco progresiva, tres rasgos que usó como base argumental en un modelo de recurso de reposición que miles de personas hicieron suyo y registraron el año pasado en el Ayuntamiento para reclamar la devolución de la tasa.