La Fiscalía de València acusa a “Dani Desokupa” de delito de odio por sus mensajes xenófobos hacia migrantes

La Fiscalía Provincial especializada en delitos de odio de València ha decidido llevar ante los Juzgados de Instrucción a Daniel Esteve, conocido como Dani Desokupa, por presuntos delitos de odio, discriminación y contra la integridad moral. La denuncia fue presentada en febrero por la asociación Acción Contra el Odio (ACO), tras detectar publicaciones en redes sociales que vinculan migración con delincuencia, utilizan lenguaje racista y difunden noticias falsas.

El Ministerio Público considera que los mensajes difundidos por Daniel Esteve —titular de la empresa Desokupa— a través de su cuenta en la red social X (@daniesdsk) contienen expresiones “claramente discriminatorias”, con contenido racial y xenófobo, dirigidos hacia la población migrante. 

Entre esos mensajes, la Fiscalía señala un vídeo difundido el pasado julio que supuestamente mostraba una agresión a una persona mayor en Torre Pacheco, cuando en realidad correspondía a un suceso diferente ocurrido en Almería. También se mencionan múltiples comentarios despectivos hacia personas de origen magrebí. 

La denuncia formal de ACO fue interpuesta en febrero de este año y ha sido respaldada por una campaña de recogida de firmas que ha reunido más de 22.000 adhesiones.

Como consecuencia, la Fiscalía entiende que existen indicios de un presunto delito con ocasión del ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas, además de un posible delito contra la integridad moral. 

El delito de incitación al odio está tipificado en el artículo 510 del Código Penal español, con penas que pueden oscilar entre uno y cuatro años de prisión si se acredita responsabilidad. 

Además, el Ministerio Público ha solicitado a la Brigada de Información de la Policía Nacional que realice un “test de lesividad” conforme al Plan de Acción de Rabat (aprobado por Naciones Unidas) para valorar si el lenguaje empleado por Esteve fue degradante, ofensivo o violentamente discriminatorio, y si existe o no vinculación del autor con comunidades o grupos que promueven el odio.

ACO ha valorado positivamente que la Fiscalía haya judicializado el caso, destacando la importancia de que “se persigan los discursos de odio” no sólo cuando provienen de perfiles anónimos, sino también de figuras públicas con gran capacidad de influencia. Para la asociación, es esencial que no sólo se condenen los llamados explícitos a la violencia, sino también las manifestaciones hostiles, denigrantes o discriminatorias que erosionan la dignidad de los migrantes.

El proceso legal recién iniciado supone un paso inédito en la lucha contra el discurso de odio en España, pues pone sobre la mesa la necesidad de generar jurisprudencia clara para delimitar los límites de la libertad de expresión frente al daño que pueden causar los mensajes racistas o xenófobos en redes sociales.