Continúan los atropellos contra los y las privadas de libertad
El pasado 17 de abril el CGPJ (Consejo General del Poder Judicial), proponía eliminar el derecho que tienen los presos y presas en el estado español a los recursos de apelación al juez de vigilancia penitenciaria para pedir permisos de salida, para, en palabras de dicho órgano “aliviar la carga en los juzgados”. Esto implica que la persona privada de libertad queda totalmente expuesta a la arbitrariedad de las juntas de tratamiento, un equipo compuesto por directores y subdirectores de distintas áreas del ámbito penitenciario, así como psicólogos, psiquiatras y educadores sociales. Este recorte de libertades inadmisible, como muchos otros que estamos sufriendo debido al estado de alarma, podría quedar como permanente una vez acabadas las medidas extraordinarias debido a la situación del COVID-19.
Los incidentes y el malestar dentro de los muros de las prisiones cada vez son mayores. Siguen sin proporcionar EPIS a los internos, los cuales están catalogados como población de riesgo; y los carceleros muchas veces aun teniéndolos no los usan. Además, podemos confirmar que en un número importante de prisiones se está reduciendo la cantidad de comida que se les proporciona a los internos, según informan las familias de presos en las cárceles de Cuenca y Foncalent.
La situación de abandono en la que se encuentran la mayoría de presos y presas en el estado español se agrava debido a la crisis del coronavirus, dejando en una situación de vulnerabilidad total a las personas dentro de las cárceles. Este es el caso de un hombre drogodependiente en Ceuta, que había ingresado en la prisión el 14 de abril por saltarse el confinamiento, días más tarde moría en el hospital por coronavirus.
Si para una gran parte de la población en el estado español la situación de confinamiento supone una tortura psicológica, la situación de incertidumbre sumada a un encierro penitenciario da como resultado un aumento del estrés y las depresiones entre los reclusos. Por ejemplo, en Zuera, en el que en el último recuento de la noche los carceleros encontraron a un joven que ya había cortado las sábanas para quitarse la vida, según el centro, tenía problemas con un compañero de módulo, y aunque había pedido el traslado de celda se le había denegado. Otro caso sucedió en la cárcel de Palma, donde hallaron a un interno ahorcado en su celda. La administración de dicho centro tan sólo declara que “estaba deprimido”. En el mismo centro de Palma los internos se pusieron de acuerdo para echar instancias comunes solicitando que se les de alternativas a las penas privativas de libertad como podrían ser arrestos domiciliarios o trabajos a la comunidad, pero la jueza se las deniega por sistema, esto va en contra de las medidas recomendadas por la OMS.
Protestas en la prisiones
En la madrugada del día 19 el sindicato de carceleros ACAIP anunció que se había frustrado un intento de fuga de dos internos de Foncalent. Pero fuentes internas en la prisión nos confirman que en realidad eran cuatro los que trataban de fugarse. Tras el intento de fuga dos de los implicados han sido capturados y trasladados a aislamiento, de los otros dos se desconoce su situación. Y no es para menos, recordamos que el 15 de marzo al conocerse la suspensión de comunicaciones presenciales, los internos de Foncalent se plantaron exigiendo mayor información y medidas de protección frente al coronavirus. Pero la respuesta de las autoridades carcelarias fue trasladar a la zona de aislamiento a varios de los presos que participaban. Durante dos semanas estuvieron encerrados en la celda 23h al día, saliendo de uno en uno o de dos en dos como máximo. En las dos semanas posteriores, el encierro fue de 22h, situación que aún a día de hoy se mantiene.
La protesta es el único método que tienen los presos para hacer que se respeten sus derechos y que se les trate con dignidad. Es por ello que el pasado día 17 hubo una vez más un plante en la cárcel de Picassent, en el que participaron unos 50 internos. Al mismo tiempo que sucedía el plante, el ejército estaba instalando un hospital de campaña en la prisión, lo cual indica la gravedad de la situación en cuanto a la expansión del coronavirus en el centro penitenciario. La protesta en Picassent se saldó con cinco presos trasladados a las celdas de aislamiento, aquellos cinco que la dirección de la prisión identificó como líderes. Así mismo para estos cinco internos se ha solicitado el cambio a primer grado (aplicado a internos peligrosos o conflictivos) y su dispersión a otros centros penitenciarios.
En LLedoners, un grave caso ocurrió cuando un interno con síntomas de coronavirus fue trasladado a enfermería. A pesar de dar negativo, el protocolo marca que debía pasar 48h en aislamiento. Sin saber muy bien por qué, se le envía a la UHPP (Unidad hospitalaria de psiquiatría penitenciaria). Cuando despertó contó que no sabía que hacía allí, que no recordaba nada salvo que en aislamiento había sido agredido. Mientras tanto su mujer recibió un trato vergonzoso por parte de las autoridades penitenciarias. Al llamar preocupada por no recibir noticias de su marido en cinco días, recibió numerosas informaciones contradictorias, desde que “pronto volverá a enfermería” a “ha sido trasladado al hospital (penitenciario) de Terrassa, más tarde confirmó que ninguna de las informaciones proporcionadas había sido cierta.
En esta misma UHPP falleció un interno que fue trasladado allí tras tener un problema con su compañero de celda y ser inmovilizado por los carceleros.
Un rayo de esperanza
Sin embargo, no todo son malas noticias, se ha flexibilizado el acceso de sanitarios a los puestos médicos (ya no piden el MIR), permitiendo que más profesionales puedan suplir la carencia de personal en los centros penitenciarios. El día 19 nos llenaba de alegría la noticia de que en Picassent comenzaban a liberar a preventivos y terceros grados, así como el 20 y el 21 comenzaban a salir reclusos de Soto. En Tenerife II el pasado 18 de abril se ha realizado una junta extraordinaria para todos los módulos en la que esperamos haya revisiones de grado y varios privados de libertad puedan obtener permisos o alternativas a la privación de libertad, como podrían ser arrestos domiciliarios o trabajos a la comunidad. El Defensor del Pueblo, a su vez, confirma que ha mantenido videollamadas con internos de Topas, Almería, Picassent, Teruel y todas las cárceles de Madrid.
Aun así los grupos por los Derechos Humanos en prisión y organizaciones de allegados y familiares no cesan en su lucha porque se apliquen las medidas recomendadas por la ONU y la OMS. Así como que se flexibilice el acceso gratuito a las llamadas para todos los internos y que se uniforme un protocolo para todos los centros penitenciarios en el que todos los internos puedan acceder a las videollamadas, ya que actualmente en la mayoría de prisiones solo tienen acceso aquellos presos con familiares gravemente enfermos, con un familiar fallecido o una pareja que dé a luz
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