Ecologistas en Acción y las asociaciones del entorno anuncian que la aprobación al estudio de ordenación del nuevo estadio Benito Villamarín abre otra vía judicial
- Consideran que el proyecto aprobado no es una mejora urbana y lesiona el interés público, y que pese a su apariencia de legalidad, arrastra numerosas irregularidades que probablemente provocarán su paralización.

En el pleno municipal del 18 de septiembre, con los votos en contra de los representantes del grupo politico IU-Podemos, se aprobó el Estudio de Ordenación de la parcela del nuevo Estadio Benito Villamarin, cuyo ámbito de actuación se circunscribe a la parcela donde se ubica el Estadio, los suelos colindantes al oeste propiedad del Ayuntamiento de Sevilla calificados por el PGOU vigente como equipamiento deportivo privado, y una parte de viario municipal aledaño al Estadio, en la Avenida de la Palmera.
A juicio de Ecologistas en Acción y de las entidades vecinales que le apoyan (Asociación Parque Vivo del Guadaira, AVV Puerto de Sevilla, AVV Los Andes de Heliopolis, AVV Foro de Heliopolis, AVV Bermejales Activa, AVV Pedro Salvador, AVV de Reina Mercedes, A VV Siete Calles y Asociación Urban Century), el proyecto aplaudido por la mayoría de los partidos políticos con representación municipal adolece de graves defectos, como el propio Secretario Municipal ha puesto de manifiesto en los reparos -no vinculantes- incluidos en el expediente, referidos tanto asuntos de gran calado como la indefinición de usos, como a otros procedimentales.
Ya en junio Ecologistas en Acción presentó una demanda, admitida por el Tribunal Superior de Andalucía, contra la modificación del PGOU 63 cuya motivación se sustenta en un informe pericial demoledor a juicio de las entidades vecinales, al carecer de motivación una innovación que tiene una enorme trascedencia a nivel de ciudad, por amparar una subvención encubierta a sociedades privadas expresamente prohibidas por la legislación europea y por carecer del informe de Evaluación Ambiental Estratégica. La vista de este asunto y la sentencia no se esperan a corto plazo, y no revocaría la licencia, pero supondría un serio revés a la presunta legalidad del proyecto.
En el plazo de dos meses desde la publicación del Estudio de Ordenación en el BOP, los colectivos que se oponen a la construcción de un mamotreto de usos terciarios sobre un suelo público presentarán una nueva demanda contra este acto administrativo, insistiendo en sus argumentos manifestados en las alegaciones que han sido desestimadas en su totalidad: que esta iniciativa privada tiene un fin puramente lucrativo, no responde a ningún interés público, afecta gravemente a la calidad de vida de los barrios vecinos, altera el paisaje urbano de un sector protegido, se sustenta en un argumentario vacuo y falso cuyas ideas fuerza como la construcción de una “plaza pública”, de un edificio icónico, etc no se sostienen y supone nuevos riesgos que atentan contra la seguridad. Igualmente insistirán en las irregularidades administrativas detectadas: la ocupación de un viario público que no está inmatriculado, las notables carencias de un estudio de ordenación que no define usos, la pertinencia de que esta figura sea la adecuada para regularizar un edificio que se encuentra fuera de ordenación y otras evidenciadas en el Informe del Secretario Municipal.
Igualmente Ecologistas en Acción ha pedido la personación en el tramite de la licencia, momento en el que previsiblemente solicitará medidas cautelares y la paralización del inicio de obra si entiende que el proyecto -como así parece- afecta a la seguridad de los asistentes de los usos que se pretenden implantar.
Para Ecologistas en Acción esta operación es un claro ejemplo de “neofeudalismo urbanístico” o de urbanismo a la carta, en el que todos los medios de la administración se ponen a disposición de un promotor, justificado en un discutido interés público, y se sortean todos los posibles obstáculos, aún incurriendo de manera flagrante en numerosas irregularidades.