Quince empresas, entre ellas CAF, señaladas por lucrarse con la ocupación israelí y el genocidio en Gaza

Amnistía Internacional denuncia en un informe que compañías de sectores como el armamento, la tecnología, el agua y el transporte mantienen vínculos comerciales con Israel que contribuyen a la ocupación ilegal, el apartheid y el genocidio contra la población palestina.

Amnistía Internacional ha publicado un nuevo informe en el que documenta la implicación de 15 empresas internacionales y locales en la ocupación ilegal israelí y en el genocidio en Gaza. Según la organización de derechos humanos, estas compañías, entre las que se encuentra la española CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles), sostienen con sus productos y servicios el sistema de apartheid, ocupación militar y limpieza étnica que padece el pueblo palestino desde hace décadas.

El documento —titulado “Acabar con la economía política que permite los crímenes de Israel”— insta a los Estados, instituciones públicas y empresas privadas a cesar toda colaboración con Israel en sectores que refuercen su maquinaria militar y represiva. De lo contrario, advierte Amnistía, “corren el riesgo de ser cómplices de crímenes de guerra, apartheid y genocidio”.

Empresas armamentísticas en el punto de mira

El informe señala a gigantes del sector militar como Boeing, Lockheed Martin, Elbit Systems, Rafael Advanced Defense Systems e Israel Aerospace Industries. Amnistía documenta cómo bombas fabricadas por Boeing fueron utilizadas en ataques aéreos contra Gaza que provocaron la muerte de decenas de civiles, incluidos niños.

Asimismo, la flota de cazas F-35 suministrada por Lockheed Martin constituye la columna vertebral de la Fuerza Aérea israelí, utilizada en el reciente bombardeo masivo sobre la Franja. Las empresas armamentísticas israelíes Elbit, Rafael e IAI, por su parte, proporcionan drones, municiones y sistemas de seguridad fronteriza que sostienen la ocupación y los ataques indiscriminados.

“Mientras estas compañías continúen abasteciendo al ejército israelí, ningún Estado ni institución pública debería mantener contratos con ellas”, recalca Amnistía.

La tecnología de la vigilancia y la nube

El informe también denuncia la colaboración de empresas del ámbito tecnológico. Hikvision y Corsight han suministrado software de reconocimiento facial utilizado para vigilar y controlar a la población palestina, consolidando las prácticas de segregación y restricción de movimientos.

Por su parte, la estadounidense Palantir Technologies mantiene una alianza estratégica con el Ministerio de Defensa israelí, proporcionando herramientas de inteligencia artificial directamente vinculadas a las operaciones militares en Gaza.

Amnistía exige que estas compañías suspendan de inmediato todas sus ventas y contratos con las fuerzas de seguridad israelíes y pide a los gobiernos que prohíban la comercialización de sus servicios en tanto exista riesgo de complicidad con crímenes internacionales.

CAF y el tren ligero de Jerusalén

La empresa española CAF aparece en el informe como un actor clave en la expansión del tren ligero de Jerusalén (JLR), que conecta los asentamientos ilegales israelíes en Jerusalén Este con Jerusalén Oeste. Este proyecto, según Amnistía, facilita el movimiento de colonos, consolida la anexión de Jerusalén y viola el Cuarto Convenio de Ginebra, que prohíbe el traslado de población del Estado ocupante al territorio ocupado.

Amnistía pide a CAF que suspenda inmediatamente su participación en el JLR y advierte a los Estados y a las instituciones públicas de que deben cesar contratos y desinvertir en la empresa hasta que se desvincule por completo de actividades relacionadas con los asentamientos ilegales.

Agua, demoliciones y turismo

El informe también identifica a Mekorot, empresa estatal israelí de agua, que aplica políticas discriminatorias al restringir el acceso de los palestinos al recurso mientras abastece de forma privilegiada a los colonos.

Asimismo, se señala al conglomerado surcoreano HD Hyundai, cuyas excavadoras y maquinaria pesada han sido usadas en la demolición de viviendas palestinas en Cisjordania, provocando desplazamientos forzados.

El sector turístico tampoco queda al margen: plataformas como Airbnb, Booking.com, Expedia y TripAdvisor continúan ofreciendo alojamientos en asentamientos israelíes, contribuyendo a normalizar y sostener la ocupación.

Obligaciones legales y llamado a la acción

Amnistía recuerda que, de acuerdo con la Corte Internacional de Justicia y las resoluciones de Naciones Unidas, todos los Estados tienen la obligación de prevenir y castigar el genocidio, así como de no colaborar con el apartheid ni la ocupación ilegal. Las empresas, por su parte, deben cumplir con los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, que les exigen evitar causar o contribuir a abusos.

El informe concluye con un llamado a la sociedad civil y al público en general para que mantengan la presión sobre gobiernos y corporaciones: “Hasta que estas compañías no demuestren que no sostienen la ocupación ni los crímenes de Israel, deben ser objeto de boicot, desinversión y campañas ciudadanas”.

Con estas pruebas, Amnistía Internacional deja claro que la ocupación y el genocidio no se sostienen solo con armas, sino también con contratos, inversiones y servicios de empresas internacionales.