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Izquierda Unida apoya la huelga convocada por CCOO contra las condiciones de semiesclavitud del falso cooperativismo en el sector cárnico

15/01/2019

- Izquierda Unida Provincial apoyará la huelga convocada por el sindicato CCOO en 'Embutidos Rodríguez' para acabar con la situación de "esclavitud" que sufren sus trabajadores y trabajadoras.

- Izquierda Unida exige al Gobierno y la Junta de Castilla y León que, como Galicia y Cataluña, modifiquen ya la ley de Cooperativas para garantizar que se les aplique las mismas condiciones que las establecidas en el convenio colectivo del sector en el que trabajen.

- La Junta de Castilla y León tiene especial responsabilidad en esta situación pues dio ayudas públicas tras el incendio de la fábrica de embutidos en 2016, pero, como es habitual, no exige que esas ayudas reviertan en una mejora de las condiciones de los trabajadores impidiendo este tipo de fraudes laborales que vuelven a implantar condiciones de semiesclavitud en nuestra provincia en pleno siglo XXI.

Izquierda Unida considera intolerable la desregulación, vulneración de los derechos básicos, al margen del estatuto de los trabajadores y el convenio colectivo que han implantado falsas cooperativas en el sector cárnico que obligan a sus trabajadores y trabajadoras a hacerse cooperativistas autónomos, sin horario establecido, sin salario fijo pues cobran por hora o por pieza manipulada, sometidos a ritmos de producción salvajes que provocan enfermedades profesionales que no les son reconocidas...

Cuando hace más de tres décadas trabajadores del sector cárnico se asociaron con el objeto de ejercer su profesión mejorando su situación laboral, sin tener que ser explotados por ningún empresario y decidieron constituirse en cooperativa de trabajo asociado, no podían ni imaginarse en aquellos momentos era que, en pleno siglo XXI, aquella iniciativa social y solidaria se haya convertido en una forma de explotación que en algunos casos ronda la esclavitud.

Sin protección social, sin vacaciones, sin derechos, con jornadas interminables, con salarios de miseria… Esta es la situación en la que viven la mayoría de los trabajadores del sector cárnico, obligados a darse de alta como trabajadores autónomos e ingresar en estas falsas “cooperativas de trabajo asociado” que operan en el sector. Una práctica en la contratación laboral que se viene desarrollando en el sector y que se ha venido denunciando desde hace años por parte de los Sindicatos.

Una política que vulnera derechos básicos de los trabajadores y las trabajadoras, propiciando una política contractual que evita la aplicación del convenio y la correcta cotización a la Seguridad Social, tanto para garantizar las coberturas por contingencias por enfermedad, como para garantizar la carrera de cotizaciones de los trabajadores y las trabajadoras de cara a una futura pensión. Algo intolerable cuando además Embutidos Rodríguez recibió importantes ayudas públicas recientemente por parte de la Junta de Castilla y León para relanzar su negocio con el compromiso de erradicar el modelo de los falsos autónomos.

Se trata en muchos casos de la mala praxis en la utilización de las Cooperativas de Trabajo Asociado para fines muy distintos a aquellos para los que se crearon, por cuanto actúan de tapadera para obligar a trabajadores y trabajadoras a hacerse cooperativistas autónomos, cuando deberían ser trabajadores por cuenta de las empresas que contratan los servicios a esas cooperativas.

Izquierda Unida denuncia que estas mal llamadas cooperativas de trabajo asociado, se escapan a la aplicación de las normas laborales reguladas en el Estatuto de los Trabajadores y el Convenio Colectivo del sector, por lo que en la práctica sitúan a estos trabajadores, en una gran parte inmigrantes, en la más absoluta precariedad, con jornadas interminables en muchos casos, sin posibilidad de conciliar la vida laboral y la familiar, sin derecho alguno a los recogidos en las normas laborales, al mismo tiempo que se produce un fraude a la Seguridad Social al no ser dados de alta en el Régimen General por parte de las empresas usuarias de estas cooperativas.

Esta práctica, además de vulnerar derechos fundamentales de los trabajadores/as afectados, ya que consiguen precarizar los salarios, las jornadas y las condiciones de trabajo, está provocando un deterioro en la imagen de la actividad cooperativista, muy necesaria en diferentes sectores de la actividad socio-económica en nuestra provincia, una actividad cuyo valor principal es la verdadera democracia interna en la gestión de las empresas, con socios fehacientemente voluntarios y no obligados como es el caso en el sector cárnico.

Izquierda Unida considera que el sector de empresas cooperativas cumple con una función muy necesaria en el tejido económico y social en nuestra provincia y no debe sufrir un deterioro en su imagen por estas prácticas, que suponen un fraude inmenso multimillonario a la Seguridad Social, porque se obliga a los trabajadores a cotizar como falsos autónomos, algo que hasta ahora ha quedado impune.

Desde Izquierda Unida Provincial nos preguntamos: ¿Cómo es posible que esta situación perdure en el tiempo con absoluta impunidad de quienes utilizan esta mala praxis? La respuesta está en la normativa actual, en concreto en la ley de Cooperativas de Trabajo Asociado, que establece que las condiciones de trabajo y económicas de los trabajadores cooperativistas las regule la propia cooperativa. Y ya se puede adivinar que el poder de decisión de estos trabajadores y trabajadoras dentro de la cooperativa es absolutamente nulo.

Por todo ello, el problema no se solucionará mientras no se cambie la normativa, cuya responsabilidad es del Gobierno, pero también de la Junta de Castilla y León que, como Galicia y Cataluña, puede modificar ya la ley de Cooperativas de su ámbito, en el sentido de garantizar que a estos trabajadores y trabajadoras se les aplique las mismas condiciones que las establecidas en el convenio colectivo del sector en el que trabajen. Pues estas falsas cooperativas están utilizando León para establecerse y seguir operando en condiciones que ya no les permiten en Cataluña o Galicia donde la Administración laboral ha declarado ilegal esa práctica. Debe ser la Junta la primera en dar los pasos necesarios para impedir este tipo de fraudes laborales que vuelven a implantar condiciones de semiesclavitud en nuestra provincia en pleno siglo XXI.