La Tienda Republicana

La tortura en el estado español: Informe de 2017

28/06/2018
  • En los 14 informes presentados por la CPDT entre los años 2004 y 2017 se han conocido 3.602 situaciones en las que 9.085 personas se vieron afectadas, aunque estos informes no suelen encontrar espacio en los grupos de comunicación corporativos.
  • En el informe de este año, esta organización social recoge 224 situaciones en que se produjeron agresiones, torturas y/o malos tratos a un total de 1.014 personas, el mayor número de los 14 informes presentados desde 2004, siendo Cataluña la comunidad con los datos más preocupantes (619 casos).
  • Como en años anteriores, no se han tenido en cuenta todas las denuncias de torturas y/o malos tratos de las que se tuvo conocimiento durante el año 2017: algunas han sido excluidas del informe por petición expresa de las personas afectadas, otras porque la información recibida era insuficiente o no estaba totalmente contrastada.
  • La circunstancia en la que un mayor número de personas fueron agredidas vuelven a ser las movilizaciones sociales (618 casos), antes que la condición de migrante (287) o preso (59).

La tortura en el Estado español – Informe 2017

Por decimocuarto año consecutivo, la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) presenta su informe anual sobre los casos de tortura, malos tratos y muer.tes bajo custodia conocidos en el Estado español.1 En este nuevo informe se han mantenido los mismos criterios que en los informes anteriores con el objeto de facilitar una perspectiva sobre la evolución de la práctica de la tortura en este Estado. En este trabajo presentamos las denuncias que entran dentro de la definición de la Convención de la ONU:

"Se entenderá por tortura todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instancia suya o con su consentimiento".

Convención de la ONU contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Aprobada por el Plenario de la ONU el 10 de diciembre de 1984. Ratificada por el Estado español, entró en vigor en España en octubre de 1987

En el informe de este año recogemos 224 situaciones en que se produjeron agresiones, torturas y/o malos tratos a un total de 1.014 personas.

Situaciones recogidas

Personas afectadas

224

1.014

Estas agresiones se produjeron sobre personas bajo custodia de los funcionarios (comisarías, cuarteles, prisiones u otros centros de privación de libertad) y/o en el transcurso de intervenciones policiales (represión de manifestaciones, etc.). Estas cifras no coincidirán con el número de causas penales abiertas por tortura y/o malos tratos, dado que un mismo caso o situación puede dar lugar a una o a varias causas judiciales. Como en años anteriores, no se han tenido en cuenta todas las denuncias de torturas y/o malos tratos de las que se tuvo conocimiento durante el año 2017: algunas han sido excluidas del informe por petición expresa de las personas afectadas, otras porque la información recibida era insuficiente o no estaba totalmente contrastada. También hay que tener en cuenta que un importante número de casos de tortura y/o agresiones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) o Funcionarios de Instituciones Penitenciarias (FIIPP), no se denuncian nunca, ni ante los tribunales de justicia ni ante ninguna otra instancia, pública o privada, especialmente por parte de colectivos como el de las personas migrantes y/o presas, u otros de especial vulnerabilidad social como las personas sin hogar, etc.

En los 14 informes presentados por la CPDT entre los años 2004 y 2017 hemos conocido 3.602 situaciones en las que 9.085 personas se vieron afectadas.

En el cuadro anterior se nos muestra cómo las denuncias aumentan y disminuyen sin que pueda observarse ninguna tendencia reseñable. Lo mismo ocurre con las situaciones de tortura y/o malos tratos, si bien con una menor variabilidad. Esto obliga a reflexionar sobre las distintas coyunturas que se ocultan en estos datos y que habrá que valorar en un análisis más pormenorizado, algo que se hace con profundidad en el informe completo. Si queremos reseñar aquí, que el fuerte incremento de situaciones respecto al año pasado y, especialmente, el enorme incremento de personas afectadas corresponde en gran medida a las 61 situaciones y 541 personas afectadas en torno al referéndum del 1 de octubre en Catalunya. Queremos volver a recordar que las situaciones aquí presentadas son sólo una parte de la realidad, una parte limitada por cuestiones que analizamos en el propio informe.

1º Distribución territorial de los datos

Territorio

Situaciones

P. Afectadas

Andalucía

34

40

Aragón

8

9

Asturias

2

2

Cantabria

1

1

Castilla La Mancha

-

-

Castilla y León

2

2

Catalunya

106

619

Ceuta

8

117

Euskal Herria

2

3

C. A. Vasca

1

2

Nafarroa

1

1

Extremadura

1

1

Galiza

7

12

Illes Balears

7

12

Islas Canarias

3

4

La Rioja

-

-

Madrid

21

102

Melilla

10

20

Murcia

6

26

País Valenciá

6

44

TOTALES

224

1.014

Esta distribución territorial que aquí hemos presentado se amplía en el informe al desglosarse por provincias, además de poder conocerse una a una las situaciones y denuncias conocidas.

2º Distribución según las circunstancias de la persona agredida:

Circunstancias p. agredidas

Situaciones

Personas

Detención incomunicada

-

-

Movilizaciones sociales

86

618

Migrantes

56

287

Personas presas

58

59

Personas menores

13

16

Otras situaciones

31

61

Por tercer año consecutivo no se ha recibido ninguna denuncia por tortura en situaciones de detención Incomunicada. Sin embargo, la figura de la detención incomunicada sigue existiendo y, puesto que este tipo de detención implica en sí misma un trato degradante y puede que hasta un maltrato, es por ello que exigimos, una vez más, su definitiva abolición. En segundo lugar, observamos que vuelve a aumentar el número de personas migrantes que sufren este tipo de agresiones respecto al informe del año anterior, lo que achacamos a las situaciones de maltrato colectivo ocurridas en algunos CIE tras algunas de las protestas que se han dado en el último año. En tercer y último lugar, queremos señalar el espectacular aumento de las denuncias por agresiones en el transcurso o con motivo de movilizaciones sociales respecto al año anterior, un dato que vuelve a reflejar el impacto de las intervenciones policiales en torno al 1º de octubre en el presente informe.

3º Denuncias según funcionarios denunciados
 

Cuerpo agresor

Situaciones

Personas

C. Nacional Policía

82

551

Guardia Civil

41

338

P. Autonómicas

Mossos d’Esquadra

Ertzaintza

P. Foral

19

16

2

1

26

22

2

2

Policías Locales

24

40

F. Prisiones

57

58

Centros de Menores

2

2

Otros

Policía Portuaria de Barcelona

1

1

Este cuadro confirma la situación vista al hablar de las movilizaciones sociales y las personas migrantes: el incremento de personas afectadas en estas categorías supone un incremento de las denuncias hacia los agentes de las policías que más intervienen en funciones de policía antidisturbios y/o de control de frontera y extranjería, es decir, el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y la Guardia Civil.

Sin embargo, el número de situaciones y personas afectadas en prisión, y por lo tanto de FIIPP denunciados, se mantiene más estable que el de las otras categorías, lo que nos habla del problema endémico que la tortura y los malos tratos suponen en las cárceles, un espacio de especial opacidad e impunidad. La única novedad respecto a informes de años anteriores es la aparición en el apartado “otros”, de una denuncia contra miembros de la Policía Portuaria de Barcelona.

En el informe completo, además de éste, se presentan otros cuadros en los que se recogen las situaciones conocidas en espacios de privación de libertad (cárceles, CIEs, comisarías de las distintas policías, cuarteles de la Guardia Civil, etc.).

No obstante, dada la importancia que en el Informe de 2017 tienen los hechos ocurridos en torno al 1 de octubre y la celebración del referéndum en Catalunya, queremos presentar una última tabla presentando las denuncias recibidas ese día según el cuerpo policial denunciado:

4º Situaciones y personas afectadas en torno a las movilizaciones sociales del 1 de octubre de 2017:

Cuerpo agresor

Situaciones

Personas

C. Nacional Policía

39

336

Guardia Civil

22

205

Los datos de esta tabla responden a 60 situaciones ocurridas en Catalunya, afectando a 538 personas, y a una situación ocurrida en Madrid, afectando a 3 personas (en esta última, una concentración de apoyo al derecho a decidir, los agentes denunciados eran del CNP). Como ya se comentó con anterioridad, en el apartado de “circunstancias de la víctima”, todas estas situaciones y personas afectadas se asignaron a la categoría “movilizaciones sociales”.

5º Muertes bajo custodia en el Estado español en 2017:

En el año 2016, tuvimos noticia del fallecimiento de 55 personas mientras se encontraban bajo custodia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) o del personal de algún otro espacio de custodia público, o por su actuación directa durante intervenciones policiales (por ejemplo, como resultado de un accidente durante una persecución). Según los datos que nos constan en la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT).

Desde el 1 de enero de 2001 hasta el 31 de diciembre de 2017, hemos tenido constancia directa de 705 fallecimientos en estas circunstancias, aunque somos conscientes de que muchas de estas muertes no merecen reproche penal e incluso que algunas de ellas responden a accidentes inevitables, creemos que otras responden a negligencias, a fallos en la salvaguarda del derecho a la salud y la integridad física de las personas bajo custodia o a las propias condiciones higiénico sanitarias de la misma, motivos que nos llevan a preguntarnos cuándo y cómo se pondrá fin a esta situación. Pero con independencia del reproche penal, la responsabilidad moral de todo fallecimiento que ocurre durante la intervención de funcionarios públicos de seguridad, recae ineludiblemente sobre el Estado.

En nuestro informe distinguimos dos grupos principales de muertes: las ocurridas en privación de libertad (36 personas) y las ocurridas en otros espacios (un total de 19 personas), incluyendo en este último apartado tanto la vía pública, como el mar o el domicilio particular, cuando las muertes son el resultado de una intervención de las FCSE españolas.

Respecto al cuerpo custodio a la hora del fallecimiento, los datos que hemos recopilado respecto al 2017 son los siguientes:

Fallecimientos bajo custodia en 2017

Fallecimientos

F. Prisiones

27

CNP

4

Guardia Civil

10

Mossos d’Esquadra

8

Policías Locales

4

F. Centro menores

2

TOTALES

55

Además, en el informe se incorporan una serie análisis artículos monográficos en los que se estudian los ámbitos de mayor preocupación para la CPDT en el último año. Entre ellos un primer estudio sobre otras situaciones definibles como “torturantes” en las que, sin darse todos los criterios de la definición de la Convención, nos encontramos con la existencia de daños físicos o psicológicos que afectan a personas bajo custodia y que, sin poder achacarse a la intervención directa de ninguna persona concreta o entrar en la definición explícita de malos tratos, implican una degradación de la dignidad de la persona. Una de estas situaciones se dio en la cárcel de Archidona II, en la que antes de su inauguración se privó de libertad a mas de 500 personas migrantes al habilitarse el espacio como CIE temporal, sobre esta situación, que entendemos ilegal, presentamos un segundo artículo monográfico. El tercero de estos estudios se centra en el 1 de octubre en Catalunya y analiza la violencia policial acaecida en esa jornada.

Como siempre, el informe completo del año 2017, junto con este resumen, estarán disponible en nuestra web (http://www.prevenciontortura.org/) a partir del día de su presentación.

En Barcelona, a 7 de junio de 2018.-

LA CPDT ESTÁ COMPUESTA POR LAS SIGUIENTES ENTIDADES:

ACAT (Acció dels Cristians per l'Abolició de la Tortura) / Alerta Solidaria / APDH Andalucía / Asociación para la Defensa de los Derechos de la Infancia / Asociación Apoyo / Asociación Concepción Arenal / Asociación Contra la Tortura / Asociación Libre de Abogadas y Abogados de Madrid / Asociación Libre de Abogadas y Abogados de Zaragoza / Associaciò Memoria contra la Tortura / Associaciò Catalana per a la Defensa dels Drets Humans / CAES (Centro de Asesoría y Estudios Sociales) / Campaña por el cierre de los CIE / Centro de Documentación Contra la Tortura / Comissiò de Defensa del Il.lustre Col.legi de l’Advocacia Barcelona / Comissió de Defensa del il.lustre Col·legi d’Advocats de Girona / Comisión de Derechos Humanos del Ilustre Colegio de Abogados de Balears / Comisión Legal Sol / Comité Anti-Sida de Lugo / Coordinadora Contra la Marginación de Cornellá / Coordinadora de Barrios / Coordinadora Estatal de Solidaridad con las Personas Presas / Esculca (Observatorio para a Defensa dos Direitos e Liberdades) / Etxerat! (Euskal Errepresaliatu Politikoen Elkartea) / Exil / Federación de Asociacions de Loita contra a Droga / Federación Enlace / Grupo de Acción Comunitaria (CAC) / Grupo de Derechos Civiles 15M de Zaragoza / Independientes / Iridia. Servicio de Atención y Denuncia ante situaciones de Violencia Institucional / Jaiki-Hadi / Justicia y Pau / Observatori Sistema Penal y DD. HH. / Obra Mercedaria de Valencia / Oteando (Observatorio para la defensa de los derechos y las libertades) / / Salhaketa Bizkaia / Salhaketa Gasteiz / Salhaketa Nafarroa / SOS Racisme Catalunya / Subcomisión Penitenciaria del CGAE / Xustiza e Sociedade de Galicia.