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El Foro de Abogados de Izquierda denuncia la instrumentalización política de las instituciones judiciales

13/09/2018

El Foro de Abogados y Abogadas de Izquierdas (FAI-RADE) sostiene en un comunicado que es “inaudito posicionamiento que el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid ha realizado, con el apoyo del Consejo General de la Abogacía, con ocasión de los procesos judiciales en los que se ha visto inmerso un juez del Tribunal Supremo”, en referencia a la causa en la que se está viendo envuelto el magistrado Pablo Llarena.

La ministra de Justicia Dolores Delgado en su comparecencia de esta mañana sobre la representación legal del juez Llarena / Fernando Alvarado / EFE

El Foro de Abogados y Abogadas de Izquierdas (FAI-RADE) ha emitido un comunicado esta mañana manifestando su repulsa por lo que consideran un instrumentalización de las instituciones del derecho. En su comunicado, el Foro manifiesta “su apoyo y solidaridad con todos los abogados y abogadas que en las últimas semanas están siendo hostigados por ejercer la defensa letrada en asuntos judiciales relacionados con el proceso político que se vive en Cataluña”, al tiempo que muestra su “estupor ante el inaudito posicionamiento que el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid ha realizado, con el apoyo del Consejo General de la Abogacía, con ocasión de los procesos judiciales en los que se ha visto inmerso un juez del Tribunal Supremo”.

El colectivo de abogados denuncia que los abogados encargados de la defensa de diversos políticos catalanes están recibiendo amenazas y presiones que atentan directamente contra el derecho de defensa y la independencia del poder judicial. En su comunicado, el Foro hace especial mención a los casos de los abogados Gonzalo Boye y Jaume Alonso Cuevillas, “más aún cuan estos han sido objeto de una injustificada querella criminal pero con gran apoyo mediático”.

Para el Foro resulta inasumible que se toleren las amenazas, manifestaciones de odio y declaraciones injuriosas a las que se están viendo sometidos de manera sistemática los letrados, “, ataques inadmisibles contra el ejercicio del derecho  de defensa, derecho que viene reconocido en la Constitución y todos los tratados y convenios internacionales que protegen los derechos fundamentales de todas las personas”.

También han comunicado su rechazo a la decisión del gobierno de costear con medio millón de euros la defensa del juez Pablo Llarena en su proceso judicial en Bélgica, “no siendo lógico que el Estado, y por ende el conjunto de los ciudadanos españoles, tengan que abonar los gastos judiciales de la defensa de un juez con ocasión de un proceso judicial que tiene como base la actuación particular de un magistrado fuera de su función jurisdiccional”.

Nueva rectificación de la Ministra

El asunto de la defensa legal de Pablo Llanera ante su querella en Bélgica ha provocado una nueva comparecencia de la Ministra de Justicia, Dolores Delgado en la cual ha vuelto a poner sobre la mesa que el equipo de abogados de Hakim Boularbah contratado por el gobierno, únicamente defenderá "la soberanía e inmunidad jurisdiccional" de la justicia Española y, “en ningún caso”, al propio Llarena por las manifestaciones de carácter privado que se le atribuyen en la demanda.

Esto supone un regreso a la primera versión ofrecida por el ejecutivo de Pedro Sánchez el 23 de agosto, posteriormente rectificada el 27 de agosto ante las presiones de la oposición de Ciudadanos y el Partido Popular que han convertido en una cruzada política la defensa de este magistrado. Cabe preguntarse si esta será la posición definitiva adoptada por el gobierno o habrá una cuarta rectificación.