Silencio de la ministra Diana Morant ante la denuncia presentada en el congreso de diputados por la reventa ilegal de citas telefónicas para homologación de títulos

El pasado 10 de diciembre, durante la comparecencia de la ministra de Universidades en el Congreso de los Diputados, el diputado Pedro Navarro del PP (Partido Popular) denunció públicamente la existencia de una reventa ilegal de citas telefónicas vinculadas a los procesos de homologación y equivalencia de títulos profesionales en España. Esta intervención se basó en un informe exhaustivo elaborado por nuestra organización, que ya ha sido presentado formalmente ante la Policía Nacional y la Defensoría del Pueblo, solicitando la apertura de investigaciones para esclarecer los hechos y tomar acciones.

Durante la sesión parlamentaria, el congresista realizó dos intervenciones en las que expuso pruebas de la existencia de un mercado ilegal donde citas telefónicas -que deben ser un servicio público y gratuito- se están revendiendo por hasta 200 euros. Estas personas que venden se están aprovechando de la desesperación de miles de profesionales atrapados en procedimientos administrativos largos, opacos y carentes de mecanismos efectivos de control y supervisión. Pese a la gravedad de los hechos expuestos y a la reiteración de la denuncia, la ministra Diana Morant no dio respuesta alguna, ignorando por completo esta cuestión en sus intervenciones posteriores. 

Estas intervenciones parlamentarias y la ausencia de respuesta ha quedado registrado y difundido públicamente en nuestro Instagram.

Este silencio resulta aún más grave si se tiene en cuenta que el Ministerio de Universidades fue informado de esta situación en septiembre, cuando se trasladó formalmente una queja sobre la reventa de citas telefónicas y fallas técnicas de la página. La respuesta del Ministerio se limitó a una comunicación genérica en la que afirmaba haber “identificado los problemas” y estar “trabajando en medidas técnicas que ayuden a evitarlos en el futuro”, sin adoptar acciones concretas ni ofrecer garantías reales para erradicar estas prácticas. A día de hoy, no se ha implementado ninguna medida efectiva y la reventa de citas no solo continúa, sino que ha ganado aún más fuerza.

Ante esta falta de interés y de actuaciones reales, se decidió investigar estos hechos y elaborar un informe con pruebas documentadas, que dio lugar a las denuncias ya presentadas ante las autoridades competentes.

A día de hoy, sigue sin existir una explicación clara de cómo, tras acceder a una cita telefónica —que debe ser gratuita—, algunos solicitantes obtienen resoluciones favorables y otros no, sin criterios transparentes ni garantías de equidad. 

Ante estos hechos, resulta imprescindible que los medios de comunicación hagan eco de esta denuncia, contribuyendo a la transparencia institucional, al control democrático y a la protección de un colectivo profesional que lleva años denunciando abusos, silencios administrativos y prácticas irregulares.

Cuando están en juego derechos, legalidad y la igualdad de acceso a un servicio público, el silencio institucional no solo no es una opción: es una responsabilidad política.