La FeSP exige el fin del asesinato de periodistas y de bombardeos contra la sociedad civil en Gaza

La Federación insta al Gobierno a agilizar la aplicación del Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, que ya debería estar en vigor

La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) exige a Israel el fin del asesinato de periodistas en Gaza, a quienes ha convertido en su objetivo para que no informen sobre los crímenes que está cometiendo su Ejército, y reclama el cese inmediato de los bombardeos contra la población civil. El genocidio que está cometiendo el Gobierno israelí contra el pueblo palestino, totalmente inadmisible, ha causado en dos años más de 65.000 víctimas –según la ONU podrían ser más de 680.000–, la mayoría de ellas mujeres y niños y niñas, además de más de 250 periodistas, personal sanitario y cooperantes.

Esta organización, que ha apoyado numerosas manifestaciones, concentraciones y otros actos de protesta contra la invasión de Gaza por parte de Israel, reitera la petición de que Israel permita la entrada de la prensa internacional en la Franja, como viene reclamando la Federación Internacional de Periodistas (FIP) de la que forma parte. La FeSP reconoce y aplaude la heroica y meritoria labor de las y los periodistas palestinos, pero también se debe permitir la presencia de la prensa extranjera para que se cumpla plenamente el derecho a la información que consagra el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

La Junta Ejecutiva Federal de la FeSP, reunida este fin de semana en Barcelona, se solidariza con los y las profesionales de la información de España y otros países que, por ejercer su obligación de informar sobre la masacre en Palestina desde los medios donde trabajan, son objeto de acoso, insultos y ataques personales en las redes sociales por parte de sectores proisraelíes u otros. Esta organización les anima a continuar con su tarea profesional y a denunciar públicamente a quienes les acosan.

La FeSP también expresa su apoyo a la Flotilla que navega rumbo a Gaza, rechaza los ataques que ha sufrido y exige al Gobierno de Israel que respete el Derecho internacional y el derecho humanitario permitiendo que llegue a puerto y entregue la ayuda en alimentos y medicina que transporta.

La Junta Ejecutiva Federal de la FeSP también insta al Gobierno a agilizar y ser riguroso en la aplicación del Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA, por sus siglas en inglés de European Media Freedom Act), una norma de obligado cumplimiento en todos los países de la Unión Europea que ya lleva demasiado retraso sobre los plazos que en ella se establecen para su entrada en vigor.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ha sido designada por el Gobierno como la autoridad reguladora que establece el Reglamento, debe crear un registro de medios accesible a la ciudadanía en el que conste la propiedad de sus propietarios o accionistas, importe anual que reciben por publicidad institucional y otros datos. Para cumplir esta y las demás obligaciones que le asigna esa norma, es urgente que el Gobierno dote a dicha Comisión de «los recursos económicos, humanos y técnicos adecuados para desempeñar sus funciones», tal como indica la citada norma europea.

El Reglamento también obliga a los Estados miembros de la UE a que garanticen el funcionamiento independiente de los prestadores del servicio público de los medios de comunicación, adoptando determinadas medidas respecto al nombramiento y destitución de sus directivos, duración de su mandato o financiación. Nada de eso se ha hecho ni en RTVE ni en las radiotelevisiones autonómicas por parte de sus gobiernos.

La Junta Ejecutiva Federal de la FeSP también denuncia la creciente manipulación informativa de las radiotelevisiones públicas autonómicas, especialmente en las comunidades gobernadas por el PP o con el apoyo de Vox. Esos medios deben ofrecer a la ciudadanía una información veraz, plural y de calidad, algo que ahora no hacen debido a la injerencia política de los gobiernos autonómicos, lo que constituye una grave vulneración del derecho a la información, un derecho humano esencial en las democracias reconocido en el artículo 20 de la Constitución, en varios estatutos de autonomía y en tratados y convenios internacionales. También supone un incumplimiento del Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación.