CCOO y UGT muestran su preocupación por el dictamen de registro de la jornada laboral por parte del Consejo de Estado

En España, el fraude en materia de tiempo de trabajo es estructural. Según datos recientes, 4 de cada 10 horas extraordinarias no se pagan ni se compensan (alrededor de 130 millones de horas extraordinarias al año), lo que supone un ahorro ilícito para las empresas de más de 3.200 millones de euros al año. Este volumen de incumplimiento constituye un auténtico hurto a las personas trabajadoras, pero también a la caja única de la Seguridad Social —por cotizaciones no ingresadas— y a la Hacienda Pública, al dejar de tributar salarios que deberían formar parte de la base imponible.

Este fenómeno no es nuevo ni desconocido. El propio expediente reconoce la persistencia de incumplimientos masivos en materia de jornada y horas extraordinarias, así como su impacto en la precarización laboral y en la financiación del sistema de protección social. Es precisamente esta realidad la que exige reforzar los mecanismos de control, no debilitarlos.

Sin embargo, el dictamen del Consejo de Estado parece desviar el foco de lo esencial. Lo que debería preocuparle no es el instrumento, sino el incumplimiento de la ley. Resulta incomprensible que, ante un fraude de esta magnitud, se introduzcan cautelas que pueden terminar amparando zonas de impunidad, cuando el sistema actual de registro horario ha demostrado ser claramente insuficiente y, en buena medida, fracasado.

Conviene recordar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sido inequívoco al respecto: los sistemas de registro de jornada deben ser objetivos, fiables y accesibles. Y, sin embargo, el modelo vigente en España no cumple plenamente estos requisitos, lo que ha motivado ya reproches desde instancias europeas. El proyecto de Real Decreto pretendía precisamente avanzar en esa dirección, reforzando la trazabilidad y evitando la manipulación de los registros.

Especialmente llamativo resulta el celo del Consejo de Estado en materia de protección de datos. La preocupación por la privacidad parece, en este caso, invertida: no se protege a las personas trabajadoras, sino que se corre el riesgo de proteger la identidad de las empresas incumplidoras, dificultando el acceso efectivo de la Inspección de Trabajo a los registros de jornada.

Si este criterio se llevara al extremo, cabría preguntarse si también debería limitarse el acceso de la Inspección de Hacienda a la contabilidad empresarial, en nombre de la protección de datos, impidiendo conocer los ingresos reales o las bases imponibles. El paralelismo evidencia el absurdo: no puede utilizarse la protección de datos como coartada para obstaculizar el control del cumplimiento de la ley.

Del mismo modo, resulta profundamente preocupante la insistencia en remitir estas cuestiones a ámbitos ajenos al estricto cumplimiento de las normas básicas laborales, como si el cumplimiento de la legalidad —el respeto a la jornada máxima, el pago de las horas extraordinarias o su cotización— fuera negociable. ¿De verdad considera el Consejo de Estado que derechos esenciales como el pago del salario o el cumplimiento de la jornada pueden quedar al albur de la negociación? La negociación colectiva es un instrumento fundamental, pero no puede sustituir ni relativizar el respeto de normas imperativas básicas.

El Gobierno no puede ampararse en un informe no vinculante para incumplir los compromisos adquiridos en el marco del diálogo social ni para renunciar a su obligación de garantizar un sistema de registro que sea verdaderamente objetivo, fiable, accesible y no manipulable. Está en juego el respeto a los derechos de 16,6 millones de personas trabajadoras y la propia equidad del sistema económico.

 Asimismo, es imprescindible asegurar condiciones de competencia leal entre los 1,34 millones de empresas de nuestro país. Las empresas que cumplen la ley no pueden verse perjudicadas frente a aquellas que basan su competitividad en el incumplimiento sistemático de las normas laborales. Tolerar esta situación supone legitimar la competencia desleal y erosionar el tejido productivo responsable.

Ambos sindicatos instan al Gobierno a continuar adelante con la reforma del registro de jornada, reforzando sus garantías y asegurando su eficacia real. España no puede permitirse volver a ser reprendida por las instituciones europeas por no garantizar derechos básicos en materia de tiempo de trabajo.

Las personas trabajadoras que ven prolongada ilegalmente su jornada sin retribución, las empresas que cumplen la ley y el conjunto de la sociedad española exigen una respuesta inmediata y contundente. El tiempo del diagnóstico ha terminado: es el momento de garantizar el cumplimiento efectivo de la ley.