La Tienda Republicana

Greenpeace exige medidas para restringir el poder de las eléctricas y evitar casos como la denuncia de Anticorrupción a Iberdrola

14/05/2017

La organización ecologista cree que este casos es consecuencia de un sistema donde las grandes eléctricas tienen el control total del mercado. Greenpeace aboga por permitir a la ciudadanía que participe en el sistema en igualdad de condiciones.

Greenpeace considera positiva la decisión de la Audiencia Nacional de admitir una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción contra Iberdrola por un caso de finales de 2013, cuando los precios de la electricidad se dispararon de forma anómala, algo por lo que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya condenó a la eléctrica a una multa de 25 millones (se se estima que Iberdrola habría ganado 20 millones con la manipulación de la tarifa).

Greenpeace cree que este tipo de casos se producen por el mal funcionamiento del mercado eléctrico, ya que las empresas que principalmente acuden al mercado eléctrico como productores a vender la energía que han producido son básicamente las mismos que acuden a ese mismo mercado como comercializadoras a comprar la energía que luego revenden.

“Las cinco grandes empresas eléctricas del país, Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, HC Energía y Viesgo, son las que además poseen y operan, en régimen de monopolio regional, las redes de distribución por las que circula la electricidad que se compra y vende en ese mercado”, comenta José Luis García, jefe del Área de Energía de Greenpeace. “Especialmente las dos primeras son las que mayor poder de mercado tienen”.

Greenpeace entiende que solo podrá haber un sistema creíble cuando los que participen lo hagan en igualdad de condiciones. Y para eso hay que acabar con el oligopolio permitiendo que la ciudadanía pueda participar con los mismos derechos para producir, consumir, gestionar su demanda, autoconsumir, ahorrar energía, intercambiar energía, servicios e información libremente entre pares, de forma individual o agregada.

“También es fundamental impedir por ley que las grandes empresas puedan ser juez y parte: o se dedican a gestionar las redes o participan del mercado eléctrico, sea como compradores o como vendedores, de no ser así, jamás funcionará bien el sistema y cabrá la posibilidad de que se produzcan nuevos casos como esta investigación a Iberdrola”.

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