Vecinos y asociaciones denuncian disparos de cazadores junto a viviendas, parques y centros educativos en Salamanca
La actividad cinegética autorizada en los límites entre Salamanca y Villares de la Reina pone en riesgo la seguridad ciudadana, el bienestar animal, la salud pública y el equilibrio medioambiental.
Dos asociaciones de protección animal, junto a vecinos y vecinas afectados, han denunciado este verano ante distintas administraciones —incluidos el Ayuntamiento de Villares de la Reina, el de Salamanca, el SEPRONA y la Junta de Castilla y León— la autorización de disparos de escopeta para el control de palomas en terrenos colindantes a parques, centros escolares, facultades y zonas residenciales.
Durante este verano, según denuncian las entidades, la Policía Nacional ha acudido tras recibir llamadas de la ciudadanía alertando por los disparos, que se producían justo frente al Parque Würzburg, el Colegio de San Agustín, la residencia universitaria Bravo, zonas de paseo peatonal, carril bici y caminos frecuentados por personas y animales domésticos. La Policía Nacional asegura que reciben varias llamadas todos los años por este motivo de gente asustada. Tras entrevistarse con los cazadores, los agentes confirmaron que estos presentaron una autorización especial del Ayuntamiento de Villares de la Reina para cazar palomas en esa temporada y zonas concretas. Sin embargo, dicho Ayuntamiento, en respuesta a la denuncia formal, ha asegurado por escrito que no tiene competencias para tales autorizaciones.
A pesar de esta contradicción, la caza en esas zonas continúa durante la actual época de media veda, volviendo a repetirse las mismas circunstancias, sin medidas de señalización ni advertencia para la población. Este tipo de autorizaciones especiales se viene repitiendo cada verano desde hace años, lo que genera preocupación creciente entre la ciudadanía por la normalización de una práctica potencialmente peligrosa en entornos urbanos.
Según las organizaciones denunciantes, durante las semanas en que se permite esta práctica cinegética, es frecuente escuchar disparos muy próximos a viviendas, zonas de paseo, parques y residencias de tercera edad, lo que repercute también negativamente en la salud emocional de los vecinos que habitan o frecuentan esas zonas, escuchando los disparos claramente a lo largo del día. Además, es habitual encontrar durante esas semanas aves heridas o muertas en calles, aceras y carreteras, lo que supone un riesgo para la salud pública, la salud animal y medioambiental y la seguridad.
Asimismo, se alerta del impacto sobre colonias felinas estables y controladas que habitan la zona, las cuales están protegidas por la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales. Por otro lado, esta misma ley, en su artículo 22.5, indica que los ayuntamientos deben anteponer siempre medidas no letales para el control poblacional, por lo que la caza de palomas que pudieran solicitar quedaría como último recurso y solo si es indispensable, justificado técnicamente y con autorización expresa de la comunidad autónoma. También se advierte del posible daño indirecto de los disparos a especies silvestres urbanas como gorriones, cernícalos, tórtolas o búhos.
Pese a haberse presentado la denuncia ante el SEPRONA, la Policía Nacional, la Policía Local de Salamanca y los Ayuntamientos de Salamanca y Villares de la Reina, únicamente han respondido el SEPRONA y este último ayuntamiento. El SEPRONA ha manifestado que su competencia se limita exclusivamente a la actividad cinegética, sin abarcar cuestiones de salud pública, seguridad ciudadana o bienestar de colonias felinas, las cuales considera de competencia municipal. Por su parte, el Ayuntamiento de Villares de la Reina contradice esta afirmación, declarando por escrito que no tiene responsabilidad en materia de autorizaciones cinegéticas y que es el SEPRONA el cuerpo competente para la investigación y tramitación de infracciones en la práctica de la caza, riesgo para la seguridad ciudadana o incumplimiento de la Ley de Bienestar Animal. Esta falta de coordinación entre administraciones deja a la ciudadanía en una situación de indefensión e inseguridad jurídica, sin que ninguna institución se haga responsable del problema en su conjunto.
Las entidades han solicitado una investigación formal y la suspensión de este tipo de permisos hasta garantizar la seguridad, el respeto a la fauna urbana y el cumplimiento de todas las normativas vigentes, pero ninguna administración ha asumido aún su responsabilidad frente a este problema, quedando en evidencia la inacción administrativa pese a la gravedad de unos hechos que se repiten año tras año.
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