Tarajal: 5 años de olvido e impunidad

El 6 de febrero de 2014 las fuerzas de seguridad fronterizas dispararon balas de goma sobre un grupo de inmigrantes que trataban de sortear a nado el dique fronterizo entre Marruecos y la ciudad autónoma de Ceuta. A pesar de que la intervención de los agentes de la Guardia Civil condujo a la muerte por ahogamiento de 15 personas, el ejecutivo de Mariano Rajoy apoyó su actuación, mientras el caso era archivado en los juzgados de instrucción de Ceuta.

Cabecera de la VI Marcha por la Dignidad en Ceuta el pasado sábado 6 de febrero / Pilar Garrido

El pasado sábado 6 de febrero, cientos de personas se manifestaron en la zona fronteriza de Ceuta para reivindicar la memoria de los sucesos de 2014 y exigir justicia. Bajo el lema “Tarajal no olvidamos”, los manifestantes exigían la reapertura de las investigaciones de los sucesos que acabaron con la vida de 15 personas ahogadas cuando trataban de llegar a la costa de Ceuta. Armand, Blaise, Luck, Jeannot, Keita, Larios, Roger Chimi, Oumaru, Youssouf, Usmane, Samba, Yves, Raouda y una víctima que cinco años después aún permanece en el anonimato.

Se trataba de la VI Marcha por la Dignidad, una movilización que anualmente persigue que esos sucesos no caigan, como parece suceder a pesar de la gravedad que revisten los acontecimientos, en el olvido.

Convocada por la asociación Elin - Encuentro sin Fronteras y secundada por decenas de entidades de todo el estado, la movilización contó con la presencia de manifestantes llegados de todo el país para exigir justicia.

“Creo que es un buen revulsivo para la buena conciencia de que todo funciona bien, me parece que sin memoria de las víctimas de la injusticia, un sistema democrático hace aguas”, declaraba Javier Baeza, párroco de San Carlos Borromeo, presente en la movilización.

Y es que a pesar de las evidencias que apuntan a la responsabilidad de la Guardia Civil, el suceso continúa atravesando un calvario judicial marcado por el constante entorpecimiento de las autoridades a la investigación. Poco después de los acontecimientos, el entonces secretario de estado para seguridad,  Francisco Martínez, admitía que las fuerzas fronterizas habrían disparado hasta 145 veces balas de goma a los inmigrantes que trataban de llegar a la costa. A pesar de estos datos y las pruebas gráficas de los acontecimientos, el ejecutivo de Mariano Rajoy respaldó la actuación de la Guardia Civil y, poco después, la causa judicial fue archivada en el Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta.

En el año 2017 el caso fue reabierto, únicamente para volver al archivo a principios del pasado año, siendo finalmente reactivado en agosto de 2018. Sin embargo, el caso reviste especiales dificultades, ya que muchos de los testigos fueron devueltos de forma inmediata a las autoridades marroquíes el propio 6 de febrero de 2014 en una práctica conocida como “devolución en caliente”, denunciada en reiteradas ocasiones por suponer una violación de derechos fundamentales.

Unas prácticas extendidas en gran parte de los estados fronterizos europeos en la pésima gestión de lo que han venido denominando “crisis migratoria”, que, tan solo en el año 2018, se saldó con al menos 2000 muertes en el Mediterráneo según datos de ACNUR.

Una dramática realidad que también fue objeto de las protestas durante la VI Marcha, en la cual se escucharon lemas contra las devoluciones en caliente, la ausencia de derechos fundamentales para los migrantes y la criminalización del fenómeno migratorio. Entre los manifestantes, muchos jóvenes inmigrantes que reclaman políticas migratorias acorde con la realidad.

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