Redacción •  Actualidad •  07/03/2018

CNT califica de abusivos los servicios mínimos para el 8M

Ha resultado paradójico que las entidades públicas recurran al argumento del buen funcionamiento de los servicios sociales públicos en las negociaciones cuando a la vez se le está reclamando que no los desmantele, cediendo la gestión a entidades privadas y eliminando las ayudas a la dependencia.

CNT califica de abusivos los servicios mínimos para el 8M

La Confederación Nacional del Trabajo informa de que la mayoría de las negociaciones de servicios mínimos de cara a la huelga general de 24 horas del 8M han resultado sin acuerdo por ser considerados excesivos por la parte social. El peso de la negociación ha recaído sobre los sindicatos convocantes de huelga de 24 horas frente a los convocantes de paros de 2 horas, pese a que la mayoría de las citaciones han sido conjuntas.

El sindicato denuncia que han sido bastantes los casos en los que se le ha intentado excluir de las negociaciones, algunos por mala fe y otros por mero desconocimiento de la legislación vigente. Insólito ha sido el caso de la entidad pública ADIF, que no reconoció a priori a la CNT como convocante y no ha concedido audiencia hasta ser informada de la vulneración de derechos fundamentales en la que estaba incurriendo.

La anarcosindical ha destacado la escasa negociación por parte de los agentes sociales en anteriores huelgas, frente a las reivindicaciones del sindicato para el establecimiento de los servicios mínimos para este 8M. Pese a que la última palabra la tiene la Administración Laboral, CNT ha procurado que primase la lógica a la hora de fijarlos, garantizando efectivamente el derecho a huelga a la vez que la atención a la ciudadanía en servicios públicos realmente esenciales.

El motivo de esta huelga feminista es denunciar las desigualdades que aún persisten entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida, agrupadas en cuatro ejes: laboral, cuidados, consumo y estudiantil. En este sentido, ha resultado paradójico que las entidades públicas recurran al argumento del buen funcionamiento de los servicios sociales públicos en las negociaciones cuando a la vez se le está reclamando que no los desmantele, cediendo la gestión a entidades privadas y eliminando las ayudas a la dependencia.

Las negociaciones están a esta hora prácticamente concluidas, tanto a nivel nacional como autonómico y local, llegando a la conclusión de que, excepto en contadas ocasiones, el Estado establece unos servicios mínimos que procuran minimizar al máximo la visibilidad y los efectos de la huelga general.


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