El Movimiento Ibérico Antinuclear denuncia la estafa que supondría la ampliación de Almaraz

En la junta ordinaria de administradores de las Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT) las empresas eléctricas han conseguido compatibilizar sus intereses para pedir al gobierno que los reactores de Almaraz operen tres (en el caso de Almaraz I) y dos años (en el caso de Almaraz II) más de lo que estas empresas habían acordado voluntariamente en 2019. Este acuerdo quedó establecido después en los planes del gobierno y en el Real Decreto que prorroga durante más de 40 años la vida de Almaraz.

Cristina Rois, portavoz del Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA), ha mostrado su rechazo a que “se conceda un nuevo regalo a las nucleares rebajando o haciendo desaparecer esta tasa, destinada a alimentar un fondo que es insuficiente para la gestión durante siglos de los residuos nucleares”. Rois señala que “el insolidario oligopolio nuclear presiona de nuevo para evitar pagar por las consecuencias de su radiactivo negocio nuclear, con la complicidad de políticos como María Guardiola o Isabel Díaz Ayuso, que ha mostrado su apoyo a la continuidad de Almaraz y que en septiembre anunció una estrategia para desarrollar en la Comunidad de Madrid la investigación sobre la energía nuclear”.

Javier Andaluz, responsable de Clima y Energía en Ecologistas en Acción, ha manifestado que la normativa es clara en cuanto al proceso de renovación: “En ese sentido, señalamos que es irrelevante si el permiso es para uno o 10 años, se tiene que aplicar el procedimiento que aporte las máximas garantías y las inversiones de seguridad necesaria”. Andaluz ha añadido: “Hasta donde sabemos, la central no ha comunicado el cumplimiento de todas las medidas obligatorias o voluntarias exigidas en el condicionamiento del cierre anterior. Cualquier renovación debe pasar por el cumplimiento previo de todas ellas y por incorporar muchas más, necesarias por el deterioro acumulado de sus sistemas”.

Desde que se alcanzó el acuerdo voluntario de cierre ordenado en 2019, los datos económicos muestran con claridad que la energía nuclear es incapaz de competir con los bajos costes de operación de la eólica y la solar. Hoy día el gran volumen de electricidad renovable limita los ingresos a 56 euros por megavatio hora, lo que, según publican, está por debajo de sus costes totales. De hecho, Almaraz y otras nucleares ya desconectaron sus reactores por motivos de precio. En este nuevo marco, el sector nuclear necesita condiciones ventajosas al operar de forma constante y con pocos cambios de potencia. Esa falta de flexibilidad provoca que cuando hay un gran volumen de producción renovable fuerza a la desconexión de esta energía más barata y con menores impactos.

El MIA también denuncia la política pronuclear que ha manifestado el Partido Popular, con un nuevo “rescate” mediante el pago con dinero público del carísimo tratamiento de sus residuos. Según las declaraciones del PP, parece que prefiere impedir nuevas inversiones en renovables y almacenamiento para evitar que la nuclear vea muy dificultada su rentabilidad. En palabras de Cristina Rois: “Se prefiere desperdiciar energía limpia y de muy bajo coste y aumentar la dependencia de países de la órbita rusa y de África. Compramos el uranio de Putin con la que financia su guerra en Ucrania mientras se exige que gastemos el 5% del PIB para frenarlo. Por tanto el alargamiento de la operación de las nucleares es de hecho, una penalización a cualquier transición energética viable con la emergencia ecológica”, concluye Rois.

Carmen Ibarlucea, portavoz del Foro Extremeño Antinuclear, considera que para Extremadura la prolongación de Almaraz significaría “prolongar la dependencia del gigante industrial nuclear que en 44 años solo ha creado empleos ligados a sus necesidades directas”. La activista recuerda que los datos de la EPA 2024 muestran en la provincia de Cáceres un paro del 16,52%, seis puntos superior a la media nacional.Ibarlucea ha añadido que “las renovables adecuadamente planificadas y responsables sí podrían generar una mayor empleabilidad, además la comunidad reúne condiciones para ser un ejemplo en fotovoltaica y termosolar. La continuidad de esta central nuclear, sin embargo, hace inviable que se pueda avanzar en una transición energética responsable con las personas, los territorios y el planeta”.

Por su parte, Paca Blanco, histórica activista antinuclear extremeña, advierte de que con esta prórroga “se alejaría la posibilidad de un futuro digno para todas en Campo Arañuelo. Y cuando cierre, porque algún día lo hará, su legado serán los 126 contenedores con el combustible gastado que hay ahora, más otros 13 por cada década de prolongación de operación”. Blanco ha subrayado que “permanecerán ahí mucho tiempo, cuando ya no existan las empresas nucleares, hasta que otras generaciones se ocupen de darles un destino más seguro”.

Por todo ello, el Movimiento Ibérico Antinuclear exige que no se subvencione más la energía nuclear y que las empresas propietarias se hagan cargo de los costes de la gestión de todos sus residuos radiactivos. El MIA exige que cesen las noticias falsas y publicidad de los planes nucleares: “No se puede afirmar que sean asfixiadas por los impuestos, sino que se estableció una tasa para gestionar sus peligrosos desechos radiactivos y el riesgo de continuar con una tecnología del siglo pasado, y muy cara, es inasumible”, denuncian desde el colectivo.

El MIA señala también que estará vigilante a cualquier paso en el sentido de continuar esa prórroga, momento en el que exigirá su cese inmediato, pero también que no se retuerza la legislación y se cumplan con los máximos estándares de seguridad sea cual sea el tiempo de su extensión.