USTEA denuncia que la Junta de Andalucía incumple con los objetivos de tasa de interinidad que exige la Unión Europea
- Un estudio del censo docente realizado por USTEA revela que más de 19.000 profesionales son personal interino. La Consejería ha ignorado sistemáticamente las exigencias de USTEA de ofrecer los datos sobre la tasa de interinidad en la Educación Pública de Andalucía tras los procesos de estabilización.
El escándalo de las cifras no admite más propaganda: de los 112.357 docentes que sostienen el sistema educativo andaluz, la friolera de 19.185 son personal interino, lo que suponen más del 17% del profesorado. Estos datos muestran una tasa de interinidad de más de un 12% (únicamente puestos estructurales cubiertos por personal interino), una cifra muy superior del objetivo del 8% que la Unión Europea exige y que demuestra la incapacidad manifiesta del Gobierno de Moreno Bonilla para consolidar el empleo público.
Los datos de la tasa de interinidad (puestos de trabajo permanentes y necesarios mínimos para atender al alumnado) han sido solicitados en numerosas ocasiones sin tener respuesta por parte de la Consejería de Educación. Mientras el Gobierno andaluz saca pecho de una supuesta gestión eficiente, la realidad es que aproximadamente uno de cada cinco docentes en nuestras aulas carece de un puesto estable, lo que supone un ataque directo a la continuidad pedagógica y a la calidad que merece el alumnado.
Estos datos confirman que el mal llamado «proceso de estabilización» que permitió la Ley 20/21 ha sido un fracaso absoluto en Andalucía. Es inaceptable que provincias como Cádiz y Huelva superen el 20% de tasa de interinidad, es decir, que haya un 20% de puestos estructurales ocupados por personal interino. Almería es otra de las afectadas por esta política contra los servicios públicos situándose en más de un 15%, muy lejos de alcanzar el 8% mencionado anteriormente. La Junta de Andalucía está utilizando a esta plantilla como recurso de bajo coste, eludiendo su responsabilidad de crear plazas estructurales y limitándose a realizar parches temporales que no solucionan el problema de fondo: la falta de voluntad política para blindar la educación pública frente a la precariedad y la apuesta del gobierno andaluz por la educación privada-concertada.
Desde USTEA Enseñanza exigimos una rectificación inmediata y la convocatoria de ofertas de empleo público que respondan a la realidad de estas cifras. Por esta razón, hemos solicitado en mesa de negociación en repetidas ocasiones que la oferta de empleo sea del 120%, con la finalidad de aumentar la plantilla estructural docente y acercarnos a lo acordado con la Unión Europea. Además, hemos exigido que se incluyan en las próximas convocatorias de oposiciones las 628 plazas desiertas de la convocatoria anterior, algo que la Consejería ya ha mostrado su negativa.
La paciencia del profesorado se ha agotado y, si la Administración no abandona su política de asfixia y desprecio al personal interino y, en general, a todos los servicios públicos, la respuesta en las calles y en las urnas será proporcional al atropello que estamos viviendo. En definitiva, USTEA Enseñanza reclama soluciones que disminuyan la tasa de interinidad a través de procesos selectivos que estabilicen a las personas reconociendo la experiencia docente de este personal.
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