La Tienda Republicana

IU Jerez advierte al Gobierno que no puede hacer desaparecer del expediente, por su cuenta y riesgo, a más de 20 afectados del ERE

14/09/2016

IU entiende, aunque no comparte, la cautela del gobierno local a la hora de presentar las transaccionales, pero esto no puede servir de excusa para vulnerar el procedimiento establecido en la ley y convertirse en juez único del futuro de muchas familias.

Del mismo modo, IU advierte que los informes de personal externo no pueden sustituir a los elaborados por los funcionarios públicos y considera una aberración que el Gobierno quiera hacer prevalecer el criterio de un bufete privado sustituyendo el del Gabinete Jurídico Municipal

Ruiz-Berdejo: “Los informes del Gabinete Jurídico recogen la posibilidad de presentar todos los acuerdos. Y sobre todos hemos de pronunciarnos, el interventor primero y el Pleno después. El Gobierno no puede robarnos esa competencia”

Izquierda Unida lo tiene claro. Los acuerdos de Pleno de septiembre y noviembre de 2015 abordan la presentación de todos los acuerdos transaccionales y sobre la posibilidad de presentar al TSJA todos esos acuerdos deberá pronunciarse el Pleno de la Corporación. Lo contrario, presentar a Pleno sólo algunas de esas transaccionales por decisión exclusiva del gobierno local, sería incumplir los acuerdos plenarios, además de prejuzgar a más de 20 afectados sin que el órgano competente tenga siquiera la opción de manifestarse al respecto, algo que Izquierda Unida considera de suma gravedad.

Según la formación de izquierdas, la reincorporación de los afectados no es una decisión del Gobierno, lo es del Pleno de la Corporación y, por tanto, es éste quien debe manifestarse al respecto previo informe del Interventor. Igualmente, si el interventor pusiera algún reparo con efecto suspensivo al trámite, y según recoge el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, también sería el Pleno el encargado de resolver al respecto, bien plegándose a las indicaciones del interventor, bien levantando dicho reparo en caso de discrepancias con el mismo.

En este sentido, declara Raúl Ruiz-Berdejo, Portavoz del Grupo Municipal de IU, “la única competencia, que además es obligación, del Gobierno es garantizar que todas las transaccionales cumplen con las exigencias del Ministerio, incluyéndolas en el Presupuesto y el Plan de Ajuste -cosa que no ha hecho-, y remitirlas al Interventor, todas ellas, para que éste informe al Pleno de cara a su pronunciamiento”. Por lo tanto, si el Gobierno Local decide descartar, por su cuenta y riesgo, la posibilidad de presentar las transaccionales de más de una veintena de afectados, incluso antes de que el interventor se pronuncie al respecto, estaría actuando de manera contraria al procedimiento regulado en la ley, por lo que tendría que dar muchas explicaciones.

Por otro lado, el Grupo Municipal de Izquierda Unida ya ha advertido al Gobierno Local por escrito que, si bien cabe acudir a informes de personal externo, vinculados a la Administración a través de contratos de servicios para el estudio de materias complejas que requieran de un asesoramiento especializado y cuya regulación se recoge en la Ley de Contratos del Sector Público, estos no pueden en ningún caso sustituir a los funcionarios públicos para emitir informe en las materias reservadas al personal estatutario. Dichos informes externos podrán ser incluidos en el expediente en la fase de iniciación, pero no en la de instrucción del procedimiento, donde prevalece el informe funcionarial, según establece el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. Según esto, IU considera que la intención del Gobierno de excluir a más de 20 afectados en base al criterio de un bufete de abogados privado, que contradice los argumentos legales expresados por el Gabinete Jurídico del Ayuntamiento para avalar la presentación de todas las transaccionales, es contraria al Reglamento, y por tanto también supondría una vulneración de la legalidad vigente.

Para finalizar, el Concejal de IU ha declarado que “la actitud del PP intentando generar dudas sobre la legalidad de los acuerdos transaccionales es deleznable. No tuvieron suficiente con destrozar la vida de 260 familias, que también pretenden rematar a los pocos que pueden salir de esa pesadilla”.

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