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40 años después CEAR sigue demandando la protección efectiva de las personas refugiadas

20/06/2019
  • Tras 4 décadas desde su nacimiento, CEAR denuncia la baja tasa de reconocimiento, las dificultades en el acceso en muchos territorios al sistema de asilo y reclama una respuesta eficaz y urgente al actual incremento de peticiones.
  • CEAR reclama al nuevo Gobierno que promueva un Pacto de Estado por el Asilo en coherencia con los Pactos Mundiales sobre migración y refugio ratificados por nuestro país el pasado diciembre.
Frontera de Tijuana con EE.UU. (México)

Madrid, 18 de junio de 2019. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha presentado en el día de hoy su Informe Anual La situación de las personas refugiadas en España y Europa, en el que manifiesta los preocupantes desajustes del sistema nacional de asilo y las dificultades de acceso al mismo. Las más de 46.000 solicitudes de asilo presentadas en los primeros 5 meses de este año, según datos de Interior, y los más de 100.000 expedientes acumulados en los últimos años pendientes de resolución suponen “la prueba más evidente de que es necesario un refuerzo firme y urgente del sistema de asilo para dar respuestas estables a la realidad que se vive en nuestro país, que se encuentra entre los primeros de Europa en número de solicitudes”. Además, ha recordado que en 2018 solo se aceptaron 1 de cada 4 solicitudes de asilo, muy por debajo de la media europea (38%) y se mantuvieron largos periodos de espera para formalizar las mismas, lo que en algunas provincias supone más de un año.

CEAR, entidad que cumple este año su 40 aniversario, valora positivamente la iniciativa del Gobierno de la puesta en marcha de recursos y centros para dar una mejor recepción y acogida a las personas que llegan a las costas españolas así como los “importantes gestos iniciales” que supusieron la aceptación de las embarcaciones de rescate rechazadas por Italia y Malta. Sin embargo, lamenta que meses después, desde el mismo Gobierno, se hayan puesto obstáculos a barcos de ONG que han impedido su labor de rescate en el Mediterráneo durante meses.

De una forma menos visible, también se han establecido en nuestro país otro tipo de obstáculos muy preocupantes: la imposición de visados de tránsito a personas de origen palestino (lo que resulta contradictorio ya que es una de las nacionalidades con un reconocimiento de protección más altos de nuestro país), y personas camerunesas. Además, se ha continuado con esta exigencia a las personas de origen sirio, en vigor desde el inicio del conflicto en 2011.

CEAR ha lamentado que un año más continuaron las llamadas “devoluciones en caliente” en Ceuta y Melilla, condenadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y sobre las que la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) se pronunciará próximamente. Por otra parte, el Gobierno recurrió inesperadamente, por primera vez en el mes de agosto, a un acuerdo bilateral con Marruecos de 1992 para realizar las llamadas “devoluciones exprés”, un procedimiento acelerado que dificulta detectar casos de especial vulnerabilidad o posibles solicitantes de asilo, una práctica que además se ha repetido en ocasiones posteriores.

Así, ante los diferentes enfoques de las políticas migratorias del Ejecutivo y ante el escenario de crecimiento de las solicitudes de asilo, CEAR reclama al nuevo Gobierno que recupere el ‘espíritu del Aquarius’ y promueva un Pacto de Estado por el Asilo, basándose en los Pactos Mundiales sobre migración y refugio ratificados por nuestro país el pasado diciembre y poniendo el foco en las personas.

Muertes y criminalización en Europa

En 2018, el Mediterráneo volvió a ser la ruta migratoria más peligrosa del planeta con al menos 2.299 vidas perdidas en sus aguas. De ellas, más de 800 fueron en las rutas hacia España, lo que supone un dramático incremento respecto al año anterior. Sin embargo, la respuesta de la mayor parte de los países de la UE fue criminalizar la labor solidaria de salvamento que realizan los barcos de las ONG.

“Europa cerró aún más sus fronteras a las personas refugiadas, puso obstáculos a quienes salvan vidas y en la mayoría de países los discursos xenófobos ganaron terreno en partidos políticos y medios de comunicación”, lamentó la directora de CEAR, Estrella Galán. “Los gobiernos deben ser valientes y defender la Europa de los valores y no la que tratan de imponer Salvini y Orban” continuó.

Ante el cierre de puertos de Italia y Malta, CEAR reivindica el impulso por parte del Gobierno español para liderar en Europa una nueva forma de gestionar las políticas migratorias, no centradas únicamente en el control de fronteras. Así mismo, exigió a instaurar un mecanismo europeo de desembarco seguro y predecible para que ninguna persona pueda ser devuelta a un país no seguro en el que su vida pueda correr peligro, en base al principio de no devolución, y que se garantice una reubicación de las personas rescatadas entre los miembros de la UE.

Souleymane Barry fue una de las víctimas de este cierre de puertos. Afortunadamente fue rescatado por el barco Open Arms en el Mediterráneo Central en julio de 2018 y trasladado a Barcelona por decisión del Gobierno: “En Libia no podía ni ir al médico, aquí ahora me siento seguro”, señaló en la presentación del informe. Todavía sigue pendiente de la resolución de su petición de asilo.