La ley pronuclear que el Congreso ha acordado tramitar deja la política energética en manos de las grandes eléctricas privadas
- Ecologistas en Acción, Greenpeace y el Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA) cuestionan el intento, tanto del PP como de los dueños de las centrales, de vestir de interés público un mero asunto económico proponiendo una extensión de la vida útil de las centrales nucleares, cargando los costes y los riesgos sobre la ciudadanía.
La votación en el Congreso de los Diputados de una proposición de ley del Partido Popular para evitar el cierre de centrales nucleares pactado ha sido avalada por 171 votos a favor del PP y Vox más siete abstenciones de Junts. Esto permite la toma en consideración por el Congreso de esta propuesta para dar una carta blanca a las empresas nucleares presentadas por el PP.
«Lamentamos que ciertos partidos políticos, aliados de las grandes eléctricas, replanteen el calendario pactado de cierre de estas centrales, e instamos a que el Gobierno defienda su compromiso tanto con el fin de las nucleares como con la transición energética con una solución que aúne la seguridad energética, la sostenibilidad y los costes de la factura. El MIA recuerda la urgencia de tener un sistema eléctrico renovable para combatir el cambio climático y la necesidad de adaptar y mejorar el sistema eléctrico para ello, página de forma que se pueda pasar del viejo sistema basado en combustibles fósiles y nucleares nos hace dependientes de un uranio enriquecido que no tenemos, además emite CO 2 . Las energías renovables son la única garantía de un futuro seguro, limpio y próspero”, ha destacado Cristina Rois, portavoz del MIA.
La propuesta pretende limitar la capacidad de los gobiernos para establecer la política energética, la deja bajo control de las empresas nucleares y busca dar continuidad a estas plantas, sin fecha de cierre hasta que los operadores lo estimen conveniente o el Consejo de Seguridad Nuclear lo exija. Además, propone modificar el 7º Plan General de Residuos Radiactivos y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para asumir la mayor cantidad de residuos radiactivos que habrá que gestionar durante un período arbitrario de 10 años, sin entrar en consideraciones de cómo se va a financiar eso.
Esta propuesta de ley que inicia hoy su trámite parlamentario se suma a la ofensiva de los dos propietarios principales de centrales nucleares, Endesa e Iberdrola, después de que presentaran una propuesta en esa línea, pero centrada en la central de Almaraz, que el gobierno ha descartado momentáneamente.
«El espectáculo político en el Congreso de los Diputados no puede esconder la realidad, que es tozuda: alargar la vida a las viejas plantas nucleares no puede garantizarse con seguridad sin enormes inversiones. Como vimos con el apagón, la mera existencia de estas grandes plantas de operación tan restringida hace que el sistema eléctrico sea más frágil y demandante de inercia. Por su falta de flexibilidad, no tienen cabida en un sistema eléctrico donde las energías renovables y el almacenamiento son el presente y aún más van a ser el futuro Ha de prevalecer, además, el principio de ‘quien contamina paga’, por lo que los costes del alargamiento y de los residuos deben pagarlos las empresas propietarias, no los usuarios y contribuyentes seguimos exigiendo que se mantenga el actual calendario de cierre”, ha destacado Francisco del Pozo, responsable de la campaña contra la energía nuclear de Greenpeace.
«La propuesta de ley presentada en el Congreso es una muestra del servilismo de algunos políticos a las grandes empresas eléctricas. No solo avala la rebaja en garantías de seguridad de las operaciones de las centrales, sino que además, abre la puerta a gastar una millonada para salvar el ruinoso sector nuclear», ha manifestado Javier Andaluz, responsable de Clima y Energía en Ecologistas en Acción. Añade que “resulta muy preocupante que las eléctricas pretenden saltarse al CSN y la normativa pidiendo una prórroga de solo tres años”.
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