Exigen evaluación ambiental estratégica, prioridad real a las comunidades energéticas y un procedimiento participativo en la planificación fotovoltaica en Extremadura

Ecologistas en Acción de Extremadura considera que el nuevo mapa de “altas capacidades” presenta el territorio extremeño como una amplia bolsa de disponibilidad para el negocio energético, sin límites claros ni evaluación estratégica del conjunto.

Aunque la resolución señala que la clasificación no exime de los trámites ambientales, reconoce expresamente que situarse en estas zonas “facilitará su tramitación”. Las “zonas posibles” no son neutras: generan un sesgo administrativo y orientan decisiones públicas. Un instrumento que acelera proyectos de esta magnitud exige transparencia, metodología clara, límites cuantitativos y participación social.

El mapa no fija techos por comarca o municipio, no establece densidades máximas, ni umbrales de saturación paisajística o ecológica, ni criterios de dispersión territorial. Zonificación sin límites significa riesgo de concentración masiva y efectos acumulativos incontrolados.

El problema no es una planta aislada. Es la suma: fragmentación de hábitats, nuevas redes de evacuación y subestaciones, pérdida de conectividad ecológica, presión sobre dehesas y mosaicos agrarios, sustitución de usos que fijan población como la agricultura ecológica o la ganadería extensiva. La evaluación proyecto a proyecto no capta bien esta acumulación de impactos. Hace falta una evaluación ambiental estratégica del conjunto.

La resolución habla de proteger dehesas y suelos productivos, pero no publica la metodología utilizada: no se conoce qué capas cartográficas se han empleado, qué ponderación han tenido los criterios agronómicos frente a los de evacuación eléctrica, ni qué umbrales determinan que un suelo pase a ser “Alta” o “Muy Alta Capacidad”. Sin metodología pública no hay control social ni técnico de si realmente se protege lo que se afirma proteger.

Extremadura no puede convertirse en una región “alicatada”. El paisaje no es un elemento decorativo: es un ecosistema. Refleja biodiversidad, funcionalidad ecológica y valores productivos y culturales. Transformarlo masivamente compromete la sostenibilidad ambiental del territorio.

Ecologistas en Acción defiende la transición energética, pero exige una jerarquía clara y vinculante en la implantación de renovables:

– Primero, cubiertas y aparcamientos.
– Polígonos e infraestructuras ya artificializadas.
– Suelos degradados, minas o vertederos restaurables.
– Autoconsumo colectivo y comunidades energéticas como prioridad administrativa.
– Y sólo en último término, suelo rústico a gran escala.

La transición no debe concentrar poder ni suelo: debe democratizar la energía y proteger el territorio productivo y biodiverso.

Asimismo, la organización denuncia la ausencia de un procedimiento participativo en la elaboración de la resolución. Un instrumento que señala el 15% del territorio como potencialmente apto para macroinstalaciones no puede aprobarse sin información pública ni debate social previo.

Ecologistas en Acción de Extremadura ha registrado ante la Consejería un escrito formal al amparo de la Ley 27/2006 y la Ley 19/2013 solicitando la memoria técnica completa, la metodología empleada, las capas cartográficas digitales, el análisis de impacto acumulativo y la justificación de la ausencia de evaluación ambiental estratégica.

Esta resolución reafirma la posición de Ecologistas en Acción de Extremadura: renovables sí, pero no así. La transición energética es imprescindible, pero debe respetar los límites ecológicos del territorio, garantizar la participación social y apostar por un modelo democrático y distribuido, compatible con la biodiversidad, el paisaje rural y la economía agraria extremeña.