Ecologistas en Acción de Extremadura denuncia que la Junta usa la normativa ambiental como chivo expiatorio de su ineficacia

Ecologistas en Acción de Extremadura denuncia que la Junta intenta convertir a la normativa ambiental —e incluso al propio monte, que es la verdadera víctima— en chivo expiatorio de unos incendios que responden a su ineficacia, dejación de funciones e incompetencia.

La organización denuncia que la Junta ha convertido la tragedia de los incendios en un arma de confrontación política, justo en plena emergencia. «En lugar de análisis sereno y autocrítica, se ha instalado en el negacionismo y en el blanqueo de bulos para ocultar su propia responsabilidad», han afirmado desde la organización.

Ecologistas en Acción recuerda que Extremadura ya estaba advertida de que las condiciones meteorológicas del verano serían muy favorables para la generación e intensificación de incendios, debido al fuerte crecimiento de pastizales que, combinados con el viento, se convierten en un vector de propagación imparable. Pese a ello, la Junta no adoptó en mayo medidas excepcionales en la orden de peligro alto por incendios, ni la modificó después para reforzar la prevención y la inspección.

La organización subraya que la prevención no consiste únicamente en trabajos de limpieza forestal: incluye también educación ambiental, inspecciones rigurosas y sanciones efectivas. Sin embargo, la Junta carece de un verdadero plan de inspecciones para comprobar el cumplimiento de las medidas obligatorias en montes, terrenos rústicos y zonas periurbanas. Para toda Extremadura apenas dispone de un par de técnicos encargados de coordinar estas funciones, lo que resulta claramente insuficiente. A ello se añaden las diferencias y descoordinación entre el Servicio Forestal y el de Prevención de Incendios, así como la falta de equilibrio presupuestario entre ambos.

En los terrenos bajo su propia responsabilidad, la actuación de la Junta también es deficiente. Este año no se desbrozaron cunetas de carreteras a tiempo, numerosos cortafuegos en montes públicos quedaron sin repasar y muchos montes de antiguos consorcios o convenios se han dejado degradar a la espera de su caducidad, en lugar de reconvertirlos en monte público e invertir en su gestión. Incluso allí donde se realizan inversiones, éstas no se ajustan a las necesidades ni a lo previsto en los planes de ordenación forestal.

A todo ello se suma el conflicto laboral con los Agentes del Medio Natural, un cuerpo que lleva años reclamando medios materiales y humanos. Con solo 250 agentes para toda Extremadura, cada uno debe cubrir unas 17.000 hectáreas, cuando serían necesarios al menos 400 para un trabajo eficaz. Además, siguen sin dotarse brigadas propias de investigación de incendios, una función que se ha externalizado a empresas privadas.

La descoordinación y falta de dirigencia de los servicios con los agentes, en cuanto a la inspección de los planes de prevención, planes periubanos, memorias técnicas, denuncias que no llegan a ningún lado, la falta de reuniones con los agentes de cara a las campañas altas de incendios… hacen que el cumplimiento de la legislación en cuanto a la prevención sea papel mojado.

Déficit de prevención en fincas privadas y análisis de los incendios

Ecologistas en Acción recuerda que el 93% de la superficie forestal extremeña es de titularidad privada, en su mayoría dehesas y pastos que han actuado como auténtica gasolina de los incendios. Las lluvias de primavera y la ausencia de inspecciones coordinadas hicieron que muchas medidas preventivas no se ejecutaran o se hicieran de forma deficiente. En un contexto de acumulación de pasto, habrían sido necesarias medidas complementarias o excepcionales por parte de los propietarios, que con frecuencia se escudan en prohibiciones inexistentes o en una supuesta falta de información.

También ardieron pequeñas fincas y zonas en mosaico, al no estar obligadas por la legislación actual a aplicar medidas preventivas. Ecologistas en Acción considera que esta exclusión es un error, ya que deja fuera a gran parte del territorio en un contexto de cambio climático.

Además, cada gran incendio forestal (GIF, más de 500 ha) en Extremadura presenta características diferentes: no es lo mismo un fuego en dehesa que en alta montaña, en zonas despobladas o en áreas periurbanas muy transitadas. Por eso no caben recetas simples y universales, sino análisis caso por caso para extraer lecciones y ajustar la prevención. Lo mismo debería aplicarse a los fuegos recurrentes de menor tamaño, especialmente en áreas periurbanas.

Instrumentalización política y falta de autocrítica

La organización denuncia que la Junta de Extremadura ha tratado de convertir la protección ambiental —e incluso al propio monte, que es la víctima— en culpable de los incendios, ocultando así su ineficacia y dejación de funciones. Además, ha utilizado esta emergencia para la confrontación política, recurriendo a bulos y mensajes negacionistas en lugar de hacer un análisis técnico y sosegado. Todo ello sin mostrar autocrítica ni la humildad necesaria para reconocer que, durante los días más críticos, debería haberse asumido un nivel 3 de alerta.

Presiones externas y responsabilidad de los propietarios

Ecologistas en Acción advierte de que la Junta actúa como rehén de los intereses cinegéticos y de la patronal agraria, como muestran sus declaraciones recientes. En lugar de exigir a los propietarios que cumplan la ley —realizando desbroces, cortafuegos y medidas obligatorias— se ha optado por lanzar un discurso contra la normativa ambiental y por bloquear avances en conservación. Con ello, se oculta que son los propietarios quienes están obligados legalmente a reducir el riesgo de incendio derivado de su actividad.