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APDHA rechaza la sentencia que condena a nueve personas migrantes que saltaron la valla

18/10/2019
  • La sentencia no tiene en cuenta la situación límite que viven estas personas
  • Impone un castigo ejemplarizante que fomenta la criminalización de las personas migrantes
  • Preocupa la normalización de acusaciones populares de organizaciones posicionadas contra las personas migrantes
Fotografía de Javier Bauluz (web APDHA)

Andalucía, 18 de octubre de 2019. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha mostrado su preocupación ante la sentencia que este martes ha condenado a un año y medio de prisión a nueve de los 602 hombres originarios de países subsaharianos que accedieron a Ceuta a través de la valla en julio de 2018.

La organización ha señalado que “esta sentencia va en la línea de todas las medidas implementadas por el partido socialista, y en concreto, su ministro de Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska, que prosigue insistentemente con su labor de reducir la llegada por la Frontera Sur a cualquier precio. Y supone un paso más allá, pues su objetivo es imponer un castigo ejemplarizante y fomentar la creencia de que las personas que responden a un perfil étnico determinado son criminales”.

En este sentido, a APDHA le preocupa la normalización de acusaciones populares de organizaciones posicionadas contra las personas migrantes y confía en que el sistema judicial, fiscales y jueces, sirvan de dique de contención y apliquen la ley, con conocimiento y sensibilidad, defendiendo los derechos de todas las personas.

Para la organización, que se muestra en desacuerdo con cualquier tipo de acción violenta como principio, “no se ha tenido en cuenta en la sentencia el contexto de estas personas a las que la falta de vías de acceso legales y seguras las obliga a usar vías de entradas irregulares, forzándolas a migrar durante años, poniendo en peligro su vida una y otra vez, en desiertos y mares, sufriendo racismo, agresiones y vejaciones constantes por parte del Estado marroquí, que las coloca en una situación límite, y esa situación les hace tomar medidas un tanto desesperadas”.

Insisten desde la asociación, en que el trasfondo de este tipo de prácticas es que el Estado español vulnera sistemáticamente el derecho a migrar y a solicitar asilo, y “antes de reconocerlo, van a utilizar todo tipo de estrategias para justificar sus prácticas racistas y xenófobas:  las devoluciones en caliente condenadas por dos veces por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, las devoluciones exprés, la propia Ley de Extranjería, las inoperantes oficinas de asilo situadas en Ceuta y Melilla y, en este caso, la condena a las nueve personas que el pasado 26 de julio de 2018 accedieron a Ceuta a través de la valla”.

La asociación recuerda que esta condena se produce pese a que los órganos estatales conocen que Marruecos impide a las personas de origen subsahariano acercarse a la frontera, porque son parte de los acuerdos que se han establecido con España. “Es cuanto menos hipócrita considerar que desean poner en riesgo sus vidas y las de otras personas, si pudieran acceder por la frontera de Ceuta”.

Desde la organización, además, muestran su preocupación ante el calado social que pueda tener este tipo de sentencias e insisten en que “la población está acostumbrada a escuchar la palabra inmigración seguida de crimen organizado y otros delitos, y con esta sentencia se refuerza de nuevo ese discurso al asemejar la migración irregular con la criminalidad”. En este caso, se ha logrado criminalizar de forma directa a las personas que saltan la valla con un procedimiento que resulta llamativo. “Se les ofreció un acuerdo con una pena de prisión inferior a los dos años, que es generalmente suspendida, pero posteriormente, se negó su suspensión”.

La conversión del derecho a migrar y el esfuerzo por lograrlo en desórdenes públicos pone de relieve la perversión del lenguaje en la criminalización de los migrantes, aseguran. Además, explican, el relato planteado resulta contradictorio puesto que se señala a los nueve encausados como cabecillas y responsables de los actos de las otras 593 personas, pero después evidencia que carecen de recursos económicos. “Los presentan como una especie de mafiosos organizadores de ataques pero después reconocen que son víctimas del sistema migratorio”.

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