Ecologistas confirma ante la Audiencia Provincial de Sevilla el posible delito de prevaricación ambiental en el concurso minero de Aznalcóllar

El 15 de julio de 2025 finalizó en la Audiencia Provincial de Sevilla el juicio oral en el que Ecologistas en Acción ha ejercido la acusación popular en defensa de los derechos ambientales y de los espacios naturales protegidos afectados por la reapertura de la actividad minera en Aznalcóllar. Durante casi 40 sesiones, desarrolladas desde el 3 de marzo, se han expuesto los hechos que rodearon la resolución y posterior adjudicación del concurso minero convocado por la Junta de Andalucía en enero de 2014 y resuelto el 25 de febrero de 2015. Esta resolución fue firmada por la entonces directora general de Industria, Energía y Minas, y adjudicó a la entidad Minorbis-Grupo México la preferencia en las actividades extractivas de explotación en las cuadrículas mineras de la zona de Aznalcóllar.

A lo largo del proceso judicial se han producido extensos debates técnicos sobre aspectos mineros y económico-financieros, así como sobre la puntuación otorgada por la Mesa del Concurso y el Comité Técnico a las dos empresas licitadoras: Minorbis-Grupo México y Emerita, esta última denunciante en el proceso. Sin embargo, Ecologistas en Acción ha denunciado que se ha evitado abordar el núcleo central del caso: los evidentes incumplimientos de los condicionantes ambientales establecidos en las bases del concurso.

En concreto, el punto 6 de dichas bases incluía dos condiciones excluyentes en relación con los anteproyectos presentados: el diseño del complejo no podría incluir depósitos de lodos ni acumulaciones de residuos líquidos tóxicos susceptibles de provocar vertidos contaminantes, y las labores mineras no deberían afectar a los espacios naturales protegidos, particularmente al Paisaje Protegido Corredor Verde del Guadiamar, ni causar perjuicio a la cuenca de este río.

Dichos condicionantes exigían garantizar la ausencia total de afecciones a los espacios naturales que ya fueron devastados en el desastre ecológico del 25 de abril de 1998. Se trata del Paisaje Protegido Corredor Verde y del Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) de la Red Natura 2000 Corredor Ecológico del Guadiamar, el río de Doñana.

Sin embargo, según ha sostenido Ecologistas en Acción, los anteproyectos de ambas licitadoras incumplieron esas condiciones, lo que debería haber llevado a su inadmisión y a la declaración de concurso desierto. En particular, el anteproyecto de Minorbis-Grupo México, finalmente adjudicatario, incluía en su página 240 la construcción de una “Balsa de Aguas de Contacto”, que constituye una forma de acumulación de residuos líquidos tóxicos, prohibida por el punto 6 de las bases.

Las actas de la Mesa Técnica del concurso correspondientes a las reuniones celebradas entre el 16 de mayo y el 17 de junio de 2014 ya recogían estos incumplimientos. En la página 12 de 74 se señala: Tras revisar los apartados de contenido medioambiental, para realizar las valoraciones, la impresión de la Comisión Técnica sobre ambas ofertas técnicas es unánime: no se palpa ni el compromiso medioambiental, ni la asunción de las limitaciones que supone que el complejo minero se ubique en las inmediaciones de un espacio comprendido en la Red Natura 2000.

En la página 16 de las mismas actas se añade: En materia medioambiental queda patente que ambas ofertas no cumplen las expectativas de la convocatoria, pues ambas suspenden de manera flagrante (Emerita Resourses España S.L.U, con 3,50 puntos, que son el 12% de los puntos del criterio 3, y Minorbis, con 13,75 puntos, que suponen el 46% de los puntos de dicho criterio)

Más allá de la baja puntuación o de la percepción del compromiso ambiental —que pueden considerarse apreciaciones subjetivas—, Ecologistas en Acción ha enfatizado que lo que podría constituir un delito de prevaricación ambiental es el hecho de permitir, con conocimiento expreso y motivado, el incumplimiento de las bases del concurso.

De forma especialmente relevante, en la misma página 16 de las actas se afirma respecto al anteproyecto de Minorbis-Grupo México:  si bien tienen conciencia de que las operaciones afectarán al Lugar de Interés Comunitario “Corredor Ecológico del Guadiamar” /LIC ES6180005), no llega a trasladarla al diseño. (…)

Es decir, la Comisión Técnica tuvo conciencia de que las operaciones previstas afectarían al LIC “Corredor Ecológico del Guadiamar”. Para Ecologistas en Acción, esto evidencia que existía conocimiento pleno de que el proyecto incumplía los condicionantes del concurso, por lo que Minorbis-Grupo México debería haber sido excluida. No obstante, dicha exclusión no se produjo y su propuesta resultó finalmente ganadora del concurso.

Ecologistas en Acción ha señalado también que la solicitud al concurso fue presentada únicamente por la empresa andaluza Minorbis, con un capital social de 3.000 euros y constituida días antes por los hermanos Isidro y Mario López Magdaleno, propietarios de MAGTEL. Grupo México, por su parte, no participó directamente en el concurso, limitándose a avalar la solvencia técnica y económica de la propuesta de Minorbis mediante un “memorándum de entendimiento”.

Con esta maniobra, la multinacional mexicana evitó pronunciarse sobre sus antecedentes en proyectos mineros, marcados por desastres ambientales y laborales. Entre ellos, se encuentran la muerte de 65 mineros en Pasta de Conchos (México) el 19 de febrero de 2006, cuyos cuerpos aún no han sido rescatados, y el vertido tóxico al río Sonora (México) el 6 de agosto de 2014, que afectó a más de 22.000 personas.

Posteriormente, el 11 de mayo de 2015, una nueva sociedad, Minera Los Frailes (MLF), aceptó por escrito la adjudicación de los derechos mineros. Esta empresa estaba compuesta en un 98,7% por AMC Mining Iberia, a su vez participada al 100% por Grupo México, y en un 1,3% por Minorbis. La Junta de Andalucía nunca formalizó expresamente esta aceptación, pero procedió a tramitar todas las autorizaciones a nombre de Minera Los Frailes, lo que, según Ecologistas en Acción, vulnera el Real Decreto-ley 6/2014 que regula la explotación de los recursos mineros en Aznalcóllar.

La organización ecologista sostiene que los derechos de explotación terminaron en manos de una empresa que no participó en el concurso, lo que constituye un grave incumplimiento legal. Por ello, mantiene la acusación de prevaricación contra responsables políticos y técnicos que, por acción u omisión y con conocimiento de causa, permitieron esta irregularidad.

Especialmente destaca la participación en esas decisiones, presuntamente prevaricadoras, de Salvador Camacho Lucena, entonces Secretario General de la Delegación provincial competente en medio ambiente, Ivan Maldonado Vidal, que ejercía de Jefe de Servicio de Minas y Juan Manuel Revilla Delgado, que actuó como Secretario de la Mesa, que todos ellos reconocieron en el juicio haber tenido reuniones previas y que eran perfectos conocedores de los antecedentes de la mina de Aznalcóllar y de los condicionantes ambientales del concurso que habían sido omitidos.

A juicio de Ecologistas en Acción, el juicio ha dejado claro que la adjudicación a Minorbis-Grupo México y la posterior aceptación por parte de Minera Los Frailes fue fruto de una cadena planificada de ilegalidades, en connivencia con altos cargos públicos. La organización califica el concurso de “chapuza” y “fraude de ley”, resuelto con premura por motivos políticos ante la cercanía de las elecciones autonómicas andaluzas del 22 de marzo de 2015.

En cuanto a las consecuencias ambientales, estas ya se han manifestado. Un informe reciente de la Universidad de Sevilla demuestra la actual contaminación del río Guadiamar por drenaje ácido procedente del recinto minero. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha rechazado el vertido al río Agrio previsto inicialmente, lo que ha obligado a proyectar una tubería de 30 kilómetros hasta el río Guadalquivir, a la altura del estadio de La Cartuja. Este nuevo vertido, además, se suma al ya existente de la mina de Cobre Las Cruces, sin una evaluación adecuada de los impactos acumulados.

Ecologistas en Acción ha reclamado una sentencia valiente por parte de la Audiencia Provincial de Sevilla, que reconozca el delito de prevaricación ambiental, declare la nulidad del concurso y anule todas las autorizaciones concedidas a Minera Los Frailes. La organización advierte que no actuar sería repetir la pasividad institucional, incluida la judicial, que permitió la catástrofe de las balsas de lodos tóxicos de Boliden en 1998.

Desde Ecologistas en Acción subrayan que este juicio no es solo un proceso penal, sino una oportunidad para frenar la impunidad en materia ambiental y para rechazar un modelo de gestión que pone los intereses económicos de grandes empresas por encima de la salud de la ciudadanía, los ríos y los espacios naturales.