El PCE-EPK exige el fin de Mina Muga ante las amenazas medioambiental, ética y financiera que encierra el proyecto

Tras las últimas noticias relacionadas con Mina Muga y la sentencia judicial del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) que paralizó temporalmente la explotación, el PCE-EPK de Navarra exige tanto al Gobierno de Navarra como al Gobierno de España dar carpetazo definitivo al proyecto Mina Muga, haciendo valer sus competencias y responsabilidades frente a la múltiple amenaza que supone el intento por parte de la empresa Geoalcali de construir una mina para extraer mineral de potasa en la frontera entre Navarra y Aragón.

Según denuncia el Partido Comunista de Navarra, la primera y más importe amenaza tiene que ver con el propio desarrollo de la comarca de Sangüesa en la que se quiere levantar la explotación. Como se ha denunciado en diversas ocasiones, recuerda la formación, la mina en su funcionamiento, además del enorme gasto de agua que necesita, contribuiría “sustancialmente” al cambio climático, ya que la potasa extraída iría a parar en su mayoría a la “agricultura intensiva”, que genera una huella de carbono “muy elevada”. Además, “lejos de los supuestos beneficios laborales que promete la empresa”, la mina ocasionaría una masiva circulación de camiones (500 al día según diversas asociaciones ecologistas) y contaminación en una zona navarra en la que “la prioridad económica no debe ser la creación de arriesgados proyectos sino asentar y mejorar la importante industria que ya existe”.

Por otra parte, y ante la noticia de la salida del proyecto de la empresa China Minmetals, el PCE-EPK advierte de que la viabilidad económica de Geoalcali queda “más que en entredicho”. De hecho, la compañía a la que pertenece, Highfield Resources Limited -con sedes en Australia y Navarra-, ha visto cómo el valor de sus acciones ha caído casi un 90% en los últimos diez años en el ASX, la principal bolsa australiana. A esto, recuerda el Partido Comunista, hay que añadir la reciente dimisión de su máximo responsable en Navarra, Ignacio Salazar, y varios de sus consejeros. Sería “totalmente irresponsable”, en palabras de la formación marxista que el Gobierno de Navarra siguiera dando “carta blanca” a un entramado empresarial “descabezado y sin ninguna garantía financiera”. “Experiencias como las vividas con BSH o Sunsundegui deben servir para implementar las medidas de control sobre el capital extranjero que pretende desembarcar en territorio foral”, añade.

Por último, el PCE-EPK hace referencia a las acusaciones y relaciones del proyecto con prácticas corruptas, que, según recuerda este partido, “han sido denunciadas desde el principio del proyecto pero que ahora, a raíz del conocido como caso Cerdán, empiezan a ser públicas”. Estas prácticas hacen “inviable” cualquier tipo de colaboración del Gobierno de Navarra o del español -a través del Ministerio de Transición Ecológica-, que es quien debería dar el visto bueno definitivo a los permisos explotadores.

El Partido Comunista de Navarra recuerda que, como es público, la empresa Geoalcali -a través de su fundación- se ha dedicado en la última década “a comprar los intereses de ayuntamientos y asociaciones de la zona, quienes a cambio de ayudas para parques infantiles, concursos escolares o certámenes literarios realizaban mociones a favor de la mina”. “A esta compra de apoyos” hay que sumar la trama ahora hecha pública, que apunta a que diferentes empresas (entre ellas Geoalcali, Servinabar y Acciona) y personas relacionadas con ellas ejercían “labores de influencia e intermediación” con responsables de las administraciones regionales y estatal para conseguir la aprobación de permisos para la explotación minera.

Por todo ello, y confiando en que de forma paralela las causas judiciales y la Comisión de Investigación abierta en el Parlamento de Navarra saquen a la luz y castiguen las posibles prácticas delictivas, el PCE-EPK afirma que es hora de que los gobiernos presididos por María Chivite y Pedro Sánchez “entierren definitivamente” el proyecto Mina Muga, dando un “ejemplo de firmeza ética, compromiso medioambiental y desarrollo industrial”.

El ruido mediático generado por Geoalcali y Highfield Resources Limited, fomentado en varias ocasiones por la presidenta María Chivite y el consejero de Industria y Transición Ecológica, Mikel Irujo; responde únicamente a los “intereses especulativos bursátiles” de esta empresa, sin actividad productiva conocida y cuyos 25 empleados se encuentran actualmente en ERTE, concluye el PCE-EPK.