La Tienda Republicana

Las compañías financieras demandan 1350 millones de euros al estado por la planta Castor

05/01/2019

Bankia, Caixabank y Santander presentan una demanda ante el Tribunal Supremo por “los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la pérdida de las inversiones realizadas por ellos”.

Instalaciones de la malograda planta Castor / XTec

El desastroso proyecto Castor consistente en establecer una planta de fracking frente a las costas de Castellón y Tarragona continúa generando problemas al estado diez años después de su puesta en marcha y cinco después de su cese de actividades.

En el año 2014, tras el cese de actividades de la planta, motivado por el alarmante incremento de actividad sísmica en la costa levantina tras su puesta en marcha, el gobierno del entonces presidente Mariano Rajoy decidió en Consejo de Ministros establecer una indemnización a Enagás de 1350 millones de euros. Dicha indemnización se cargaría en los consumidores que lo pagarían a lo largo de 30 años con sus facturas del gas.

Sin embargo, la a todas luces abusiva y rayana en lo fraudulenta medida del ejecutivo ha recibido una sucesión de reveses judiciales durante los últimos meses. En primer lugar, una sentencia del Tribunal Supremo obligó a Enagas a devolver los 18 millones de euros que había cargado en las facturas de sus clientes solo durante el año 2015.

Posteriormente, el 22 de diciembre el Tribunal Constitucional declaró anticonstitucionales varios de los artículos del Decreto Ley mediante el cual el Consejo de Ministros impuso la compensación económica a las empresas privadas que participaron en el catastrófico proyecto. Desde ese momento, el ejecutivo dejó de abonar las compensaciones económicas a las tres entidades financieras que habían adquirido los derechos de cobro adelantando el dinero a Enagas.

Ahora, estas tres entidades, Bankia, Caixabank y el banco Santander exigen al estado la cuantía de la indemnización porque consideran que ha habido un “enriquecimiento injusto del estado” gracias a la sentencia.

Una particularidad difícil de describir en todo el proceso es que uno de los querellantes ante el Supremo, Bankia, tiene al propio estado como accionista mayoritario.

La base legal en la cual argumentan su demanda es la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas que prevé la asunción de responsabilidades económicas por parte del Estado "siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley".

Por el momento, ni la Comisión Nacional del Mercado de Valores ni el Consejo de Estado han realizado ninguna valoración pública sobre la decisión de tomar medidas legales por parte de las corporaciones financieras.