La Tienda Republicana

La Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales pide que el IVA de la factura eléctrica pase del 21% al 4%

21/09/2018

La CEAV solicita que el suministro eléctrico tenga la consideración de un servicio público esencial, tras la subida descontrolada del precio de la luz, que se ha disparado un 21,3% en los primeros días de septiembre respecto a 2017. También demanda medidas eficaces contra la pobreza energética y el sometimiento de las comercializadoras y distribuidoras al arbitraje de consumo.

La factura de la luz se ha disparado un 21,3% / Archivo

La Confederación Estatal de Asociaciones vecinales (CEAV), que agrupa a más de 3.000 entidades y 100 federaciones hace público hoy un comunicado en el que demanda medidas urgentes ante la subida descontrolada del precio de la luz, que según cifras de la Comisión Nacional de los Mercados de Competencia se ha incrementado un 21,3% en los primeros días de septiembre respecto al mismo periodo de 2017.

A continuación reproducimos el contenido íntegro de la nota de la CEAV, que la federación vecinal madrileña suscribe de principio a fin.

De una forma u otra, durante más de una década, hemos denunciado ante la Administración pública que el suministro eléctrico a los hogares no tiene la consideración de servicio público esencial al que tenga derecho toda la ciudadanía, por lo que la “pobreza energética” está afectando en estos momentos a más de millón y medio de hogares. Hemos denunciado la falta de planificación energética derivada de la renuncia a las competencias de planificación por parte del Estado de las instalaciones de generación y de la posición dominante de las grandes empresas de generación, lo que ha supuesto un reforzamiento del poder oligopolista de estas empresas, que han derivado en la opacidad e injusto tipo de mercado mayorista a coste marginal: un sistema donde se retribuye a todas las energías en función del precio de la más costosa de producir y no de sus costes reales. Un sistema incompatible con la competencia real.

En consecuencia, hemos propuesto:

  1. El establecimiento legal de la consideración del suministro eléctrico como un servicio público esencial al que tiene derecho toda la ciudadanía y el establecimiento de medidas eficaces contra la “pobreza energética” con protección a los sectores más desfavorecidos estableciendo un auténtico bono social.
  1. Que las comercializadoras de referencia y las distribuidoras deberán estar sometidas al arbitraje de consumo por ser entidades que prestan un servicio básico y fundamental y por contar con un monopolio natural al que no pueden acceder otras distribuidoras.
  1. La creación de un organismo público para la realización de las auditorías periódicas del Sistema, política de primas o ayudas a tecnologías renovables con intervención directa en las subastas de energía. A tal fin se podría ejercer el control de la posición dominante de las empresas de generación que a la vez controlan la comercialización.
  1. Y, en última instancia hemos exigido la reforma de la fiscalidad que se aplica al sistema eléctrico, limitando la acumulación actual de impuestos que recaen sobre la tarifa eléctrica y la reducción inmediata del IVA del 21% al 4%.

Por todo ello, transmitimos al Ministerio de Transición Ecológica y al Ministerio de Industria, para que en el ejercicio de sus competencias en el sector eléctrico, tramiten en la mayor brevedad posible, las modificaciones pertinentes que conduzcan a la transparencia de toda la enojosa e injusta legislación actual que permite las incontroladas subidas del coste de energía, la pobreza energética y el enriquecimiento inmoral de las compañías eléctricas bajo el privilegio de su monopolio, estableciendo la gestión y control público .Por otro lado, exigimos estar presentes en los diferentes grupos de trabajo que ha anunciado el propio Ministerio de Transición al efecto de modificar la legislación vigente.