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La violencia de género durante el embarazo: “El agresor puede impedir a la mujer tomar anticonceptivos para después usar al bebé como un arma de control”

31/05/2019
  • Las víctimas de violencia machista tienen más posibilidades de sufrir un embarazo no deseado.
  • Aproximadamente, el 30% de las mujeres embarazadas sufren violencia de género.
  • La vida del feto y salud física y mental de las víctimas en esta etapa corren grave peligro.
Segunda mesa de las jornadas. De izquierda a derecha, Susana Martínez, María Luisa Lasheras, Sara Vicente y María de los Ángeles Ceballos

La Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres (CIMTM) organizó el pasado martes 28 de mayo, Día Internacional de la Salud de las Mujeres, unas jornadas para analizar los efectos que tiene la violencia de género en la salud de las víctimas, con especial referencia a las embarazadas.

El embarazo es un período especialmente vulnerable en la violencia machista por el grave peligro que corre la vida de la mujer y del feto, y también por los distintos cambios que pueda provocar en la relación la llegada de una nueva persona que necesita atención y protección.

Tener un bebé es una forma más de que los maltratadores ejerzan control sobre las mujeres y por ello “un arma es no permitirlas controlar su propia fertilidad. Se les impide tomar anticonceptivos o se les obliga a hacerlo. Una víctima de violencia de género tiene muchas más posibilidades de tener un embarazo no deseado”, aseguró la ginecóloga Alexandra Arranz.

Según la Secretaria de la Comisión Técnica de Acciones en Salud frente a la violencia de género en la Conserjería de Sanidad, aproximadamente un 30% de las mujeres embarazadas sufren violencia, con unas consecuencias devastadoras.

Estos efectos los enumera Arranz: traumatismos abdominales, desprendimiento de la placenta, empeoramiento de enfermedades crónicas, sangrados… Y psicológicos: ansiedad, suicidio, estrés postraumático…

Para el feto, la violencia de género durante el embarazo puede provocar la muerte, la prematuridad, la rotura prematura de membranas entre otros riesgos. Cuando crecen, los hijos de las víctimas pueden desarrollar actitudes agresivas, como el maltratador, y las hijas pueden normalizar la violencia en sus relaciones.

Mónica López, trabajadora social y coordinadora del Programa Fortaleza de la CIMTM, ha criticado la ausencia de casas de acogida específicas para mujeres embarazadas. También destaca que no conoce “ninguna mujer a la que se le haya concedido el pago único a nivel estatal por ser víctima de violencia.

La ayuda que reciben depende de que tengan una orden de protección en vigor o una sentencia y es solo de 426 euros”, una cifra con la que es imposible lograr su independencia económica, más aun con bebés a cargo.

Según la psicóloga Trinidad Soria, las víctimas de violencia machista aseguran que su embarazo fue “el periodo de su vida donde más inmensamente solas se han sentido viéndose también solas ante el futuro”.

Algunos de los indicadores de que una mujer sufre esta situación son “mostrar una tristeza profunda, vergüenza, sentirse abandonadas. Sus parejas siempre están ausentes y distantes, ellas, en tensión y siempre alerta. Algunas creen que merecen una especie de castigo por continuar con el embarazo”.

PROYECTO RESPONSE

La segunda mesa la arrancó la presidenta de la CIMTM, Susana Martínez Novo, explicando el desarrollo del Proyecto Response, una iniciativa llevada a cabo por varios países europeos (España, Francia, Rumanía, Alemania y Austria) con el objetivo de formar al personal para mejorar la capacidad de identificación de la violencia de género en el ámbito sanitario.

“Con el embarazo aumentan las revisiones médicas, las visitas de atención perinatal son una oportunidad crucial para la identificación del caso y su derivación. Los proveedores de atención médica son profesionales en los cuales las mujeres generalmente confían”, ha explicado Susana Martínez.

Los datos expuestos por la presidenta de la CIMTM señalaron a España como uno de los países más avanzados de todos los que participaban en el proyecto, pero se apuntaron algunas medidas necesarias: consultas privadas en las que no se permita entrar a la paciente acompañada (para evitar que entre su agresor con ella y la coaccione), coordinación interinstitucional e interprofesional y un presupuesto específico en el sector sanitario para servicios destinados a víctimas de violencia de género.

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