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El Ministerio del Interior revoca una multa de 600 euros impuesta por la Ley Mordaza a una activista ecologista

25/03/2019

En 2017, la Delegación de Gobierno en Madrid, en aplicación de la Ley Mordaza, impuso una multa de 600 euros a la Coordinadora de Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid, por protestar contra el vertido ilegal de tierras y escombros en una finca protegida, junto al monte de El Pardo. El caso fue tan inaudito que se recogieron más de 300 firmas en apoyo de la activista y Amnistía Internacional lo utilizó en su campaña para reclamar la modificación de la Ley. Ahora el Ministerio de Interior ha revocado la resolución de la Delegación de Gobierno. La organización muestra su satisfacción y exige la derogación de esta injusta norma.

El 27 de julio de 2016, Mª Ángeles Nieto, Coordinadora de Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid, junto a otros tres compañeros, extendió dos pancartas con los lemas: “Vertidos No, No, No” y “Más conservación y menos negocios”, a la entrada de la finca El Calverón, siempre en suelo rústico, sin interrumpir carreteras ni caminos de acceso. Esta finca se localiza al norte del municipio de Madrid, dentro del espacio protegido denominado Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y es colindante con el monte de El Pardo.

Durante meses, cientos de camiones procedentes de obras de construcción de los alrededores estuvieron vertiendo, con total impunidad, miles de metros cúbicos de tierras y escombros. Ante la inacción del Ayuntamiento de Madrid y de la Consejería de Medio Ambiente, Ecologistas en Acción decidió actuar para llamar la atención sobre el problema y forzar la paralización del vertido.

El día de los hechos, la propiedad de la finca, al ver la protesta y a varios periodistas con cámaras de televisión y entrevistando a los activistas, llamó a la Policía Nacional que al llegar al lugar solicitó la identificación. Nieto, pidió explicaciones a los agentes sobre el motivo por el cual eran identificados y les recriminó que no pidiesen los permisos de vertido al propietario de la finca.

Tras la acción de protesta, la Consejería de Medio Ambiente ordenó la paralización de los vertidos, precintó la finca e impuso una multa al propietario de 180.000 euros por el vertido de 51.492 metros cúbicos de tierra y 2.729 metros cúbicos de escombros, el equivalente al vertido de 2.711 camiones bañera.

Casi un año después, en junio de 2017, la activista recibió en su domicilio personal, una resolución de la Delegación de Gobierno imponiéndole una multa de 600 euros, por infracción grave, en aplicación de la Ley de Protección de la seguridad ciudadana, conocida como Ley Mordaza. El relato policial no se ajustaba a la realidad, ni en relación con los hechos sucedidos ni en la localización de los mismos. Según la policía, la activista ecologista y sus compañeros interrumpieron el tráfico en la carretera Fuencarral-El Pardo y obstaculizaron el paso de camiones a una obra que se realizaba en la finca La Muñoza que ni siquiera es colindante a la finca El Calverón, donde sucedieron los hechos. Se acusaba a Nieto de desobediencia por negarse a identificarse ante los agentes y en el acta policial se argumenta que la activista había mostrado su documento nacional de identidad “de forma chulesca” a los agentes.

La Coordinadora de Ecologistas en Acción, recurrió la resolución de la Delegación de Gobierno ante el Ministerio del Interior. Simultáneamente varias organizaciones ecologistas madrileñas, ARBA, la Asociación Ecologista del Jarama El Soto, GRAMA y Jarama Vivo iniciaron una recogida de firmas en apoyo de la activista. Se presentaron, ante la Delegación de Gobierno, más de 300 firmas de organizaciones, alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas, diputados y diputadas tanto del Congreso como de la Asamblea de Madrid. Además, Amnistía Internacional, utilizó el caso en su campaña para pedir la modificación de la Ley Mordaza.

Ahora el Ministerio del Interior, mediante Resolución de fecha 30 de enero de 2019, remitida a la interesada recientemente, revoca “en todas sus partes” la resolución de la Delegación de Gobierno y deja sin efecto la multa de 600 euros por defectos de forma en el procedimiento. No entra a valorar el fondo del asunto.

Mª Ángeles Nieto y Ecologistas en Acción muestran su satisfacción por la resolución del Ministerio del Interior pero recuerdan que son muchas las personas que están siendo sancionadas, detenidas y encarceladas, en base a la Ley Mordaza, una norma injusta que debe ser derogada cuanto antes.

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