El Congreso de los Diputados votará la toma en consideración de una Proposición de Ley para introducir la figura del embargo de armas e imponerlo a Israel
El próximo martes 20 de mayo, el Pleno del Congreso de los Diputados votará la toma en consideración de la Proposición de Ley por la que se pretende reformar la Ley 53/2007, de 28 de diciembre. Esta Proposición de Ley fue registrada el pasado 11 de julio de 2024 , habiendo estado paralizada durante más de diez meses pese a que el genocidio y las masacres en Palestina no han cesado durante todo este tiempo.

El avance de esta iniciativa no habría sido posible sin la presión ejercida por la sociedad civil. Una muestra de ello son las continuas y masivas movilizaciones convocadas por la RESCOP, organización que el pasado 10 de mayo llenó las calles de Madrid con más de 50.000 personas, exigiendo el fin del comercio de armas con Israel y la ruptura de relaciones.
Desde la campaña “Fin al comercio de armas con Israel” , grupo promotor de esta modificación legislativa formado por más de 600 organizaciones de la sociedad civil, celebramos la inminente votación de la toma en consideración de la Proposición de Ley. Fuentes de la campaña han declarado “ Pedimos a todos los grupos parlamentarios que estén a la altura del momento histórico y voten un favor de la misma” Sobran los motivos para que las diputadas y diputados apoyen una iniciativa parlamentaria que no solo contribuye a acabar con el genocidio en Palestina, sino que también introduce mecanismos de control y transparencia para proteger la paz y los Derechos Humanos en cualquier rincón del mundo.
Así mismo, somos conocedores de la urgencia de la situación actual. Pese a que la aprobación de la Proposición de Ley presentada es esencial, el Gobierno ha decretar de manera inminente un embargo integral de armas a Israel que comprende la compra, la venta y el tránsito de armas por puertos y aeropuertos españoles. Esta decisión es solo cuestión de voluntad política: en el próximo Consejo de Ministros el Gobierno puede hacerlo.
La adjudicación de más de 1.041 millones de euros a empresas armamentísticas israelíes, los datos recientes de exportaciones , los al menos nueve contratos con empresas israelíes pendientes de formalizar o los continuos tránsitos de armas para Israel por nuestros puertos y aeropuertos solo refuerzan la exigencia que llevamos meses reclamando: la necesidad de decretar formalmente un embargo de armas a Israel.
Nuestras instituciones tienen la obligación de respetar el Derecho Internacional y los Derechos Humanos. Tanto la Corte Penal Internacional como la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, obligan a nuestro Gobierno a poner fin a la complicidad con el genocidio, el apartheid y la ocupación ilegal de Palestina. Es el momento de pasar de las palabras a los actos .