Enrique Santiago registra junto a dirigentes locales de IU en la Fiscalía de Ávila una denuncia contra responsables de la Diputación por delinquir en beneficio de la Universidad Católica (UCAV)

El diputado de Izquierda Unida y portavoz adjunto del grupo de Unidas Podemos en el Congreso, Enrique Santiago, ha presentado junto a dirigentes locales de IU de Ávila una denuncia en la sede de la Fiscalía abulense contra “los funcionarios y responsables políticos de la Diputación Provincial responsables de una serie de actuaciones que consideramos delitos, entre ellos los de prevaricación, fraude atribuible a funcionarios públicos, omisión del deber de perseguir delito y otras actuaciones indebidas que suponen un serio perjuicio para la Administración Pública, en este caso a la Diputación”.

Santiago detalló este caso en un contacto con los medios a las puertas de la Fiscalía. Recordó que en 1997 “hace ya más de 20 años, se firmó un convenio entre la Diputación y la Universidad Católica de Ávila (UCAV), en el que la Fundación Santa Teresa, dependiente de la Diputación, cedía gratuitamente un inmueble de nada menos que 130.000 metros cuadrados a la UCAV, entidad privada dependiente y propiedad de la Iglesia católica”.

Explicó que el único compromiso que adquirió entonces esta universidad fue “pagar los gastos de dicha cesión gratuita, es decir, los impuestos y tasas municipales, así como los consumos de agua, luz y demás”.

Ha advertido que “sorprendentemente, en más de 20 años no se ha pagado ninguno de estos impuestos” y detalló que “para que se hagan una idea, simplemente en el año 2011, según el cálculo que hemos hecho, solo en relación al Impuesto de Bienes Inmuebles habrían sido 40.000 euros que no se pagaron”.

“Estaríamos hablando -dijo- de cerca de 1,8 millones de euros sin pagar en todos estos años solo en concepto de diversos impuestos, sin contar las tasas públicas ni suministros, del tipo agua o alcantarillado”.

Enrique Santiago recordó también que “la Diputación de Ávila conoce estos hechos, al menos, desde el año 2017, porque así lo planteó la representación entonces de Izquierda Unida en un debate en la Diputación, donde los responsables del PP reconocieron este hecho, dijeron que iban a tomar medidas y no lo han hecho hasta ahora”.

El parlamentario y responsable federal de Justicia e Interior de IU, además de abogado, destacó que “creemos que estamos, evidentemente, ante la comisión de delitos y la permisividad de un enriquecimiento ilícito e indebido a la Iglesia católica que, insisto, ya disfruta de una cesión gratuita de un inmueble de 130.000 metros cuadrados”.

Entró en más detalles al indicar que “denunciamos a los funcionarios y responsables políticos que deberían haber tenido la obligación de hacer cumplir ese convenio, es decir, cobrar esos gastos sufragados indebidamente por los ciudadanos de Ávila; también denunciamos a aquellos otros responsables políticos que tenían la obligación de vigilar que se cumpliera la ley y, sorprendentemente, no se han preocupado de ello en más de 20 años”.

El también portavoz adjunto de Unidas Podemos en el Congreso puso ante los periodistas en contexto el caso al señalar que “esto ocurre en unos momentos, además, en que como ustedes saben en el acuerdo de gobierno firmado se busca conseguir la reversión para el patrimonio público de los bienes inmatriculados irregularmente por la Iglesia católica, es decir, de esa expropiación indebida de multitud de inmuebles que ha hecho la Iglesia en toda España, arrebatándoselos al presupuesto público”.

Santiago concluyó sus explicaciones asegurando que “esperamos que la Fiscalía actúe con la debida diligencia e inicie las actuaciones correspondientes” a raíz de la denuncia presentada.