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IU Gerena denuncia que el Ayuntamiento entorpece a la justicia en un caso de fraccionamiento de pagos

05/05/2019

La organización asegura que la maniobra del Ayuntamiento de esta localidad sevillana de personarse como perjudicado en una investigación judicial sobre fraccionamiento de contratos públicos tan solo busca obstruir a la justicia.

Gerena / Andalucia.org

El ayuntamiento de Gerena (Sevilla) se ha personado como perjudicado en el procedimiento investigado por el juzgado de instrucción nº 16 de Sevilla por el cual se está investigando, entre otros hechos, el presunto fraccionamiento de, al menos, un contrato público con objeto de evitar la licitación pública, prescindiendo de cualquier trámite administrativo y proceder así a su adjudicación directa.

Entre los delitos presuntamente apreciados se podría encontrar la prevaricación, cohecho y la malversación tras haber procedido a fraccionar en 24 facturas un contrato por el valor de 100.715,65 € durante los años 2016 y 2017, siendo regidor el socialista Javier Fernández Gualda, actual secretario local del PSOE-A de Gerena, suplente en las listas al Senado en las recientes elecciones generales y actual candidato a la alcaldía.

El procedimiento judicial se encuentra parcialmente bajo secreto de sumario y realizándose la investigación por el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional que ha tomado ya declaración a diversos funcionarios del ayuntamiento de Gerena, a la concejala del partido socialista  Encarnación Ramírez Tovar y al propio alcalde, Javier Fernández Gualda.

La decisión de personarse ha sido tomada en la Junta de Gobierno Local, presidida por el alcalde, una de las personas presuntamente investigadas y a espaldas del pleno municipal, sin que la acción haya sido comunicada a ningún grupo municipal de la oposición. Entre las supuestas razones alegadas para la personación como perjudicado se ha esgrimido el grave menoscabo y perjuicio que, de comprobarse los hechos investigados, podía verse ocasionado al ayuntamiento de Gerena y poder exigir un futuro el resarcimiento.

Desde Izquierda Unida de Gerena se ha manifestado que puede entender las causas por las que se persona el ayuntamiento pero que teme que la verdadera intención sea entorpecer y retrasar la investigación y la próxima citación en sede judicial de las personas investigadas y su posible imputación formal, además que no se puede ser a la vez investigado y perjudicado en una causa, así como que se haya ocultado la actuación al pleno municipal.

Desde la toma de posición de la nueva interventora y secretaria municipal, tras la inhabilitación del secretario-interventor anterior, se puso de manifiesto en diversos informes emitidos que la organización municipal y la gestión económica era inexistente y caótica, sin clasificación de documentos y que la imagen de la contabilidad era “pura quimera” o informes desfavorables al pagos de facturas donde se había prescindido de tramitar un procedimiento licitatorio y aconsejar reiteradamente al alcalde por escrito y verbalmente la tramitación de expedientes de contratación para la adjudicación de forma legal, acción que no se ha realizado hasta la citación y toma de declaración en sede policial de las personas investigadas.

Tras el conocimiento de tales irregularidades el grupo municipal de Izquierda Unida de Gerena convocó en marzo de 2017 un pleno extraordinario, acordándose en dicho pleno la remisión de todos los informes tanto a la Cámara de Cuentas de Andalucía así como a la Fiscalía Provincial de Sevilla.

De los tres últimos alcaldes socialistas, dos fueron condenados por delitos urbanísticos. En agosto del 2016 el juzgado de lo Penal número 12 de Sevilla ratificó una condena a ocho años de inhabilitación contra el ex alcalde, Jacinto Pereira, la ex alcaldesa Margarita Gutiérrez y tres concejales, todos ellos del PSOE, por conceder una licencia en contra del ordenamiento urbanístico.

La sentencia ratificó la emitida en 2014 por un juzgado de instrucción, que ya indicaba que los condenados, miembros todos de la Junta de Gobierno, concedieron en 2008 una licencia de obras para la reforma y ampliación de una vivienda en la zona de Los Zarzalejos pese a que el arquitecto municipal informó desfavorablemente porque las normas urbanísticas vigentes clasificaban el terreno como "urbanizable sectorizado".

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